Unión Nacional de Trabajadores

Jornada Nacional de Lucha por una Salida Democrática a la Crisis

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que afectó a nuestro país, las organizaciones que integramos a la UNT y el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas nos vimos en la necesidad de posponer la movilización conmemorativa del Día Internacional del Trabajo. La UNT reivindica, una vez más, el indiscutible valor de esta manifestación obrera en el contexto de la lucha social de los trabajadores y sus aliados. La movilización internacional del Primero de Mayo se ha convertido en el principal foro para que los trabajadores del campo y la ciudad manifestemos, de cara a la nación, nuestras demandas y propuestas.

 

Esto último adquiere hoy en día una mayor trascendencia política debido a la severa crisis económica que se desencadenó el año pasado y que se ha recrudecido tras el decreto de contingencia sanitaria reciente. Algunos hechos sirven para ilustrar la gravedad de esta situación: los funcionarios del gabinete económico han reconocido que en el primer semestre del año la economía nacional ha caído alrededor de un 8%, los puestos de trabajo perdidos se contabilizan en cientos de miles, mientras que, en diversas empresas, como las del sector aeronáutico, se anuncian recortes de salarios, prestaciones y personal. A todo lo anterior hay que agregar los paros técnicos que ya se han hecho comunes en sectores como el  automotriz así como el drástico incremento de la deuda externa del gobierno y el desplome del sector turístico.

 

Superar esta crisis es, sin lugar a dudas, una prioridad nacional. Por ello se requiere construir urgentemente un Nuevo Pacto Social que le permita al país transitar hacia el crecimiento y el desarrollo económico, erradicando al mismo tiempo el corporativismo e impulsando la democratización y modernización del sistema de relaciones laborales. Crisis como ésta representan una clara oportunidad de cambio. Pero, el actual  gobierno fiel a sus intereses político electorales y a los compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales y sus aliados empresariales, ha preferido ignorar o minimizar las graves repercusiones sociales de la crisis y apostar por la continuidad de una política económica que, una y otra vez, se ha mostrado incapaz de generar crecimiento económico y empleos dignos.

 

Se soslaya, de esta manera, el daño causado a la planta productiva nacional por la crisis, por los años de aplicación a ultranza de las políticas de ajuste económico neoliberal y por el reforzamiento del añejo régimen de control corporativo de Estado. Estamos, no hay que olvidarlo, ante una crisis que se ha reflejado en todo el sistema productivo surgido a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Los empresarios y funcionarios de gobierno responsables por esta situación, durante años señalaron reiteradamente que la intervención del Estado era la causa de todos los males de nuestra economía. Paradójicamente, hoy reclaman al Estado como solución a la bancarrota del sistema y exigen su intervención para rescatar con fondos públicos, a sus negocios y mantener así sus privilegios.

 

En contraste con lo anterior, poco o nada se ha hecho para restituir la pérdida sufrida por el poder de compra de los salarios o para rescatar los fondos para el retiro de los trabajadores. Los conflictos laborales sin solución se acumulan día con día, mientras que las autoridades laborales se esmeran más por convertirse en parte del problema que en aportar soluciones viables y equitativas, allí está el caso de los mineros como botón de muestra de dicha actitud.

 

En síntesis, los trabajadores mexicanos, una vez más, somos los principales damnificados de la crisis. La reforma laboral regresiva promovida por el titular de la STPS y la pretensión de cobrar IVA en medicinas y alimentos son dos proyectos que profundizan esta situación.

 

Para la UNT es inadmisible que se pidan nuevos sacrificios a los trabajadores del campo y la ciudad, ya que somos nosotros quienes resentimos cotidianamente las secuelas de la crisis y quienes hemos pagado con la pérdida de empleos y el brutal descenso de nuestro nivel de vida, el costo de la emergencia económica. Rechazamos que, ante la crisis, se propongan medidas como “dividir o reducir el salario y las prestaciones para no despedir más trabajadores” o los paros técnicos, ya que con ellas se agudiza el deterioro, tanto de nuestro nivel de vida como de nuestras condiciones laborales. De la misma manera nos oponemos a que se recorte aun más el gasto social destinado a educación, salud y vivienda y a que se cobren nuevos impuestos a los artículos de primera necesidad.

 

La propuesta de los trabajadores.

 

Nuestro país requiere viabilidad; porque el estancamiento de la economía, el desempleo creciente, el aumento del empleo precario, la quiebra de la pequeña y mediana empresa, la incapacidad para atender las emergencias sanitarias, la pérdida de la soberanía alimentaria y la galopante masificación de la miseria y la pobreza nos sitúan ante las puertas de una grave crisis social.

 

Ante la nula eficacia de las políticas anticrisis del Poder Ejecutivo, proponemos al Congreso de la Unión que asuma la responsabilidad de concertar con la sociedad un “Programa Nacional para la  Reconstrucción Económica y el Desarrollo con Justicia y Bienestar Social” que nos permita, a partir de la implementación de políticas de austeridad en todos los niveles de la administración pública obtener ahorros y generar los recursos económicos necesarios para fortalecer al gasto social y promover la reconstrucción y modernización de las cadenas productivas.

 

El ejercicio transparente del presupuesto del sector público es el otro ingrediente fundamental  del programa. Solo a partir de la aplicación oportuna y eficaz del gasto gubernamental y de la optimización y control social del ejercicio del presupuesto público, aunado a la implementación de un déficit prudente será posible cumplir con objetivos como: desarrollar y ampliar la infraestructura económica y social, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y garantizar  el pago oportuno a los proveedores gubernamentales.

 

Estas medidas junto con el Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo de los Salarios, podrán generar un mayor dinamismo del mercado interno, con lo que se ampliarán las fuentes de trabajo, se preservarán los actuales puestos de trabajo y se generarán nuevos empleos. Lo anterior deberá complementarse con diversas iniciativas tendientes a impulsar la impostergable democratización del mundo del trabajo, eliminado el cáncer que representa el contratismo de protección y abriendo paso a una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, ajena al corporativismo sindical y empresarial.

 

En este contexto, la reconstrucción de nuestro maltrecho sistema de salud y seguridad social así como todos aquellos programas y políticas que permitan promover la educación, el conocimiento, la investigación, la innovación científico-tecnológica y la formación y capacitación profesional de la mano de obra se convertirán en los detonadores de la actividad productiva y la competitividad. Bajo estas condiciones será factible establecer verdaderos acuerdos bilaterales entre las empresas y los sindicatos representativos acerca de temas como la capacitación, la profesionalización de los trabajadores o la calidad y la productividad, en donde los trabajadores sean actores fundamentales en la toma de decisiones, a diferencia del Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral que pactó recientemente el gobierno con los líderes del sindicalismo corporativo. Simulacro de acuerdo en el que lo más destacable es el nulo involucramiento de los trabajadores. La UNT se opone a este tipo de acuerdos cupulares y excluyentes que continúan cargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y solo favorecen el interés de los empresarios, con el aval entreguista de algunos líderes corporativos del Congreso del Trabajo.

 

Lo que requiere nuestro país frente a la crisis es un Nuevo Acuerdo Nacional plural e incluyente de todas las fuerzas políticas y sociales, en el cual el Estado, asuma  cabalmente su responsabilidad social en el marco del desarrollo económico con justicia y equidad y del respeto irrestricto a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

 

Ante la cerrazón del actual gobierno que, solo presta atención a sus aliados empresariales y que ante los innegables estragos de la crisis prefiere cerrar los ojos o simplemente mirar hacia otro lado, las organizaciones de los trabajadores recurrimos a la movilización y a la lucha social.

 

Por ello la UNT convoca a todas las organizaciones sociales y ciudadanas a participar en la Jornada Nacional de Lucha que se llevará a cabo el próximo 3 de Junio y que incluirá por la mañana diversas acciones de protesta que servirán para preparar la movilización nacional conmemorativa del Día Internacional del Trabajo que se realizará ese mismo día a las 16:30 horas. En la Ciudad de México, esta marcha partirá del Monumento a la Revolución y concluirá con un  mitin en el Zócalo capitalino. En el resto del país organizaremos marchas y mítines simultáneos.

 

Todas estas acciones así como la Jornada de Protesta impulsada por el SME el primero de junio forman parte del programa de lucha del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para cambiar el régimen político y económico de nuestra nación.

 

México, D. F., a 1º. de Junio de 2009.

 

 “POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

 

EVENTO: FIRMA DEL PACTO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL  POR LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.

 

A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN EL DÍA (PROPUESTA 7 U 8 DE MAYO  O 21 O 22 DE MAYO DE 29)

LUGAR FACTIBLE: CENTRO DE CONVENCIONES SIGLO XXi

 

CONVOCAN ORGANIZACIONES DE LA UNT

 

ORGANIZACIÓN	No. de ASISTENTES.
STRM SECC. 29	500
UNORCA	300
CENTRO CAMPESINA CARDENISTA	100
SIND. DE MONTE DE PIEDAD	30
SIN. DE TRAB. AL  SERV. DEL PODER JUDICIAL	100
SINDICATO DE TRAB. DE GUARDERIAS	20
SINDICATO DE TRABAJDORES DE LA SALUD	50
CIOC	50

 

INVITADOS ESPECIALES:

 

IVONNE ORTEGA PACHECO: GOBERNADORA DEL ESTADO

 

LIC. ÁNGEL PRIETO MÉNDEZ: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

 

DR. GILBERTO BALAM PEREIRA: DESTACADO LUCHADOR SOCIAL GALARDONADO CON EL PREMIO DE CIENCIAS E INDIGENISMO EN 1991 CON LA “MEDALLA YUCATÁN 1992” AL MÉRITO INVESTIGATIVO Y CON EL PREMIO INTERNACIONAL “MEDALLA MARTÍN DE LA CRUZ” EN 1993. TAMBIÉN OBTUVO EL MÁXIMO GALARDÓN QUE SE OTORGA A LOS YUCATECOS DISTINGUIDOS EN LOS CAMPOS DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LAS ARTES “LA MEDALLA ELIGIO ANCONA EN EL 2008”

 

DRA. SILVIA ZENTENO RUANO: MEDICO DEL HOSPITAL OHORAN, INTEGRANTE DE KAIROS ASESORES EN SALUD, A.C. COMUNICADORA SOCIAL TRABAJA EN LA RADIO “SISTEMA RASA” CONDUCIENDO EL PROGRAMA BARRA  CIUDADANA EN EL QUE BRINDA UN ESPACIO PARA LAS EXPRESIONES DEMOCRÁTICAS EN EL ESTADO.

 

DR. JESÚS PEREZA MENÉNDEZ: LUCHADOR SOCIAL, ANTROPÓLOGO INVESTIGADOR Y COLUMNISTA DE VARIAS REVISTAS Y DEL PERIÓDICO POR ESTO.

 

SINDICATOS INVITADOS ESPECIALES: SIND. DE TRABAJADORES DEL INAH, SIND. DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE YUCATÁN. SIND. DE TRABAJADORES DEL CINVESTAV, SIND. ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE YUCATÁN.

 

ESTA ES HASTA EL MOMENTO LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA LA FIRMA DEL PACTO POLÍTICO EN YUCATÁN, ESPERANDO SU OPINIÓN AL RESPECTO.

 

 

FRATERNALMENTE

“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”

 

 

                         

                                                          

 

CARLOS GALAZ ECHEVERRIA	JUAN POLANCO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL	SECRETARIO DE TRABAJO

 

 

El gobierno federal debe dar cabal respuesta a las demandas presentadas
previamente por nuestro Movimiento

Desde hace al menos dos años, hemos señalado el peligro de crisis que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica. Hoy, cuando está por cumplirse el segundo aniversario de nuestra Declaración del Zócalo, después de realizar varias movilizaciones, ejercer acciones de presión política y acudir a innumerables reuniones con la representación del gobierno federal; denunciamos que el Poder Ejecutivo continúa evadiendo su responsabilidad, por lo que no ha dado respuestas concretas a nuestros planteamientos y que, las decisiones que ha tomado en materia de política económica, lejos de resolver los problemas de fondo, asociados con la crisis, profundizan la difícil situación que afrontan desde hace varios años los trabajadores del campo y ciudad, quienes, como consecuencia de lo anterior se han visto afectados por la crisis en su empleo, ingresos y bienestar social.

Reiteramos que para enfrentar los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, hace falta una transformación urgente de la política económica, en la que, la revitalización del mercado interno, mediante la promoción del empleo digno con salario remunerador, se convierta en el nuevo eje de las políticas públicas, de manera que se garantice un desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía.

