Jornada Nacional Clasista y Ciudadana por el Cambio de

Rumbo Económico, Político y Social

A todos los ciudadanos:

La clase política y el actual gobierno pro-empresarial están llevando al país al colapso social y económico. Treinta años bastaron para que los gobiernos neoliberales desmantelaran las instituciones edificadas con sentido social y redistributivo para dar impulso a un modelo económico favorable al gran capital nacional y extranjero en perjuicio de las mayorías trabajadoras de nuestra nación.

Mientras que en diferentes países de América Latina y Europa se ha reconocido el fracaso del modelo económico neoliberal, lo que ha dado lugar a la búsqueda y aplicación de políticas económicas alternativas exitosas, como en el caso de Brasil y Bolivia, en México se mantiene invariable la política gubernamental basada en el libre juego de la fuerzas del mercado. Las consecuencias están a la vista: los programas promovidos por el actual gobierno para combatir la crisis han fracasado rotundamente como quedó demostrado en 2009 con el decrecimiento de la economía (entre el 7 y el 9%) y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Actualmente, México se sitúa en el último lugar de crecimiento económico en América Latina, los índices del producto per cápita han disminuido, mientras que el desempleo, la violencia y la criminalidad se han convertido en graves problemas crónicos y los presupuestos destinados a los sectores de salud, educación, vivienda, ciencia, tecnología e infraestructura social se han reducido drásticamente.

Al comenzar el año, los incrementos al ISR y al IVA, así como el alza de las tarifas de diversos servicios básicos y combustibles erosionaron al ya de por sí alicaído poder de compra de los salarios, profundizando los estragos de la crisis económica sobre la planta productiva, el empleo y la economía popular. Mientras los costos de la crisis se transfieren de nueva cuenta a los trabajadores y a las clases medias, los privilegios fiscales de los grandes empresarios resultan intocables para un régimen ciego y sordo ante los reclamos de las mayorías, pero servil y dócil ante los intereses de los capitales transnacionales y sus socios nacionales.

A pesar de los saldos adversos de sus políticas el gobierno federal se muestra decidido a mantenerlas y profundizarlas. Este es el mensaje tras la propuesta gubernamental de Reforma de Estado que busca fortalecer al presidencialismo autoritario, y reducir las atribuciones del Poder Legislativo, promueve la reelección consecutiva de diputados y soslaya los mecanismos de participación social como la iniciativa ciudadana, el referéndum o la revocación de mandato. Es lo que está implícito en la pretensión de impulsar una nueva reforma energética para profundizar la privatización del sector, en la reforma educativa que degrada la calidad de la educación y en los renovados intentos para imponer una contrarreforma laboral a fin de legalizar la subcontratación de personal, flexibilizar y abaratar la contratación y el despido además de conculcar el ejercicio de derechos fundamentales como el de organización autónoma o el de huelga.

Durante el año anterior, el gobierno federal se negó, tercamente, a reconocer la severidad de la crisis económica, hoy se apresura a proclamar el final de la emergencia, señalando además, que el 2010 será el año de la recuperación, y que vamos por la ruta debida. Lamentablemente, todos los análisis económicos serios indican lo contrario. El rebrote de la inflación que afecta principalmente a los productos de la canasta básica, la incierta recuperación de la economía norteamericana de la que depende mucho el mercado nacional y el aumento de la pobreza alimentaria son sólo tres de los indicadores que desmienten al triunfalismo gubernamental.

Pero la autocomplacencia no es el único problema del actual gobierno, a lo largo de tres años la única constante ha sido el apego dogmático a las recetas neoliberales de apertura comercial indiscriminada, desregulación, privatización y libre mercado. En todos los demás órdenes de la vida social, incluido el del combate al narcotráfico, su conducta parece guiarse por las conveniencias políticas de corto plazo y por las presiones de los poderes de facto como el gobierno norteamericano o las televisoras, sin que exista algún proyecto estratégico que le brinde coherencia o consistencia a los actos del gobierno. Esta condición se ha recrudecido después de la derrota electoral del partido gobernante en 2009 y es la explicación de la cerrazón gubernamental ante las voces críticas.

Las descalificaciones en contra de aquellos que han cuestionado los incrementos a los combustibles y los golpes en contra de los mineros, los electricistas, los campesinos, los trabajadores de la educación, además de la persecución y asesinato de diversos luchadores sociales, revelan un curso de acción autoritario, en el que el único interés que cuenta es el de los aliados empresariales y políticos del régimen.

Con base en lo anterior el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, ha decidido fortalecer la lucha en demanda de la rectificación inmediata de las políticas económicas que alientan la desigualdad, el desequilibrio y el estancamiento.

Exigimos la transformación de la política económica nacional de nuestro país, un primer paso en esta dirección, debe ser la concertación de un incremento salarial de emergencia que se oriente a resarcir la pérdida sufrida por los salarios como consecuencia de la crisis económica y la reciente escalada de precios. Esta medida debe ser parte de un programa nacional anti crisis que incluya acciones para reactivar el mercado interno por medio del fomento al desarrollo agropecuario e industrial además de programas permanentes para la producción de alimentos básicos, el desarrollo científico y tecnológico, la recuperación del poder adquisitivo del salario y la generación de empleos, tanto en el campo como en la ciudad. El impulso de un nuevo modelo de desarrollo rural sustentado en los valores y derechos de los mexicanos que habitan en el campo y en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, así como el control de precios para los artículos de la canasta básica y la renegociación del TLCAN, son temas fundamentales de este programa.