Como consecuencia de la aplicación en las políticas monetaristas y de libre mercado, el país se encontraba en una situación particularmente vulnerable ante la inminencia de la crisis que se venía gestando desde hace varios años. En ello incidían la evidente incapacidad política, la subordinación ante los lineamientos impuestas desde los organismos financieros internacionales, así como la falta de previsión del gobierno federal, que se apoyaba en la idea de que la contingencia económica era simplemente una turbulencia momentánea, que provenía del exterior y que podría conjurarse por medio de algunos ajustes pequeños, siempre que se mantuvieran y profundizaran la disciplina fiscal y las reformas estructurales neoliberales.

El llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo y excluyente, que se olvida de los más pobres de la ciudad y el campo y no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el de la política fiscal, financiera, monetaria y bancaria, catalizadoras del desarrollo, por lo que podemos afirmar que, con este programa no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros, para atenuar los efectos de la misma. Son medidas que se enfocan, en su mayoría, a respaldar a los empresarios y que provienen de otros programas de gobierno que ya estaban en ejecución.

Este programa gubernamental soslaya algunos de los temas sociales más importantes asociados con la crisis, como: la urgente renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN y la necesidad de modificar e incrementar el llamado Objetivo Mínimo para la producción de maíz. Cuyo monto actual (2,100 pesos por tonelada del maíz), no alcanza para cubrir los costos de producción por lo que deja fuera del mercado a la mayor parte de los productores nacionales. Es necesario, por otra parte, aplicar un factor de ajuste con base en el maíz, para el resto de los productos agrícolas elegibles, de manera que no se desaliente la producción nacional de granos básicos, ni se afecte, en consecuencia, la soberanía alimentaria.

Otros problemas relevantes que no considera el proyecto del gobierno federal son: el impacto del alza en los precios de los combustibles en el sector primario de la economía, así como las pérdidas sufridas por los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las AFORES, la venta de cartera vencida por el INFONAVIT, el problema de las tasas de interés bancaria, particularmente de las tarjetas de crédito, el desempleo y el descenso del poder de compra de los salarios.

Con base en lo anterior, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar en la Jornada Nacional de Lucha del 26 al 30 de enero, en la que haremos una magna movilización de la Columna de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y simultáneamente en las plazas públicas de los Estados.

Para impulsar el cambio de rumbo económico y político del país, se requiere construir con la participación plural de la sociedad una política económica alternativa con un Estado de legalidad y de derecho, laico, capaz de garantizar la seguridad económica, laboral, patrimonial, certeza jurídica, así como la justicia social, la equidad, el bienestar y seguridad social, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Este proyecto de Nación que presentaremos ante los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo además de la CONAGO, contendrá diversas políticas de Estado de fomento a la industria, al desarrollo agropecuario, a la generación de empleo con plenos derechos tanto en la ciudad como en el campo; la educación y el desarrollo tecnológico, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y funcionará como palanca para reactivar la actividad económica.

Para construir esta alternativa, se requiere de un gran acuerdo nacional, NO CORPORATIVO, plural y democrático de todos los sectores sociales; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa y que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

POR UN PROYECTO DE NACIÓN ALTERNATIVO

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM), Movimiento Nacional Los de Abajo.

El Gobierno Federal presentó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. Con este programa el Ejecutivo pretende salir al paso de las crecientes críticas que, desde distintos frentes, se habían realizado debido a la actitud pasiva y autocomplaciente de las autoridades gubernamentales ante la crisis económica mundial. En la presentación de las 25 acciones que integran este proyecto, el Titular del Ejecutivo reconoció por fin que la grave recesión de los Estados Unidos afectará el desempeño de la economía mexicana pero minimizó este hecho con una clara pretensión electorera, reiterando que con una rígida disciplina fiscal y sus reformas estructurales, nuestro país estará en mejores condiciones para sortear los efectos de la crisis. Esta es la idea que determina los alcances y el tono mismo del proyecto gubernamental que pretende aminorar las secuelas negativas de la crisis para evitar, de esta manera, el voto de castigo en los próximos comicios electorales. Un breve análisis de las medidas planteadas por el Ejecutivo servirá para dar cuenta de lo anterior. En materia de empleo el presunto Acuerdo considera cuatro medidas: la aplicación de apoyos hacia las empresas afectadas por la crisis a fin de prevenir los recortes de personal; la ampliación del programa de empleo temporal, es decir, precario y sin derechos; incrementar en cuatro meses el tiempo en que el Seguro Social puede atender a los trabajadores que pierdan su empleo, cuando en realidad ya lo habían reducido de seis a tres meses y mayores facilidades para que los trabajadores despedidos se autofinancien gastando su propio fondo de ahorro para el retiro. Esta última medida, en el fondo, perjudica a los trabajadores porque, en el caso de que más adelante vuelvan a acceder a un empleo formal, los obligará a trabajar durante más tiempo para tener derecho a jubilarse, pone en riesgo, en consecuencia, su futuro patrimonio. Para apoyar la economía popular se incluyen, entre otras acciones, el congelamiento en los precios de las gasolinas y la reducción en un 10% de las tarifas del gas LP, medidas positivas, ciertamente, pero que se asumen tardíamente, ya que los incrementos de diversos productos y servicios, como consecuencia del encarecimiento experimentado por estos combustibles en los últimos meses, ha erosionado severamente la economía de las familias mexicanas, sin que el gobierno, hasta la fecha, haya establecido algún tipo de medida para resarcir el daño infligido al poder de compra de la población. Es de llamar la atención que, para efecto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se impulse la reducción de las tarifas eléctricas para consumo industrial, pero que no ocurra lo mismo con el consumo doméstico. El proyecto del gobierno, parte de la falsa tesis de que basta con aportar algunos apoyos al sector empresarial para que en automático los beneficios correspondientes se derramen al resto de la sociedad. Paradójicamente, la cuantía de los recursos comprometidos para incrementar el programa de construcción, de infraestructura, ampliar el crédito agropecuario y fortalecer la acción de la banca de desarrollo, parece quedarse muy por debajo de los requerimientos de un país, en el que, la generalización del desempleo y el subempleo se ha convertido en un problema crónico y que próximamente deberá enfrentar a la expulsión de la mano de obra migrante en los Estados Unidos. Finalmente, las medidas propuestas para dotar de una mayor transparencia al ejercicio del gasto del sector público, representan un reconocimiento implícito de la manera discrecional con que los últimos gobiernos, incluido el actual, manejan estos recursos. Dicha propuesta no es un verdadero avance, ya que la obligación mínima constitucional del gobierno es, justamente, la de ejercer su presupuesto con equidad y transparencia. Las omisiones en esta materia, han generado fuertes reclamos de las organizaciones civiles y campesinas por políticas arbitrarias, como la modificación unilateral de las reglas de operación o el subejercicio del presupuesto social. Blindar los programas sociales del gobierno federal a fin de garantizar su aplicación oportuna y equitativa, evitando el uso corporativo, clientelar y electorero, es una necesidad impostergable que deberá asumir el poder legislativo ante la fuerte desconfianza que la conducta del actual gobierno suscita en amplios sectores sociales. En síntesis, el llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo que no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el del crónico déficit fiscal, indispensables para obtener los recursos que el gobierno necesita para impulsar las inversiones productivas, las exportaciones y el consumo, tampoco toca la política financiera, monetaria y bancaria, por lo que podemos afirmar que, con este programa, no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir algunas medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros. El Ejecutivo Federal no sólo pretende ocultar la verdadera dimensión de la crisis global, sino que también soslaya las dificultades que nuestro país enfrenta desde hace varios años para lograr un crecimiento económico aceptable y generar empleos. Problemas que se han reflejado en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis del campo y el estancamiento del mercado interno. Ello explica las grandes ausencias y omisiones de este programa gubernamental, en el que no se contemplan programas para el fomento del desarrollo industrial que permitan restablecer las cadenas productivas, severamente dañadas por las políticas de apertura comercial a ultranza aplicadas en los últimos años, ni la concertación de acciones para alentar la producción de alimentos básicos. Mucho menos se considera la aplicación de programas para controlar los precios de los artículos que integran la canasta básica, ni para recuperar gradualmente y mediante diversas medidas directas e indirectas, el poder adquisitivo de los salarios. El ejercicio real de la libertad, la democracia y la autonomía de las organizaciones sociales, como garantía para el establecimiento de compromisos reales para superar la crisis, es otra de las grandes ausencias del proyecto del Ejecutivo; lo mismo ocurre con otros temas que son esenciales para el bienestar de los trabajadores, como la posible autorización de incrementos salariales superiores a la inflación; el fortalecimiento del crédito al salario; la ampliación de los servicios de servicios de salud; educación, transporte y alimentación gratuitos y de calidad; el establecimiento del seguro de desempleo y de un régimen solidario de pensiones y jubilaciones; la reducción sustancial de las tasas de interés crediticio, como las tasas de referencia del Banxico para disminuir el costo del financiamiento, las tasas de interés de la banca comercial y de las tarjetas de crédito y, finalmente, la generación de empleos dignos, estables y con plenos derechos. Un elemento esencial para sustentar estos y otros planteamientos, es la contratación colectiva auténtica; por ello, resulta indispensable erradicar los mecanismos de simulación laboral que en los últimos años han servido para privar a sectores importantes de trabajadores de sus derechos laborales más elementales. Tal es el caso de los contratos de protección patronal, los esquemas de subcontratación y tercerización o los contratos por honorarios, entre otros. La activación real de negociaciones de estímulos a la productividad, salarios y condiciones laborales en las empresas por medio de los Contratos Colectivos de Trabajo es un factor de primera necesidad en la ruta para superar los efectos sociales de la crisis. El programa dado a conocer por el Ejecutivo contiene medidas que no pueden desecharse. Sin embargo, deja de lado asuntos torales para el desarrollo del país, como los arriba mencionados y ratifica, con algunos matices de corto alcance, las líneas generales de una política económica que ha resultado incapaz de resolver los graves problemas de la planta productiva nacional y que ha profundizado la concentración del ingreso nacional y el estancamiento del mercado interno. Por si todo esto fuera poco, el supuesto Acuerdo fue firmado de manera corporativa por las organizaciones oficiales del sindicalismo empresarial, laboral y campesino que no representan a las familias mexicanas y mucho menos, defienden la economía popular, ni garantizan el bienestar y la participación de los principales actores de nuestra economía: las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario hacer notar que el gobierno, en ningún momento, convocó a las organizaciones sociales para discutir las posibles alternativas ante la crisis. Lo que hoy se pretende presentar como un acuerdo nacional es en realidad una colección de acciones que provienen, en su mayoría, de programas gubernamentales que ya están en ejecución. Medidas que el gobierno federal modificó levemente para diseñar su programa anticrisis. Se trata de un programa en el que los principales destinatarios de las tímidas acciones de apoyo gubernamental son los mismos empresarios que se han beneficiado por las políticas de desregulación y libre mercado aplicadas desde hace mas de 20 años y que, ahora que la crisis se profundiza, insisten en que los trabajadores deben compartir los costos de la misma, moderando sus demandas y aceptando los paros técnicos y la reducción de sus prestaciones. En la propuesta del gobierno federal, por otra parte, no se menciona ni media palabra acerca de las pérdidas sufridas por los ahorros de los trabajadores afiliados al régimen de las AFORES, ni del problema de la venta de la cartera vencida del INFONAVIT. Lo que demuestra el carácter inequitativo de un proyecto concebido, en realidad, para respaldar a los empresarios y transferir los costos de la crisis a los trabajadores. Por todas estas razones la UNT no puede avalar una propuesta como ésta, que en el mejor de los casos, resulta insuficiente para enfrentar la crisis. Desde hace al menos 2 años, hemos denunciado el peligro que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica de nuestro país. Hoy, justamente cuando está por cumplirse el segundo aniversario de que se diera a conocer la Declaración del Zócalo, reiteramos que la alternativa para resolver los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, requiere de una transformación radical de la política económica, en la que la revitalización del mercado interno se convierta en el eje de las políticas públicas, de manera que se garantice el desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía. En este marco, las acciones de fomento a la industria y al desarrollo agropecuario, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación salarial funcionará como palanca para reactivar la actividad económica. Para ello, se necesita una reforma fiscal progresiva y multianual que aporte los recursos necesarios al gobierno federal. Si los empresarios en verdad desean compartir los costos de la crisis, un buen comienzo puede ser que se decidan a cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales. Ineludible, resulta también, una reforma a fondo del sector financiero que, entre otros objetivos, evite el cobro de comisiones y tasas de interés usureras, aliente la inversión productiva en el campo y la industria, que fortalezca además la banca de desarrollo y evite el manejo especulativo de los recursos que manejan las compañías financieras. Para construir esta alternativa, desde luego se requiere de un gran acuerdo NO CORPORATIVO de todos los sectores sociales con el gobierno; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, un acuerdo que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, mediante instrumentos como el Consejo Económico y Social de Estado. En los próximos días acudiremos a diversos foros como el que convoca el senado a explicar nuestro proyecto y junto a otras fuerzas del sindicalismo democrático, de las organizaciones ciudadanas y del movimiento campesino, nos movilizaremos el próximo 30 de enero para exigir del gobierno federal y el Congreso de la Unión una respuesta satisfactoria a nuestros planteamientos. Apoyaremos los proceso de revisión salarial y contractual de las organizaciones afiliadas a la UNT, ya que a través de ellos será posible avanzar en la construcción de las alternativas de la sociedad ante la crisis, en esta vía promoveremos las alianzas con otros referentes sociales para avanzar en la transformación democrática de nuestra nación e impulsar un nuevo modelo de economía al servicio de las mayorías de nuestro país

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COMUNICADO DE MEDIOS
MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMETARIA Y ENERGETICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS.

4 DICIEMBRE DE 2008

El movimiento de la Alianza Clasista integrado por obreros y campesinos reprobaron esta mañana la política económica y social del gobierno federal y calificación con cero su productividad en empleo, salud, educación y seguridad social. No hay resultados, y por tanto, urge aplicar cambios en el modelo económico de desarrollo y tomar como eje para salir de la situación actual al mercado interno.

En conferencia de prensa, los organismos que integran este movimiento aseguraron que el año de 2009 será extremadamente difícil. En ese sentido, aseguraron que el impacto en el empleo, los salarios y las condiciones de vida en general será muy fuerte, por lo que anunciaron una movilización de protesta y de propuesta este próximo 30 de enero de 2009, que marca el inicio de otras actividades en todo ese año.

En ese contexto, determinaron que si la situación no cambia, los trabajadores, campesinos y sociedad civil se abstendrán de emitir su voto a favor de los candidatos del PAN en las próximas elecciones intermedias. Será un voto de castigo, coincidieron, por el fracaso del modelo económico.

El movimiento, aseguraron, no apuesta a la radicalización de las acciones, porque con ello se daría pie para la destrucción de la propia alianza clasista. No obstante, la movilización será más contundente puesto que la política económica y social del gobierno pende de alfileres y es necesario modificarla con un sentido social.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT y uno de los que encabezaron la citada conferencia, estimó: el gobierno en dos años ha sido incapaz de darle soluciones al movimiento, cierto es que si ha habido acercamiento, pero éste no ha mostrado voluntad política ni para resolver nuestras demandas más inmediatas, ni para discutir a fondo nuestros proyectos. Esto nos lleva a pensar que hemos llegado a acuerdos en el acercamiento y el gobierno ha sido omiso en su cumplimiento, sostuvo el dirigente obrero.

En la conferencia, efectuada en céntrico hotel capitalino, todos y cada uno de los representantes del sector obrero, campesino y social, externaron sus puntos de vista sobre las políticas a seguir por el movimiento durante 2009, las cuales, insistieron deben estar fundamentadas en planteamientos más enérgicos. Sólo de esta manera, consideraron, se podrá presionar para recuperar los empleos perdidos y aumentar el poder adquisitivo del salario.

Plantearon la renegociación del TLC en su capítulo agropecuario y una revisión a fondo del programa nacional del campo. Es contradictorio, aseguraron, que el gobierno defienda al TLC y al su vez no reconozca las necesidades del campo, el cual enfrenta una situación de abandono. Por ello, dijeron, se construirá una propuesta alternativa a la política para el desarrollo rural, misma que se presentará en abril próximo.

Los asistentes acordaron dar todo su apoyo, económico, político y solidario a los trabajadores del Sindicato Minero, el cual el cual es objeto de presiones empresariales y gubernamentales, violentado la propia constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Al presentar el plan de acción para lo que resta del 2008 y la primera mitad del 2009, los representantes de obreros y campesinos acordaron defender el ahorro de los trabajadores, virtualmente expropiado por las políticas irresponsables de las administradoras de fondos para el retiro y los bancos.

Así mismo, adelantaron que al inicio de la próxima legislatura se promoverá una iniciativa de ley para la derogación de la actual Ley del ISSSTE e iniciarán una campaña de información para rechazar la imposición al Décimo transitorio de la misma ley.

Entre otras cosas, criticaron las negociaciones sobre el salario mínimo que regirá durante 2009 y demandaron una negociación incluyente, abierta y democrática, porque no se puede aceptar un nuevo incremento que sólo alcance para cubrir el valor de un boleto del metro. El salario mínimo no es fórmula para resolver la problemática de los trabajadores, por lo que exigieron al gobierno la presentación de un programa permanente de protección del empleo y recuperación salarial; así mismo rechazaron la política de topes salariales.

 

Recientemente fueron congeladas todas las cuentas bancarias que constituyen el patrimonio sindical de los trabajadores mineros. Posteriormente fueron detenidos los dirigentes Juan Linares Montúfar y Carlos Pavón Campos, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

 

Con estas acciones, el Gobierno pretende descabezar a esta organización gremial y abortar las huelgas en Taxco, Cananea y Sombrerete. Con lo que se profundiza la política antisindical que ha caracterizado al actual gobierno y que combina los ataques a la libertad de organización sindical con la falta de respeto a los derechos humanos y laborales de los ciudadanos y el uso de recursos como el conflicto de carácter económico para intentar obligar a los trabajadores a renunciar a sus prestaciones y conquistas laborales.

 

En el caso de los mineros, la detención arbitraria e ilegal de sus dirigentes representa la continuación de una actitud gubernamental agresiva que principió con la promoción de diversos sindicatos blancos en el sector Minero Metalúrgico y que actualmente se concreta con la negativa de la STPS a otorgar la toma de nota de la dirigencia del Sindicato Minero.

 

Cabe hacer notar que la aprehensión de los dirigentes mineros se llevó a cabo de manera violenta y sin que mediara la orden judicial correspondiente. Tampoco se han esclarecido los motivos de la detención ya que, ante los medios, se han aportado versiones contradictorias.

 

Lo que sí está perfectamente claro es que el objetivo del gobierno es quebrantar la voluntad de lucha del Sindicato, debilitando las huelgas estalladas en varias minas y entorpeciendo las gestiones que dicha organización está llevando a cabo para esclarecer el homicidio industrial de Pasta de Conchos y rescatar los cuerpos de los trabajadores que murieron en dicho incidente.

 

Para conseguir lo anterior, priva al sindicato de sus recursos económicos y encarcela a sus dirigentes. Prueba de ello es la política de hostigamiento hacia los mineros y sus familias a lo largo y ancho del país, así como el congelamiento de las cuentas personales de algunos de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coah.

 

El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, denuncia el uso faccioso de los poderes del Estado ya que el recrudecimiento del conflicto minero ocurre justamente en el momento en que toma posesión el nuevo Secretario de Gobernación, cuya vinculación con el Bufete Jurídico que se encarga de gestionar los intereses de la Minera México, es del conocimiento público.

 

Por todo lo anterior nuestro Movimiento exige:

 

·  Excarcelación inmediata de los dirigentes mineros ilegalmente detenidos.

·  Descongelamiento de las cuentas del Sindicato Minero y de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

·  Alto a las agresiones en contra del Sindicato Minero.

·  Respeto irrestricto a la autonomía e independencia sindicales.

·  Reconocimiento inmediato a la dirigencia del Sindicato Minero.

 

¡Basta ya de agresiones en contra del movimiento obrero!, no podemos admitir que el gobierno, para satisfacer los intereses de sus aliados empresariales recurra al uso de la represión y atropelle los derechos humanos, políticos y laborales de los ciudadanos. Convocamos a todas las organizaciones ciudadanas, campesinas y sindicales así como a los ciudadanos en general a participar en la marcha que realizaremos hoy 9 de diciembre para protestar en contra de la actitud arbitraria de las autoridades de nuestro país. La movilización se iniciará a las 17:00 horas del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación. Nuestro Movimiento organizará una campaña internacional de denuncia en contra de la actitud facciosa y autoritaria del Gobierno Federal por lo que recurriremos a instancias como la OIT, en donde presentaremos los elementos que demuestran que en nuestro país la justicia laboral y penal se tuerce en función de los intereses creados y conveniencias políticas.

 

¡¡Este 9 de Diciembre todos al Monumento a la Revolución!!

 

¡¡En defensa de la autonomía y la libertad sindical!!

 

¡¡Liberación inmediata de los dirigentes mineros detenidos!!

 

¡¡Alto a las agresiones en contra de los mineros y los demás sindicatos!!

 

¡¡Rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos y castigo a los responsables por este homicidio industrial!!

 

México, D. F., a 9 de diciembre del 2008.

ACUERDOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DEL
MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2008

1) Elaborar y presentar una propuesta única de modificación del Presupuesto para las Empresas e Instituciones Públicas, (PEMEX, CFE, LyFC, IMSS, ISSSTE, UNAM, IPN, INAH, ININ, etc.), así como para el Campo Mexicano y para el desarrollo social, impidiendo que se nos otorguen recursos raquíticos y se les incrementen a las diferentes corporaciones policíacas y militares.

2) Impulsar una intensa campaña nacional, en defensa de mayor presupuesto para el área social, así como la solución de los principales conflictos agrarios, sindicales y civiles; promoviendo los siguientes actos:

I. Asamblea Nacional del Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para el 22 de octubre

II. Manifestación ante el Palacio Legislativo de San Lázaro y ante los Congresos Estatales, para el 23 de octubre

3) Impulsar la concreción de la firma del Pacto Político en otros estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.. Todos ello, antes de que concluya el presente año.

4) Promover el involucramiento del Movimiento y la solidaridad con los distintos movimientos en lucha, así como el establecimiento de diálogo con los distintos órdenes de gobierno

5) Realizar el Encuentro Nacional Reconstruyendo México, en el mes de enero del año próximo, que discutiría y suscribiría los acuerdos en múltiples organizaciones sociales y ciudadanas para impulsar la movilización social del 31 de enero de 2009, a la vez este encuentro sentaría las bases para continuar con la articulación social por medio del impulso a los Parlamentos Sociales.

6) Realización de las más diversas acciones para preparar e impulsar las condiciones ideológicas, políticas y organizativas para la huelga nacional, además del paro nacional como instrumentos para lograr la modificación política económica neoliberal y la transformación democrática del régimen político.

Todo lo anterior, serian actividades preparatorias para obligar al gobierno federal a la firma de un Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía Alimentaria y Energética, con la Participación de la Sociedad.

Introducción

 

El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (El Movimiento) surgió a partir de propuestas específicas de las organizaciones que lo conforman, paulatinamente ha avanzado hacia una visión de conjunto más compartida e integrada, hoy se enfrenta al desafío de actualizar sus objetivos políticos (se parte del supuesto que la agenda formulada el 31 de enero de 2008 sigue vigente, lo que se actualiza son los lineamientos estratégicos para alcanzar las posiciones asumidas, a eso le llamaremos: objetivos políticos). No se trata de sustituir ni modificar las demandas del 31 de enero, sino de proponernos estrategias más efectivas para realizarlas.

 

En el proceso que hasta ahora hemos seguido se ha privilegiado el análisis político, pero los cambios a nivel internacional fuerzan a pensar los asuntos estructurales de carácter socieconómico, incluyendo en ello los procesos de trabajo. La crisis actual parece corresponder a la forma de crisis de largo plazo, mismas que habitualmente abren oportunidades de transformación, aunque también riesgos de regresión. El Movimiento deberá seguirlas con atención a fin de diseñar una estrategia que tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades de la crisis, sabiendo que éstas no son garantía de transformación a favor de los sectores mayoritarios.

 

DIAGNÓSTICO

 

El contexto internacional

 

1.      Se inicia un período de fuertes turbulencias económicas de consecuencias impredecibles, cuyos efectos pueden experimentarse en el muy corto plazo. Es probable que se haya iniciado ya la crisis final del modelo construido desde hace 25 años, cuyo eje principal fue el predominio del capital financiero, hacia cuya maximización de ganancias se orientaron las directrices de los organismos multilaterales, quienes en la práctica asumieron el papel de un gobierno mundial, sin tener un Estado mundial al cual rendir cuentas (Stiglitz); la crisis actual del sistema financiero globalizado, iniciada en USA, parece indicarlo.

 

2.      La hegemonía del capital financiero en la última fase de la globalización, dio lugar a la centralización de la producción, fortaleciendo a las empresas de los países desarrollados que absorbieron y desplazaron a las de los países subdesarrollados, dando lugar con ello a déficits en la generación de empleos y agudización de las tendencias migratorias, debido a la asimetría entre la libre circulación de mercancías y las restricciones a la circulación de las personas.

 

3.      Las políticas inducidas por los organismos financieros multilaterales dieron lugar también a la liberalización de la agroindustria, el incremento de los precios de los productos agrícolas y de los granos básicos para la alimentación promovida por las corporaciones agroindustriales, que tratan a la comida como una mercancía más y no como un derecho de las personas, generando la actual crisis alimentaria de enormes proporciones.

4.      En síntesis, lo que observamos es una convergencia de varias crisis dentro de la crisis de un patrón de acumulación que se agotó hace varios años, que amenaza con ser prolongada y extensa. Esta concurrencia, interconexión y entrelazamiento de varias crisis son un punto de inflexión que afecta  a los puntos nodales de las relaciones económicas y del poder actual: el dinero, los energéticos, los alimentos, generando una disminución de la demanda y la imposición de políticas recesivas.

 

5.      Los Estados reestructuraron los mercados a favor de la banca y las instituciones financieras en detrimento de la industria y del trabajo, el capital financiero transformó su poder económico en poder político para liberarse de los impuestos desplazándolos hacia el mundo de trabajo imponiendo un profundo proceso de transferencia masiva de capital del sector productivo hacia la especulación. Se añade la pérdida de por lo menos el 45% de los fondos de pensiones que estaban invertidos en las bolsas de valores en todo el mundo. Esta dinámica económica ha generado una gran polarización social y subordinación de la clase política y el Estado al capital financiero.

 

6.      Queda claro que por ahora podemos hablar de una crisis del modelo de acumulación, no necesariamente del sistema capitalista. De las salidas que tratarán de construir los diferentes actores dependerá el futuro próximo, esto hace imprescindible tener capacidad de intervenir con propuestas propias en las decisiones que se tomen.

 

7.      Durante las últimas décadas no sólo se deterioró la situación económica de las clases trabajadoras, sino que también se debilitaron sus formas de organización y de negociación política, influir en las decisiones sobre el futuro próximo pasa también por recomponer las formas de organización, articulación y estrategias de todas las organizaciones sociales.

 

8.      La salida a la crisis implicará una mayor intervención económica de los gobiernos, que si bien cuestiona el credo neoliberal, la intervención gubernamental –sino tiene control social- no necesariamente tiene un carácter progresista, más bien puede tener como resultado la captura de fondos públicos por intereses privados, la experiencia del Fobaproa así lo demuestra. Los “rescates” al sector empresarial pueden incluso asumir posiciones autoritarias, que como en el caso de México, se combinan con una tendencia a desplazar el gasto social por el gasto en aparatos de seguridad, desplazando a la vez la garantía de los derechos humanos integrales.

 

9.      El reacomodo de los grandes capitales financieros lo es también de sus propietarios, no sólo se produce entre los multimillonarios norteamericanos, está proyectado para inducir una recomposición del capital financiero mundial, es decir, de la plusvalía global dedicada a la especulación. Se estiman las pérdidas por esta crisis en 1.2 billones de dólares, lo que llevará a un descenso de medio punto del Producto Interno Bruto Mundial, según cálculo reciente del Fondo Monetario Internacional.

 

10. Puede afirmarse que las economías emergentes como la nuestra  resentirán en mayor medida los estragos del efecto combinado de las crisis financiera y alimentaria internacionales debido a que en los últimos años ha prevalecido una estrategia económica que privilegia al sector exportador al tiempo que mantiene deprimido al mercado interno para controlar las variables macroeconómicas. El resultado es una profunda dependencia de nuestra  economía en relación con  la de Estados Unidos.

 

 

El contexto nacional

 

1.      En este contexto es de esperarse una significativa caída en las exportaciones mexicanas de productos manufacturados. Siendo la nuestra una economía atada a la norteamericana, los cálculos oficiales del impacto de la crisis financiera en nuestro país rondan el 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, una caída de la producción del orden de 184 mil millones de pesos.

 

2.      A lo anterior se suman la disminución de las remesas y la reducción de los precios del petróleo, se estima una pérdida de cerca del 20% en los precios del crudo, todo lo cual reduce las expectativas de inversión y gasto en general.

 

3.      Sería un grave error atribuir todo el peso de la crisis a los factores externos, en todo caso la crisis alimentaria y la debacle financiera norteamericana han agudizado muchos de los problemas que ya venía arrastrando nuestro país, como la falta de crecimiento económico, el desempleo, el descenso del poder de compra de los salarios, el abandono del campo, la inseguridad, el corporativismo, el estancamiento del mercado interno.

 

4.      Los factores anteriores, tanto los internos como los externos han dado lugar a la actual situación de crisis económica y social caracterizada por  el estancamiento en la reforma del régimen político, el debilitamiento de la soberanía y la persistencia de políticas económicas y sociales contrarias al interés de las mayorías.

 

5.      La repercusión de la crisis en las clases trabajadoras será inmediata y por múltiples factores. En primer lugar por la pérdida en las inversiones de los fondos de pensiones en las bolsas de valores; pero también por la caída en las remesas, por la prolongación del estancamiento, por el impacto de la inflación que producirá una pérdida inmediata de 3.1% según cálculos oficiales y por la drástica disminución del gasto que destinan los gobiernos federal y estatales para fines sociales.

 

6.      El anuncio de la Secretaria de Hacienda de aumentar el gasto en Seguridad y Justicia en 32.9% y 17.6%, respectivamente, frente a unos raquíticos aumentos del 7.2% en Urbanización y Vivienda y 4.2% en educación, confirma lo anterior. Los precarios incrementos de salario pactados en el marco de las revisiones salariales y contractuales han sido neutralizados por las escaladas de precios que se han presentado a lo largo del año.

 

7.      El gobierno federal no parece dispuesto a asumir la gravedad de la situación. Prevalece en los altos círculos gubernamentales la ficción de que el país se encuentra blindado contra las turbulencias del exterior y que sólo hace falta practicar algunos ajustes menores a la política económica vigente para superar las dificultades del actual momento. “Si mantenemos la disciplina fiscal y la restricción al gasto gubernamental saldremos adelante” afirman atrincherados en el mismo paradigma neoliberal que en el resto del mundo comienza a dejarse de lado por sus ineficiencias.

 

8.      Las políticas que el gobierno insiste en mantener no son sólo ineficientes, sino que están en contra de la legislación vigente, urge rescatar la legalidad para poder reorientar el rumbo del país. El gobierno persiste en las decisiones verticales sin tomar en cuenta a las organizaciones sociales, no tiene mecanismos para la concertación con las diversas expresiones sociales en los distintos ámbitos del país. El régimen político está estancado, se rezaga respecto de los cambios que ya se dan en América latina, en su rezago empieza a desmoronarse, es necesario modificarlo para democratizarlo.

 

 

9.      Por ello las organizaciones que integramos el Movimiento hemos señalado, desde hace más de un año  que la verdadera salida a la contingencia económica y a la crisis política que acompañó desde su inicio al actual gobierno implica asumir soluciones de fondo. Hace falta un cambio de rumbo en el manejo de la economía, que se tomen medidas para revitalizar el mercado interno, que el gasto social y la inversión gubernamental productiva se conviertan en palancas para impulsar  el desarrollo en los estados, las regiones y las comunidades.

 

10. La nueva política económica requiere de la transformación del régimen político, pasar  de una condición en que las elites deciden en función de los intereses político- electorales o de las necesidades de las oligarquías a una situación en la que prevalezca el control social en la elaboración y ejecución de las principales políticas públicas. Es necesario fomentar el desarrollo regional, para lo cual es imprescindible la gobernanza desde lo local.

 

En esta condición de urgencia en la que la insatisfacción social se generaliza por  la pretensión gubernamental  de cancelar derechos sociales por medio de la reforma regresiva del orden laboral mexicano o del uso de recursos como el conflicto de carácter económico y los contratos de protección laboral, en la que se vulnera, además,  la autonomía sindical (como en el caso de los mineros) para satisfacer  los intereses de los aliados empresariales del gobierno en turno, nuestro Movimiento ha decido actuar para construir, desde la sociedad, una alternativa a la crisis económica, política y social que sacude a nuestra nación. En el contenido del Pacto Político firmado por nuestras organizaciones el 20 de febrero del presente año, anotábamos que “El objetivo de este pacto político es construir y consolidar, nuestro “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas”, el cual será ético, eficaz, amplio, permanente, plural y solidario, capaz de articular propuestas e impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica neoliberal y que restituya la legalidad constitucional que genere las condiciones para democratizar el régimen político.” Para alcanzar nuestros propósitos necesitamos ajustar nuestra estrategia en función del siguiente:

 

 

REPLANTEAMIENTO

 

La actualización de los objetivos políticos del Movimiento, teniendo en cuenta los elementos anteriores, puede ser:

 

1.      Enfatizar el fortalecimiento de la capacidad de presión de los movimientos sociales. Ello requiere poner énfasis en lo que el Movimiento es pionero: en la articulación de diversas formas de organización social. Como afirma Boaventura De Souza, quien propone la reinvención del mundo del trabajo, señala que el movimiento sindical “…Debe diseñar un nuevo abanico, más amplio y audaz, de solidaridad que responda a las nuevas condiciones de exclusión social y a las nuevas formas de opresión dentro de la producción…un sindicalismo más político, menos sectorial y más solidario …su acción reivindicativa debe considerar todo aquello que afecte a la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general…La concertación social debe ser, en este sentido, un escenario de discusión y de lucha por la calidad y la dignidad de la vida” (Boaventura De Sousa Santos. Reinventar la Democracia. Reinventar el Estado. CLACSO, Buenos Aires, 2005. p. 47.). La Asamblea del Movimiento, los parlamentos sociales (puesto en plural porque se pueden articular en diversos temas y regiones, pero sin renunciar a la posibilidad de crear una instancia nacional unificada) son instrumentos fundamentales, lo cual necesariamente tiene que acompañarse de la construcción de un lenguaje común y de mayor penetración a los medios de comunicación social.

 

2.      Ampliar la capacidad de influir sobre las decisiones públicas. Mantener la perspectiva de presionar por decisiones surgidas de la negociación, no por el establecimiento de negociaciones, parece adecuado. El Movimiento construye su estrategia en dos vías, por un lado fortalece la capacidad de articulación y movilización social y, por otro, fortalece su capacidad propositiva y de negociación frente a los poderes públicos.  La construcción de estancias de deliberación como el Consejo Económico y Social (CES) fortalecen esta perspectiva y no se contraponen al Parlamento Social (PS), CES y PS pueden incluso ser convergentes, si bien surgen de procesos paralelos, pueden llegar a fortalecerse mutuamente. Este tema urge discutirlo a fondo.

 

3.      Fortalecer la capacidad de elaboración de alternativas concretas de salida a las crisis, mismas que deben de comprender, entre otros los siguientes niveles: I) Construcción de mecanismos a favor de los trabajadores que integre tanto redistribución del ingreso como participación en las decisiones del proceso productivo; II) Recuperación de la capacidad productiva del campo; III) Que integre la protección del consumo como interés de toda la sociedad; IV) Que incremente la capacidad social de intervención en la política económica y social. Para lograr esta capacidad se requiere de la realización programada de discusiones con actores fundamentales de lo económico y lo social.

 

4.      Impulsar el cambio de régimen político, no sólo para un mayor equilibrio entre los actores políticos (Gobernabilidad), sino también para que los actores sociales tengan mayor posibilidad de participar en las decisiones que les afectan (Gobernanza). Un elemento fundamental será mantener la atención sobre las violaciones a los derechos humanos, como freno fundamental al autoritarismo, incrementando los mecanismos de su promoción, defensa y garantía.

 

5.      De manera coyuntural: influir en la conformación de la agenda electoral, más allá de las alianzas electorales, lo importante será evitar que la agenda de discusión entre los partidos tenga como horizonte sólo el tema de la seguridad y que quede totalmente desplazada la agenda de reformas en las políticas económica y social.

 

A partir de estos objetivos derivamos las tareas del corto y mediano plazo y en el terreno económico y político, éstas son:

 

PLAN DE ACCIÓN

 

1)     Elaborar y presentar una propuesta única de modificación del Presupuesto para las Empresas e Instituciones Públicas, (PEMEX, CFE, LyFC, IMSS, ISSSTE, UNAM, IPN, INAH, ININ, etc.), así como para el Campo Mexicano y para el desarrollo social, impidiendo que se nos otorguen recursos raquíticos y se les incrementen a las diferentes corporaciones policíacas y militares.

 

2)     Impulsar una intensa campaña nacional, en defensa de mayor presupuesto para el área social, así como la solución de los principales conflictos agrarios, sindicales y civiles; promoviendo los siguientes actos:

 

I.        Asamblea Nacional del Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para el 22 de octubre

 

II.      Manifestación ante el Palacio Legislativo de San Lázaro y ante los Congresos Estatales, para el 23 de octubre

 

3)     Impulsar la concreción de la firma del Pacto Político en otros estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.. Todos ello, antes de que concluya el presente año.

 

4)     Promover el involucramiento del Movimiento y la solidaridad con los distintos movimientos en lucha, así como el establecimiento de diálogo con los distintos órdenes de gobierno

 

5)      Realizar el Encuentro Nacional Reconstruyendo México, en el mes de enero del año próximo, que discutiría y suscribiría los acuerdos en múltiples organizaciones sociales y ciudadanas para impulsar la movilización social del 31 de enero de 2009,  a la vez este encuentro sentaría las bases para continuar con la articulación social por medio del impulso a los Parlamentos Sociales.

 

6)     Realización de las más diversas acciones para preparar e impulsar las condiciones ideológicas, políticas y organizativas para la huelga nacional, además del paro nacional como instrumentos para lograr la modificación política económica neoliberal y la transformación democrática del régimen político.

 

 

Todo lo anterior, serian actividades preparatorias para obligar al gobierno federal a la firma de un Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía Alimentaria y Energética, con la Participación de la Sociedad. 

 

México, DF, 9 de octubre de 2008

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Entre  la  crisis política, económica y alimentaria, el autoritarismo, la violencia y la inseguridad, el país está experimentado la más severa crisis social después de la Revolución Mexicana. No obstante, el gobierno se obstina en mantener las políticas que la han generado, sin escuchar ni atender las demandas de la sociedad.

 

Las organizaciones que integramos el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas surgido en enero del 2008, seguimos sin respuestas a nuestras demandas y propuestas de solución planteadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Somos resultado del descontento acumulado de amplios sectores de la sociedad y también de las propuestas, surgidas de las luchas campesinas, sindicales y ciudadanas, que se han formulado para superar el modelo excluyente y antidemocrático.

 

La falta de respuestas sustantivas a las demandas del Movimiento y el agravamiento de la situación nacional, tanto por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis alimentaría, la contracción del mercado interno, como por la continuidad de las estrategias neoliberales, que pretenden imponer una reforma energética privatizadora a pesar de su enorme costo social y político.

 

A lo anterior se añade la justa indignación ciudadana por los alarmantes niveles de delincuencia, impunidad, corrupción e incapacidad del Estado que no ha logrado darle garantías a la sociedad. Demandamos garantía de Seguridad Humana que comprende protección, desarrollo y bienestar a las personas, es decir, seguridad económica, alimentaria, salud, ambiental, personal, de la comunidad y política, todas ellas  responsabilidades y obligaciones del Estado.

 

Por lo que, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar, este primero de septiembre en la:

 

Jornada Nacional de Lucha

 

Esta  movilización es parte de la estrategia y acciones desarrolladas por el Movimiento en el contexto de las luchas por el empleo y el salario, agrarias, por la seguridad social y la defensa del petróleo.

 

El mensaje de esta Jornada es la protesta por la falta de respuesta a las demandas de la sociedad, de rechazo al modelo económico excluyente y al régimen político antidemocrático que mantiene el actual gobierno.

Los contenidos políticos de la Jornada destacarán las posturas comunes de la sociedad y también las demandas particulares de cada participante, sin menoscabo de la unidad. Se contará con una instancia que coordine la información y se dé a conocer a la opinión pública. Para ello ponemos a disposición de toda la sociedad, las instancias de coordinación de que ya dispone el Movimiento.

 

Esta Jornada expresará la articulación de todas las formas de lucha y protesta que emprendamos, en el marco de las posibilidades de cada organización. Convocamos a todas las organizaciones campesinas, sindicales, civiles, urbanas, y a toda forma de organización de la ciudadanía, a expresar su descontento y a fortalecer al Movimiento.

 

Las acciones que cada organización o coalición acuerden realizar el primero de septiembre, por la mañana, podrán ser: paros parciales y sectoriales (de minutos, horas o días), faltas colectivas, bloqueos, caravanas, marchas, volanteos, mítines informativos, foros en espacios públicos, reuniones ciudadanas, conferencias de prensa, plantones ante dependencias públicas, cierre de avenidas o carreteras y muchas  otras  acciones simbólicas.

 

El compromiso que se pide a todas las organizaciones participantes es informar inmediatamente del desarrollo de la acción a fin de hacer un reporte que será presentado en los mítines que se realicen por la tarde en las principales capitales del país. En el caso de la Ciudad de México, llevaremos a cabo una manifestación a partir de las 17:00 horas, del Ángel de la Independencia para concluir con un mitin en el Zócalo capitalino, donde daremos un informe de las acciones realizadas a nivel nacional y haremos un pronunciamiento político del Movimiento.

 

Esta Jornada es parte del proceso por transformar el actual modelo excluyente y antidemocrático, por otro que se sustente en la Soberanía Energética y Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. Recurriremos a todos los instrumentos de lucha para lograrlo, incluyendo la Huelga General.

 

México, D. F., a 21 de Agosto de 2008.

 

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM),  Movimiento Nacional los de Abajo.

 

Responsables de la publicación: Fernando Amezcua, Frente Sindical Mexicano y Eduardo Torres, Unión Nacional de Trabajadores

 

Versión Para Imprimir (PDF)

22 de mayo de 2008

 

ANEXO DE RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON RESPECTO A LA AGENDA DE TEMAS PLANTEADOS POR PARTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el marco de la mesa de diálogo del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (el Movimiento Nacional), realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas laborales, con los resultados siguientes:

 

 

I. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

 

 

El Gobierno Federal valora la propuesta realizada por el Movimiento Nacional para la creación de un Consejo Económico Social de Estado. Las experiencias internacionales demuestran que estos espacios de diálogo, deliberación y generación de propuestas e interlocución con el poder público, permiten alcanzar consensos a partir de la conciliación de las distintas formas de pensamiento, contribuyendo a la gobernalidad democrática y al desarrollo económico y social de los países.

 

Al respecto, el Gobierno de la República tiene la total disposición de analizar, con toda seriedad y sentido de responsabilidad, la posible creación del Consejo Económico y Social en México, emanado de un ejercicio participativo e incluyente de las diferentes propuestas de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto.. En este ejercicio resulta pertinente incorporar los puntos de vista de los representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial de la Federación y de los gobiernos de los estados, así como de las organizaciones obreras, campesinas, empresariales y sociales, a fin de que se consolide como un instrumento de participación de todos los ámbitos de la vida pública del país.

 

Este ejercicio de participación plural, debe apuntalarse con la revisión rigurosa de las iniciativas legislativas presentadas en el pasado reciente ante el Congreso de la Unión, el funcionamiento de modelos similares en otros países; los factores de éxito y fracaso, el grado óptimo de autonomía; su estructura orgánica y presupuestal y los los instrumentos jurídicos idóneos para su operación.

 

Se considera que algunos de los principios rectores que pueden guiar este proceso son: la certeza y transparencia en sus procesos, deliberaciones y resolutivos; el respeto a la división y equilibrio de los tres poderes de la unión; la autonomía e independencia del organismo; su carácter consultivo, no vinculante; su integración plural, representativa y equilibrada y su facultad para formular propuestas de políticas públicas y piezas legislativas ante el Ejecutivo y el Legislativo.

 

Algunos de los objetivos que perseguiría este Consejo Económico y Social de Estado podrían ser: promover el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes económicos con el fin de impulsar el desarrollo nacional; analizar los asuntos de índole económica relacionados a la productividad, la competitividad, la protección del empleo y el salario en el país; la emisión de informes, opiniones, recomendaciones, dictámenes y estudios en apoyo a las políticas públicas y la planeación nacional, en temas y materias de alto impacto y contenido social o económico.

 

Para iniciar este proceso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, propone integrar un grupo temático específico, con representantes de ese Movimiento Nacional y con la participación de diversos integrantes del gobierno federal. Por la naturaleza y vocación de lo que eventualmente será el Consejo Económico y Social, será imperativo incorporar, en su oportunidad, a otros actores de los sectores productivos y de los otros poderes de la unión, así como de las demás instancias de gobierno.

 

II. REFORMA LABORAL

 

Desde el inicio de la presente administración, la política laboral del Gobierno de la República ha buscado promover la inversión y el empleo; la competitividad y la productividad; la conciliación de intereses para preservar la paz laboral; así como la aplicación estricta de la ley para alcanzar el trabajo decente y la previsión social, todo ello en el marco  del diálogo permanente con los factores de la producción.

 

Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó dentro de sus prioridades la necesidad de contar con un diagnóstico y una estrategia para la actualización del marco normativo laboral, que impulse la generación de empleo basada en la productividad y la competitividad, sin menoscabo de los derechos y conquistas de la clase trabajadora.

 

Las premisas bajo las cuales se orienta este proceso de análisis, reflexión, debate y propuesta son:

 

1.            El pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional, sin realizar modificaciones a este precepto.

2.            La incorporación de propuestas viables, incluidas en las diversas iniciativas presentadas con anterioridad en ámbas cámaras legislativas, así como en otras que se consideren pertinentes.

3.            La coordinación con el Congreso, con pleno respeto a la agenda y a los tiempos del Poder Legislativo.

 

A la fecha, se han analizado 224 iniciativas que proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo presentadas en los últimos diez años en el Congreso de la Unión. Este ejercicio ha permitido identificar puntos de coincidencia para la construcción de un documento de diagnóstico que recoja los principales temas y aportaciones a considerar. Es pertinente destacar que el ejercicio de análisis y compilación recogió lo que, a jucio de esta dependencia, constituyen propuestas viables y susceptibles de lograr la aceptación mayoritaria, con independencia del partido político u organización promovente de las mismas.

 

Entre los aspectos generales de dicho ejercicio, destacan los siguientes:

 

a)      La promoción del trabajo decente, la equidad y la no discriminación en las relaciones laborales. Esto incluye la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral.

b)      La incorporación de disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación, para evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores.

c)      La revisión de las disposiciones que regulan la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero.

d)      El establecimiento de medidas para incrementar la productividad, la competitividad y la generación de empleo.

e)      La actualización del marco jurídico de la capacitación y adiestramiento.

f)        La revisión del marco normativo correspondiente a los trabajadores eventuales del campo.

g)      El fortalecimiento de la democracia y la libertad sindical.

h)      La inclusión de disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, aún cuando en la práctica la STPS ya está haciendo pública tal información.

i)        La simplificación de los procedimientos de clausura (parcial o total) de los centros de trabajo, cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores.

j)        El uso obligatorio de unidades de verificación, de manera que los patrones con actividades de alto riesgo tengan la obligación de obtener dictámenes de unidades de verificación, laboratorios de pruebas u organismos de certificación para acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

k)      La actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de las Incapacidades Permanentes.

l)        El uso de herramientas informáticas en la impartición de justicia laboral,

m)   La agilización, transparencia y certidumbre en la procuración e impartición de justicia laboral, y

n)      El sensible incremento del monto de las multas por violaciones a la legislación.

 

Para garantizar que ninguna voz quede excluida del debate, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pondrá, en su momento, a disposición de los actores relevantes, el documento base, para facilitar el estudio y discusión del tema con miras a una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dadas las prioridades de agenda y los tiempos que marcan los procesos legislativos del Congreso de la Unión, esta Dependencia del Ejecutivo Federal esperará el momento oportuno, según lo marque el Poder Legislativo, para iniciar la discusión formal del tema. 

 

Se propone a ese Movimiento Nacional la integración de un grupo de trabajo que recoja las consideraciones y propuestas que, al efecto, tengan las organizaciones que lo integran, a fin de integrarlas, en lo conducente, al ejercicio comparativo y documento base que ha elaborado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

 

III. PROTECCIÓN AL SALARIO, INGRESO Y CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA.

 

El Gobierno de la República refrenda su compromiso de mantener los esfuerzos tendientes a la promoción de inversiones en una economía competitiva generadora de empleos; a que las relaciones laborales descansen en la productividad; a la preservación de las fuentes de trabajo existentes y del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias;  así como a la conservación y ampliación de la planta productiva con base en las definiciones del trabajo decente y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en plena identidad con los principios rectores de Promoción, Conciliación y Legalidad, ha decidido adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

·         Promover criterios de conciliación para que todas las revisiones contractuales y salariales se realicen con base en las condiciones particulares de cada centro de trabajo, considerando las características propias de cada mercado y en estricto apego a los derechos laborales de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 constitucional.

·         Fortalecer la inspección federal del trabajo y los mecanismos de coordinación local, focalizando esfuerzos para sancionar el incumplimiento de las normas que protegen el ingreso de los trabajadores.

·         Combatir los esquemas de terciarización que pretenden evitar el pago del reparto de utilidades a los trabajadores y los contratos de protección.

·         Manterner y reforzar la política de transparencia de los Contratos Colectivos de Trabajo, haciendo uso de todos los medios que dispone la Secretaría.

·         La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo profundizará las labores de asesoría jurídica y representación legal, buscando en todo momento salvaguardar los derechos de los trabajadores y recuperar a su favor lo que por ley les corresponda.

·         El Instituto FONACOT mantendrá la política de incremento en la cobertura y cantidad de créditos colocados para beneficiar a los trabajadores, con la tasa de crédito al consumo más baja del mercado.

·         El Servicio Nacional de Empleo elevará la cobertura territorial y las metas de atención de todos sus programas privilegiando la atención, vinculación y colocación de personas pertenecientes a grupos sociales de difícil y muy difícil incorporación al mercado laboral, para que puedan acceder a un empleo digno.

 

Estas medidas forman parte de un primer paquete de acciones tendientes a la firma de un Acuerdo Nacional por la Productividad, en donde los sectores productivos y el Gobierno Federal, a través de una visión compartida, detallen principios generales de acción, asuman compromisos fundamentales e identifiquen fórmulas de productividad orientadas a la instrumentación de esquemas de retribución económica para los trabajadores, considerando su aportación a la generación de valor agregado como un elemento para la redistribución de la riqueza.

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas que, desde diversas instancias del Gobierno Federal, incluida la propia Presidencia de la República, habrán de emprender para preservar el poder adquisitivo, asegurar el abasto, evitar el acaparamiento o especulación indebidas, y fortalecer el mercado interno ante las adversas condiciones provenientes del exterior.

 

Para la instrumentación de políticas públicas y la adopción de fórmulas de contratación, de productividad y demás medidas pertinentes que estén orientadas a los objetivos planteados, se propone la instalación de un grupo de trabajo temático que analice estas y otras propuestas provenientes del Movimiento Nacional, siempre en el marco de la ley y las instituciones vigentes.

 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación en el marco de la mesa del diálogo del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas del campo, con los resultados siguientes:

 

 

IV. REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

 

A.- En relación al ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (ACUERDO)

 

A.1.  Planteamiento. Modificar el artículo 10 relativo a la integración del Comité Técnico Nacional. 

 

 

 

Respuesta: No se acepta. En relación a este tema se considera que: la conformación del Comité Técnico Nacional por funcionarios, está circunscrita a las atribuciones y responsabilidades que les confiere el marco jurídico, sin perjuicio de que el Acuerdo en su actual redacción, posibilita la participación de los representantes que se proponen, considerando inviable legalmente, su modificación.

 

A.2.      Ahora bien, en atención al interés de opinar por parte de las organizaciones, respecto de aquellos proyectos estratégicos puestos a consideración del Órgano Colegiado antes señalado, se propone que se consulte al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable en el proceso de aprobación de los proyectos estratégicos nacionales que se le presenten al Comité Técnico Nacional.

 

En virtud de lo anterior se llevará a cabo la modificación al ACUERDO para quedar en los términos siguientes:

 

Las facultades del Comité Técnico Nacional serán, entre otras, analizar y, en su caso:

 

I.                    Aprobar, consultando al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, los proyectos estratégicos integrales que atiendan los problemas de Sistemas Producto, una región o un factor crítico que comprometa el desarrollo del sector.

 

Adicionalmente, en los lineamientos de operación del mencionado Comité Técnico Nacional se preverá que tratándose de nuevos proyectos que por su relevancia y cobertura de atención nacional se deban presentar al Comité Técnico Nacional para su autorización, éste requerirá al área promovente, previo a su pronunciamiento, que el proyecto se hubiere sometido a consulta al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable mediante envío electrónico a sus miembros, otorgando un plazo de ocho días para recibir comentarios, sugerencias y aportaciones, incorporando en la aprobación, las recomendaciones que resulten pertinentes para la correcta aplicación y desarrollo del mismo.

 

 

Asimismo, los planteamientos de las organizaciones de productores, se dieron respecto de los programas:

 

·       Activos Productivos,

·       Inducción al Financiamiento,

·       Soporte,

·       Apoyos Compensatorios, y

·       Apoyo a Organizaciones. 

 

 

A.3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

 

A.3.1 Planteamiento. Incluir/ explicitar en la población objetivo del programa a ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias.

 

Respuesta - Se acepta incluir como adición al ACUERDO especificando el término “preferentemente ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias.”  Adicionalmente se emitirá una circular interna  instruyendo esta orientación general.

 

A.3.2   Planteamiento. Autorizar la compra de equipo / maquinaria usada y de semovientes con características fenotípicas adecuadas, autorizadas por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural para zonas de alta y muy alta marginación.

 

Respuesta – En relación a la compra de maquinaria usada no es viable dado que el riesgo es muy elevado pues no se garantizarían servicios ni refacciones.

 

Para el caso de semovientes, tampoco es aceptable. La Coordinación de Ganadería tiene ya publicados los lineamientos específicos en la página institucional de la SAGARPA.

 

A.3.3   Planteamiento.  Incluir en las Reglas de Operación al PROMAF.

 

Respuesta – No se acepta pues es un Proyecto Estratégico Integral que ya fue autorizado por el Comité Técnico Nacional, que tiene su Mecánica Operativa y ya inició su operación.

 

 

A.4  INDUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO

 

A.4.1. Planteamiento.- Incluir la disposición de que si un productor pequeño no disponía de la liquidez para completar su aportación para la adquisición de algún activo productivo, que las Garantías Líquidas de SAGARPA, transferidas a la Banca de Desarrollo, le permitiesen recibir un crédito automático.

 

Respuesta.- Sin que implique una modificación al ACUERDO es viable atender el planteamiento, ya que  en el marco de lo que dispone el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) para este propósito, la SAGARPA emitirá una Circular precisando a la Banca de Desarrollo, las prioridades de apoyar con las garantías del FONAGA a los pequeños productores con acceso al apoyo de activos productivos para sus créditos refaccionarios.

 

A.4.2. Planteamiento.- Incluir en los Objetivos el otorgamiento de apoyos para estimular la creación, consolidación y expansión de una red de intermediarios financieros rurales, prioritariamente los de propiedad de los propios productores que proporcionen servicios financieros básicos y especializados.

 

 

Respuesta.-  No es necesaria la modificación pues está considerado este planteamiento en el PIDEFIMER,  que ya fue autorizado por el Comité Técnico Nacional, que tiene ya su Mecánica Operativa y ya inició su operación; adicionalmente, SAGARPA ha emitido Criterios de Operación en los lineamientos de Operación del Fondo, en donde se prioriza el apoyo a la creación de estos intermediarios financieros en manos de productores.

 

A.4.3. Planteamiento.- Precisar en la Población Objetivo, Intermediarios financieros rurales constituidos prioritariamente por los propios productores como propietarios de los mismos que presten servicios financieros básicos (ahorro, crédito, medios de pago) y especializados (créditos en sus diversas modalidades).

 

Respuesta.- Este Planteamiento está atendido en el marco del PIDEFIMER con apoyos para los organismos registrados en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, adicionalmente la propuesta se complementa con el proyecto estratégico integral PATMIR.

En cumplimiento a lo que dispuso el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 en su Artículo 59. Que dispone:

“Los recursos asignados en este presupuesto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para fondos de garantía; y garantías y otros apoyos del sistema financiero rural por 2,356.9 millones de pesos deberán ser convenidos y transferidos a la Banca de Desarrollo en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, dando prioridad a los productores de ingresos medios y bajos.”

La  SAGARPA convino la creación del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario Pesquero, Forestal y Rural (FONAGA) Proyecto Estratégico Integral, autorizado por el Comité Técnico Nacional, que tiene ya sus lineamientos de operación y ya inició su operación, en cuya operación participa FIRA, Financiera Rural y todos los intermediarios financieros que fondean con estas Instituciones.

 

A.4.4. Planteamiento.-  Incorporar a las Reglas de Operación en este programa un apoyo para garantías complementarias, retro garantías y sistema de garantías. En apoyo al funcionamiento de los FINCAS, IFRs, y a los productores y organizaciones con dificultades para otorgar garantías, se establecerá un sistema de garantías que implica mecanismos complementarios de garantías, retrogarantías y de reaseguro de los FINCAS, IFRs y Organizaciones de productores.

 

Respuesta.  Ne se acepta modificación.-  Ello, en virtud de que aún cuando no son expresados específicamente en las Reglas de Operación, está previsto que a través de un proyecto nacional y mediante la conjunción de apoyos destinados a facilitar el acceso al financiamiento a los productores, se puedan crear esquemas de innovación para la inducción y desarrollo del financiamiento en el medio rural que disminuyan el riesgo en el otorgamiento de los financiamientos (garantías y retrogarantías), así como de esquemas que permitan disminuir las tasas de interés en forma directa, conforme a las disposiciones que regulan dichas actividades.

 

A.4.5. Planteamiento.- Garantías Complementarias para el Acopio y Comercialización de Granos Básicos.- El Sistema de Garantías rurales a conformar con los recursos asignados a la SAGARPA en el PEF 2008 y mencionados en D1, por concepto de fondos de garantía, integrará un mecanismo de acceso a garantías para las organizaciones de productores que participen en programas de comercialización de granos básicos.

 

 

Respuesta.-  ATENDIDA.- Los apoyos en materia de garantías son generales, conforme a lo señalado en las Reglas de Operación y no específico como se propone; no obstante, el direccionamiento solicitado se encuentra previsto, tal y como aconteció recientemente en el caso del sector porcino.

 

Es importante que se considere que en cualquier caso habrá que cumplir con la legislación de la materia y deberán ser viables desde cualquier perspectiva.

 

En los Lineamientos de Operación de FONAGA,  que operará a través de FIRA con un monto de $1,342.4 millones de pesos, se precisa que este Fondo busca incrementar el otorgamiento de crédito a los productores de ingresos medios y bajos, a través de intermediarios Financieros, tanto para créditos de inversión como de capital de trabajo. Se orienta hacia maíz, frijol, trigo y sorgo, así como para caña de azúcar,  reconversión productiva y otras actividades económicas  en el medio rural.

 

A.4.6 Planteamiento.-  Adquisición Compactada de Fertilizantes para productores de menos de 3 hectáreas y el de Adquisición de Activos Agropecuarios para uso eficiente de energía.

 

Respuesta.- ATENDIDO. La SAGARPA instrumentó un Fondo que se ha denominado (FORO), cuyo Objetivo es apoyar a las Organizaciones de Productores del Sector Rural, mediante el otorgamiento de Garantías Líquidas complementarias, que les permita acceder a créditos fomentando su capitalización e impulsando su desarrollo.

 

Cuenta con subprogramas para Compras Consolidadas de Fertilizantes; Impulso y Fortalecimiento de Sistemas Producto; Fondos Estatales de Garantías Líquidas para Financiamiento; Incorporación de Sistemas y Equipos de Energía Renovable; Impulso y Fortalecimiento de Agronegocios y Financiamiento de Proyectos de Inversión con Remesas de Migrantes. Su capital es de 500 millones de pesos, que los opera a través de BANSEFI y FIRCO.

 

Para Adquisición de Fertilizantes, Sistemas Producto y Fondos Estatales, aportará como porcentaje de la línea de crédito el primer año, 10% de Garantías en todo el territorio, pero un 20% en zonas marginadas. Para el segundo año, reducirá al 5 y 10% de granarías respectivamente y al 3er año, las garantías ascenderán hasta el 2.5 y 5%. 

 

Para energías alternativas y agronegocios, se otorgará el apoyo por única vez de garantías que ascenderán al 15% del crédito refaccionario y en zonas de alta marginación serán del 30%.

 

Para proyectos de Remesas, habrá créditos de avíos en los mismos términos señalados para la adquisición de fertilizantes y para crédito refaccionario, el apoyo ascenderá a 20% y al 30% en zonas marginadas, por una sola ocasión.

 

Los apoyos podrán ser complementarios entre sí o darse independientemente.

 

Habrá límites a estos apoyos y por beneficiario no pasará de $60,000.0 de garantías líquidas para avíos y de $120,000.0 para refaccionarios. De igual manera, por organización llegará hasta $14.2 millones de pesos (mdp) para los subprogramas de fertilizantes, sistemas producto y fondos estatales y de $2.1 mdp para el resto de subprogramas.

 

Las garantías recuperadas de uno o todos los subprogramas, podrán integrarse y aspirar a otros apoyos e inversiones directas.

 

 

A.4.7. Planteamiento.- Fortalecimiento de Intermediarios financieros.- Se refiere a servicios de apoyo para la constitución, operación, expansión, diversificación de operaciones de los Intermediarios Financieros Rurales para la elaboración de diagnósticos, planes de negocios, asistencia técnica, capacitación, implementación de innovaciones tecnológicas, apertura de sucursales, implantación de mecanismos de seguridad; prioritariamente en áreas de contabilidad, finanzas, manejo de tesorería, operaciones crediticias, análisis de riesgos, funcionamiento de sucursales y asesoría legal en aspectos de constitución de IFR. También incluye apoyos para automatización en conceptos de adquisición de equipos informáticos, sistemas computacionales y accesorios para comunicación en red de dichos sistemas, MODEM satelitales, equipamiento para acceso a Internet y contratación de bases de datos relacionados con su operación, que les permita cumplir los lineamientos que en esta materia haya contemplado en sus normas la CNBV o el Agente técnico del componente.

 

Respuesta. ATENDIDO. Hay una respuesta amplia en los componentes de apoyo de los diversos programas que se contemplan en las Reglas de Operación del PIDEFIMER.

 

 

A.4.8. Planteamiento.- COORDINACION SECTORIAL.-

Registro Nacional de Intermediarios Financieros Rurales. Con el fin de ordenar y diferenciar el acceso a los apoyos otorgados para el desarrollo de IFRs, la SAGARPA establecerá en la Subsecretaría de Agronegocios, un registro de todos los IFRs funcionando en zonas rurales, para lo cual establecerá un formato único que deberán llenar todos los IFRs, el cual registrará zona geográfica de operación, número de socios y beneficiarios, volumen de operaciones, indicadores contables básicos, y relación de representantes, con acceso a alguno de los componentes de apoyo gubernamental. Este formato deberá ser llenado al menos dos veces al año.

Para lograr la más amplia información sobre estos organismos, establecerá mecanismos de coordinación con otras dependencias del gobierno federal.

 

Comité de Finanzas Rurales.

Para contribuir a ordenar los programas de apoyo, mecanismos de complementariedad, diferenciación de políticas por regiones y tipo de economías rurales, la Subsecretaria de Agronegocios promoverá la generación de un comité de finanzas rurales, en el que participen los programas y dependencias públicas con funcionamiento en finanzas rurales, intermediarios financieros rurales, organismos de integración y organizaciones de productores representativas, teniendo como objetivo la generación de un Plan Nacional de desarrollo de finanzas rurales que permita reorientar las actividades de promoción y apoyo. Este plan será presentado para su análisis y aprobación al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

 

Respuesta. No es viable. Se  considera innecesaria la modificación de Reglas de Operación toda vez que SAGARPA  cuenta con un padrón de intermediarios financieros apoyados y resultaría necesario solo su integración y difusión. Por otra parte, a través de la Unidad Responsable del Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, sostiene reuniones periódicas con los representantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en las cuales se tratan todas las necesidades y propuestas de financiamiento de las organizaciones asistentes y es consultada esta instancia sobre nuevos instrumentos de inducción, por lo que se sugiere que se lleve ante esta instancia de participación y a la CIDRS.

 

A.4.9. Planteamiento.- Transparencia

Todos los apoyos recibidos por IFR, organizaciones de productores y beneficiarios en general del Programa de lnducción serán publicados en el sitio internet de la SAGARPA, mencionando, nombre, número de beneficiarios, nivel de marginalidad y monto de apoyos recibidos.
También será pública la relación de IFRs en operación.

Respuesta. ATENDIDO Esto se realizará por parte de SAGARPA de conformidad a lo dispuesto por las propias Reglas de Operación en su numeral 26.

 

A.5  PROGRAMA SOPORTE

 

A.5.1 Planteamiento.- Incluir como Población Objetivo a Ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias.

 

Respuesta.- SE ACEPTA su inclusión en el ACUERDO, siguiendo el mismo tratamiento que sobre el particular se previó en el Programa de Adquisición de Activos Productivos.

 

A.5.2. Planteamiento.-  Incluir la Asistencia Técnica Integral a Núcleos Agrarios completos.

 

Respuesta.- No es necesaria una modificación a Reglas de Operación toda vez que la población objetivo en los términos antes señalados, posibilita la atención integral a estos núcleos agrarios.

 

 

A.6 APOYOS COMPENSATORIOS

 

A.6.1 Planteamiento.- Agricultura por Contrato. Esquema 2: Compradores  Opción PUT subir el apoyo hasta el 100% del costo de la prima.

 

Respuesta.- No es necesaria la modificación de las Reglas de Operación. La Secretaría ha autorizado para este Esquema 2, que el apoyo sea hasta del 100%, e incluso la SHCP ha otorgado su autorización para que sea retroactivo para todos aquellos que hayan cubierto el 25% que señalan las Reglas de Operación.

 

A.6.2 Planteamiento.- Incluir al PROMAF, el componente de Comercialización.

 

Respuesta.- Es viable. Aun cuando la naturaleza y Mecánica Operativa de PROMAF, atiende a mejorar la productividad y producción de estos dos cultivos estratégicos (MAIZ y  FRIJOL) se considera pertinente vincular este proyecto estratégico a un fondo de comercialización de estos cultivos.

 

Una posibilidad la constituye un mecanismo específico para vincular a los productores del PROMAF, a través de CONVENIOS O CONTRATOS ENTRE PARTICULARES, con las  organizaciones de productores dedicadas a la comercialización de estos granos. Para ello, FIRCO, como agente técnico de este proyecto estratégico enviaría un listado de productores y organizaciones que participan en el PROMAF  a  ASERCA, quien identificaría a las organizaciones de productores que sean a su vez comercializadoras, a las que se daría un trato diferenciado y preferente en este esquema.

 

Ahora bien, aquellos productores que no estén directamente vinculados con organizaciones comercializadoras, se buscaría vincularlos con aquellas que se encuentran en su área, para que sea a través de ellas, que realicen la comercialización y se recuperen las garantías.

 

Para el caso específico de la comercialización del frijol, las Garantías Líquidas para acceder al crédito para acopio y comercialización podría facilitarse mediante un Fondo para Comercialización. Este proyecto, en su caso, deberá ser presentado al Comité Técnico Nacional para su autorización.

 

Para el caso específico de la comercialización del maíz, en el marco del PROMAF  se considera viable el que se incorporen los componentes de apoyo a infraestructura y desarrollo  de capacidades.

 

A.6.3. Planteamiento.- Para lograr una mayor  eficiencia  en la  asignación de los apoyos, éstos  podrán ajustarse complementarse o integrarse entre  sí,  con  la  finalidad  de  promover  el ordenamiento y el  desarrollo de  los  mercados  regionales  de  los productos elegibles.

 

Respuesta.- ATENDIDA.- Las Reglas de Operación establecen la interrelación de apoyos, estipulado en el primer párrafo de la fracción II.3.2.2.6 Esquemas de Comercialización Específicos, la potestad de diseñar e implementar proyectos estratégicos donde se pueden incluir estas propuestas; corresponde al Comité Técnico Nacional determinar su procedencia.

 

 

A.6.4. Planteamiento.- Incorporar un ingreso soporte a la comercialización de la leche.

 

Respuesta.-Está en proceso de diseño y la formulación de los respectivos lineamientos, la creación de un Fondo que incluye este componente, sujeto a la presentación y en su caso aprobación del Comité Técnico Nacional.

 

A.6.5. Planeamiento. Incorporar el componente de fertilizantes y semillas en el Programa de apoyos compensatorios. Lo anterior en atención al mandato del DPEF 2008 que estableció un “fondo para la adquisición compactada de fertilizante para explotaciones de menos de 3 tres Ha.”

 

Respuesta. No es necesario modificar el ACUERDO. Ello en virtud de que, la SAGARPA para facilitar el acceso a Fertilizantes ha diseñado un esquema denominado “Compras consolidadas de insumos mediante financiamiento y a través de fincas” dentro del marco del Proyecto para el Fortalecimiento de Organizaciones Agroempresariales (FORO).

 

A.6.6. Planteamiento. Ingreso Objetivo mínimo. Actualizar los ingresos objetivos de los productos elegibles, diferenciar  tipos de maíz y trigo y precisar un factor de adecuación de estos ingresos objetivo tomando como referencia el maíz.

 

Respuesta.- Es innecesario modificar el ACUERDO, sin embargo, la SAGARPA, considerando la volatilidad de los precios actuales, ha publicado en el DOF un aviso por el cual se informa que será en el segundo semestre de este 2008, cuando se publicará esta actualización de los ingresos objetivos que estará vigente por 3 años, considerando los precios de mercado internacional y se precisarán los mecanismos de diferenciación para maíz y trigo, así como el factor de adecuación correspondiente, sujetos a la autorización por parte del Comité Técnico Nacional.

 

Los recursos presupuestarios para ingreso objetivo no utilizado se buscaría destinarlos en el mismo ejercicio fiscal, para los procesos de comercialización.

 

 

A.7 PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL

 

A.7.1. Planteamiento. Que en Requisitos: se establezca haber transcurrido 3 años de la fecha a su constitución o haber recibidos apoyos previamente del Programa de Fomento a la Organización.

 

Respuesta.- Se acepta esta modificación a la Regla de Operación.

 

A.7.2. Planteamiento. Agregar como un componente de apoyo la elaboración de estudios de prospectiva.

 

Respuesta. No es necesario modificar el ACUERDO. El Actual arreglo institucional permite a  través del programa de soporte la realización de este tipo de estudios.

 

A.8 Aspectos Generales (Artículo  22 del Acuerdo)

 

A.8.1 Planteamiento.- Incluir en el artículo 22 del Decreto de las Reglas de Operación de SAGARPA  la Corresponsabilidad Institucional en ventanillas, para que las solicitudes de los pequeños productores sean debidamente atendidas por técnicos capacitados.

 

Respuesta.- Atendida en el artículo 8, Sección II.2.1. Requisitos, Punto 4. Que establece: En solicitudes que no rebasen los 100 mil pesos de apoyo gubernamental, éste puede ser solicitado mediante el formato simplificado de Proyecto conforme al guión del Anexo 5 del programa, en el marco de un Programa Estatal de activos estratégicos en las Entidades respectivas.

 

De igual forma, que en el artículo 8. Fracción III.- Operación. III.1.Proceso. III.1.1.Recursos Federales de la Secretaría operados por las Entidades Federativas, se plantea que “En el caso de que se presenten solicitudes incompletas o carentes de la documentación anexa, se otorgará un plazo de 10 días hábiles posterior a la notificación al solicitante para complementar la información faltante, en caso de que ésta no se reciba en el plazo señalado dicha solicitud se tendrá como no presentada”. Además, se ha incorporado en este año, una disposición de que si un proyecto no es aceptado, se responderá por parte del gobierno, en el plazo de los 60 días, la razón por la que no se aceptó.

Finalmente, en los convenios con los Estados, se especifica que el personal técnico en las ventanillas deberá de orientar a la población objetivo en la presentación y recepción de las solicitudes de apoyo.

 

V. ATENCIÓN DE LOS CUATRO PRODUCTOS SENSIBLES EN LA DESGRAVACIÓN TOTAL EN EL MARCO DEL TLCAN (MAÍZ, FRIJOL, LECHE Y AZÚCAR)

 

A.9. Transitorios

 

A.9.1. Planteamiento.  Dado que en el Transitorio Décimo Sexto, se especifica que “Para efectos del nuevo arreglo institucional previstos en los programas presupuestarios autorizados a la Secretaría y reflejados en los programas de estas Reglas de Operación, se posibilita la atención a los productos que concluyen su proceso de desgravación arancelaria en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (maíz, frijol, leche y azúcar), así como a los Sistema Producto y temas estratégicos, entre otros, considerados en los usos del Anexo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, que la SAGARPA defina cómo se va a operar esta disposición.

 

Respuesta.- ATENDIDO. Existe ya una propuesta de Acciones para la Competitividad de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche como productos sensibles.

 

 

VI. ADENDA AL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO

 

En relación al Adenda al Acuerdo Nacional para el Campo, los integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, sugieren, la integración de un nuevo documento que considere:

 

 

a)      Los numerales pendientes del Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003.

 

b)      Algunos numerales del Adenda, de acuerdo a la opinión de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

 

c)      Temas nuevos que no se han considerado en la Adenda y en el Acuerdo.

 

d)      Conformación de una comisión redactora integrada por organizaciones y miembros de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

 

 

VII.        PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

 

Este documento ha sido procesado en todas sus etapas y cuenta ya con el refrendo de todas las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable y con el visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

 

El Reglamento está próximo a ser suscrito por el EjecutivoFederal y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

Para todos estos temas relacionados con el campo mexicano, se propone la instalación de una o varias mesas de trabajo para perfeccionar estas propuestas e instrumentar los documentos correspondientes.

 

 

La Secretaría de Economía en el marco  de la mesa del diálogo  del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas del campo de su competencia, con los resultados siguientes:

 

 

VIII.     RESERVA ESTRATÉGICA DE GRANOS

 

Las organizaciones productivas manifestaron en la Mesa del Diálogo su preocupación respecto a la situación internacional y nacional sobre el comportamiento del mercado, abasto y consumo de granos, por lo que propusieron al Gobierno Federal la creación de una reserva estratégica de granos.

 

La Secretaría de Economía recibió las diversas propuestas, documentos y estudios que fundamentan la demanda del sector productivo, con el fin de analizarlas y enriquecerlas técnicamente.

 

Como consecuencia de lo anterior y en virtud de la importancia que, en estos momentos, representa garantizar el abasto de productos básicos para el consumo popular a precios accesibles, se estima pertinente la creación de una Reserva Estratégica que, de manera gradual, ordenada y bien orientada, contribuya a corregir los desequilibrios que pudieran presentarse en los mercados correspondientes.

 

 

 

IX.         DECRETO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ZONAS MARGINADAS

 

Como resultado de la inquietud de los sectores productivos durante 2007 respecto a fortalecer el empleo en zonas marginadas, nace por Decreto Presidencial el programa de “Creación de Empleo en Zonas Marginadas”, mismo que establece apoyar el empleo y promover la instalación de centros productivos en aquellas comunidades marginadas que reúnan las condiciones que permitan el desarrollo de empresas que representen fuentes permanentes de empleo, siempre que cuenten con al menos 50 trabajadores inscritos en el IMSS, recibiendo el 100% del monto equivalente de la parte de las cuotas obrero patronales causadas con la Ley del IMSS y el 100% de las aportaciones establecidas en la Ley del INFONAVIT, para todos los trabajadores cuyo salario no exceda de diez salarios mínimos diarios, en los 18 meses inmediatos siguientes a su adhesión al programa. Así mismo las empresas podrán acceder a un paquete de financiamiento en condiciones preferenciales para la construcción de las naves industriales en los centros productivos.

 

Adicionalmente, se otorgará un estímulo fiscal que consiste en la deducción inmediata en el impuesto sobre la renta de las inversiones nuevas en activo fijo, entre otros incentivos.

 

Los sectores productivos sugieren enriquecer el decreto con las siguientes propuestas:

 

1.      Para poder ejercer el programa, es necesario aclarar donde están y cuales son las partidas presupuestales adicionales etiquetadas para este fin, aprobadas por el legislativo, y asignadas en el PEF para el ejercicio fiscal de 2008.

2.      Preveer para el Presupuesto de 2009 una partida especial etiquetada para poder dar suficiencia a las demandas del Programa.

3.      Considerar proyectos productivos rurales, de fomento productivo, agro-negocios y agro-industriales que consideren la generación desde 5 empleos formales.

4.      Incluir zonas con grado de marginación bajo, muy bajo y medio.

5.      Considerar a aquellas localidades que tengan un radio de influencia de 20 km. a la redonda sobre localidades alta y muy alta marginación.

 

Al respecto, la Secretaría de Economía por conducto de la Subsecretaría para las Pymes crea con recursos asignados al presupuesto del Fondo Pyme, el Fondo de Financiamiento para Pymes Rurales en zonas marginadas.

 

Este fondo  nace con una aportación inicial de 50 millones de pesos, que permitirá financiar de manera directa y en condiciones preferenciales, proyectos productivos en zonas marginadas, o bien, bajo el esquema de garantía donde el financiamiento se multiplica hasta por 5, es decir 250 millones de pesos. Este fondo podrá incrementarse en la medida que se cuente con recursos adicionales para hacer frente a la demanda.

 

Las propuestas que ameritan una modificación al decreto se recogen para su evaluación y en su momento hacerlas llegar a la instancia correspondiente.

 

Se propone, en tal sentido, la conformación de un grupo de trabajo temático que analice a detalle esta propuesta emanada de la Secretaría de Economía a fin de que su eventual aplicación asegure los mejores términos para los productores del campo sin perder la esencia del programa en comento.

 

X. REGULACIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

 

Ante las demanda presentada en las mesas del diálogo por las organizaciones de productores, sobre la falta de regulación en la importación y exportación de productos agropecuarios, la Secretaría de Economía se compromete a instalar y coordinar una mesa de trabajo con las diversas dependencias involucradas y organizaciones productivas, para analizar la situación y acordar las acciones que deberán realizarse por parte del Gobierno para atender esta demanda.

 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las Dependencias responsables, en el marco  de la mesa del diálogo del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas del Movimiento Ciudadano, con los resultados siguientes:

 

XI. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR LA CUAL SE DETERMINA: EN EL ART. 4° DE LA LIETU QUE SEÑALA LOS INGRESOS POR LOS CUALES NO SE PAGARÁ DICHO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, DENTRO DE SU FRACCIÓN III QUEDAN COMPRENDIDOS LOS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ART. 5° DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. QUEDANDO DICHAS ORGANIZACIONES BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISR.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que en el diseño de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se tuvo especial cuidado en la redacción del artículo 6, fracción VI, a efecto de que no se malinterpretara que se deben dar mayores estímulos fiscales a las organizaciones sociales y civiles.

En este sentido, los estímulos que se otorgan cumplen con el espíritu de dicha fracción: “Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que permitan las disposiciones jurídicas en la materia”. Por esta razón, las organizaciones sociales y civiles gozan de los incentivos fiscales contemplados en las disposiciones tributarias, siempre que se ubiquen en los supuestos que éstas establecen.

Respecto a la Ley del IETU, no es posible modificarla para considerar exentas de este impuesto a las organizaciones que realizan las actividades que contempla la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil toda vez que la Ley del IETU precisa que éstas tengan el carácter de donatarias autorizadas conforme a la Ley del ISR.

En este sentido, la SHCP integró un grupo de trabajo para definir qué actividades de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentran contempladas en la Ley del ISR, y otras que pudieran ser incluidas a través de cambios en las regulaciones normativas. Los resultados de este ejercicio permiten vislumbrar que en general la mayoría de las actividades que contempla la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil podrían, bajo los supuestos y controles que establece la Ley del ISR, acceder a obtener la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente.

En el marco del grupo de trabajo referido, la SHCP está en la mejor disposición de atender los planteamientos aquí señalados, por lo que convoca a los interesados a participar en una reunión de trabajo durante la segunda quincena de junio.

 

XII. ACORDAR UNA MESA O COMISIÓN CIVIL PARA GENERAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CON EL EJECUTIVO A CASOS SIGNIFICATIVOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS NO RESUELTOS CON OPORTUNIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS CONVENIENTES.

 

El Gobierno Federal reitera su compromiso de respeto a los derechos humanos y está en la mejor disposición de atender la mesa solicitada para analizar los diferentes casos planteados.

Al respecto la Secretaría de Gobernación cuenta ya con la información de los casos solicitados por los integrantes del Movimiento Nacional y ha gestionado ante las autoridades competentes, la actualización de cada uno de ellos. En tal virtud, la Secretaría de Gobernación está en capacidad de atender la mesa de trabajo solicitada para revisar conjuntamente el estatus de los asuntos planteados.

 

XIII. INCORPORAR EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA SOCIAL, DE ACUERDO AL ANEXO 1.

 

La Secretaría de Desarrollo Social propone continuar con las mesas de trabajo que para el efecto se instalaron el año pasado para la recepción y revisión de modificaciones a las reglas de operación de los programas sociales que emanan del Ramo 20 presupuestal “ Desarrollo Social “.

La Secretaría ha dado seguimiento, mediante diversas reuniones, a las demandas y peticiones de las Organizaciones de la Sociedad Civil de los años 2007 y 2008, principalmente en materia de vivienda y opciones productivas, y propone la revisión concreta de territorialidades prioritarias, mecanismos transparentes de distribución, convocatorias focalizadas y poblaciones objetivo para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial en la materia. Al respecto, la SEDESOL se ha propuesto impulsar la aprobación de las reglas de la participación social en la Comisión Nacional de Desarrollo Social (Artículo 50 fracción lX de la LGDS).

En el marco de las mesas de trabajo referidas, la SEDESOL está en la mejor disposición de atender los planteamientos aquí señalados, por lo que convoca a los interesados a participar en una reunión de trabajo durante la segunda quincena de junio.

 

XIV. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, ACORDADA EN LA REUNIÓN DEL 23-11-2007 CON EL SUBSECRETARIO DE SALUD.

 

La Secretaría de Salud manifiesta que el periodo de recepción de comentarios a la NOM-046 concluyó el día 2 de mayo de 2008.

Actualmente se encuentran en proceso de análisis los comentarios y propuestas de modificación a la norma. Una vez concluido este proceso, el resultado se presentará ante el Comité Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, contando con 45 días naturales de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para dar respuesta a las observaciones, sesionar el Comité y publicar en el Diario Oficial de la Federación la aceptación parcial o total o en su caso el rechazo de la propuesta de modificaciones.

El plazo de este proceso vence el día 16 de junio. Transcurridos 15 días de la publicación mencionada, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, la versión definitiva de la Norma.

El titular de la Secretaría de Salud sostuvo una reunión de trabajo con organizaciones civiles el pasado 13 de mayo, entre las que participaron las involucradas en el seguimiento en la NOM 046. La reunión tuvo por objeto escuchar sus inquietudes y comentarios. En dicha reunión, se les informó que dada la naturaleza de esta Norma y la polémica suscitada en algunos de los temas que la integran, se constituiría un Comité de expertos para revisar la respuesta a estos comentarios, emitir un dictamen y las recomendaciones correspondientes.

En este contexto, la Secretaría de Salud manifiesta su disposición para atender los planteamientos aquí señalados, y convoca a los interesados a participar en una reunión de trabajo durante la segunda quincena de junio.

 

XV. APROBACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

 

El Reglamento de la Ley General de las Mujeres a una vida Libre de Violencia será próximamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Instituto Nacional de las Mujeres ha instalado un Foro de Interlocución con los Movimientos y Organizaciones de Mujeres para propiciar un espacio de encuentro que permita construir y reforzar alianzas que redunden en el mejoramiento de la condición y posición de las mujeres mexicanas, por lo que reitera su disposición para llevar a cabo reuniones de trabajo con las organizaciones integrantes del Movimiento Ciudadano.

 

 

 

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