Este proyecto requiere de recursos económicos adicionales que podrían obtenerse por medio de una reforma económica, hacendaria y fiscal, que tenga carácter progresivo, es decir que garantice que paguen más impuestos quienes tengan más ingresos, que elimine los privilegios fiscales indebidos y que contribuya a la redistribución de la riqueza nacional, en la medida que fortalezca el salario y permita incrementar el presupuesto destinado al gasto social, a la protección del medio ambiente y a la inversión productiva.

Desde luego la modificación del sistema político mexicano excluyente, corporativo y antidemocrático es condición indispensable para darle sustento a estas acciones. Entre los mecanismos que la sociedad demanda desde hace años para avanzar en este terreno figuran principios como la democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana), la democracia participativa con instrumentos para garantizar la participación social en el diseño e instrumentación de políticas públicas y fórmulas para concretar la rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos exijan y hagan justiciables estos derechos. Esto es, una democracia no sólo representativa sino también participativa, que permita el compromiso de los ciudadanos con su propio gobierno y la definición de grandes ejes que orienten las políticas públicas. La defensa del estado laico ante los embates de la derecha y del clero es otro de los principios torales nuestro Movimiento.

A fin de lograr estos propósitos es necesario revertir la tendencia autoritaria con que el gobierno ha respondido ante los conflictos sociales. Para nuestro Movimiento resulta inadmisible que se pretenda criminalizar la protesta social. Nada justifica, por otra parte, la eliminación arbitraria e ilegal de fuentes de trabajo, ni la injerencia del gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales, campesinas o ciudadanas. Por ello demandamos al Poder Legislativo la aprobación de una nueva ley de amnistía y exigimos al Poder Ejecutivo la solución, inmediata y en el marco del respeto pleno de los  derechos laborales, de los conflictos que involucran al Sindicato Minero y al SME. ¡¡Basta ya de agresiones en contra de las organizaciones y los luchadores sociales!!

Demandamos, finalmente, un diálogo abierto y serio entre las distintas fuerzas económicas, políticas y sociales del país para definir un proyecto de nación incluyente y con posibilidades de desarrollo. El Movimiento Nacional convoca a todas las fuerzas progresistas del país (sindicatos, organizaciones civiles, campesinas, intelectuales, académicos, estudiantes, ecologistas, consumidores, amas de casa) a profundizar nuestro Pacto Clasista y Ciudadano para llevar a cabo un programa de lucha que ofrezca una alternativa de la sociedad frente a la crisis económica y ante el riesgo de que se produzca un estallido social de consecuencias impredecibles si se mantiene la actual política económica y social. El Plan de Acción se iniciará con la MAGNA MARCHA NACIONAL del 29 de enero de 2010 y contempla, entre otras acciones, la huelga de pagos del servicio eléctrico y la preparación de la huelga política nacional. En el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia y del centenario de la Revolución Mexicana debemos reivindicar los valores y principios de igualdad, libertad, independencia económica y justicia social.

¡¡CONTRA LA CARESTIA Y A FAVOR DEL EMPLEO!!

¡¡RESPETO A LOS DERECHOS DE ELECTRICISTAS Y MINEROS!!

Enero del 2010.

Por la Coordinación Nacional del Movimiento

“POR LA UNIDAD DE LA ALIANZA CLASISTA Y CIUDADANA PARA

CAMBIAR EL RUMBO DE MÉXICO”

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Sindical Mexicano, Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

Documento en formato para impresión(PDF)

El pasado 1 de septiembre las organizaciones campesinas, civiles y sindicales que conformamos este Movimiento llevamos a cabo una Jornada de Lucha que incluyó diversas acciones, entre ellas nos manifestamos ante la sede del Congreso de la Unión para dirigirnos al Pueblo de México y a los miembros de la LVI Legislatura.

1)    Al pueblo de México lo convocamos a construir un proceso para articular y coordinar los  esfuerzos de las diversas organizaciones sociales  para modificar el rumbo económico y el régimen político del País. La situación actual reclama de parte de todos el esfuerzo que nos corresponde para cambiar el rumbo de México y así evitar que se mantengan estancados los procesos de desarrollo socioeconómico y democratización, como ha ocurrido en los últimos años.

2)    A los legisladores los emplazamos a asumir plenamente sus funciones de representante de la soberanía popular y que atiendan al conjunto de nuestros planteamientos, consideramos que es posible que la nueva Legislatura asuma el liderazgo institucional en el cambio de modelo socioeconómico, por ello asumimos la responsabilidad del riesgo de, otra vez más, sentarnos a dialogar. Pretendemos agotar todas las posibilidades para un cambio pacífico del País.

Con el fin de tener un diálogo con la LVI legislatura propusimos una agenda cuyo contenido principal parte del reconocimiento de que la superación de la crisis económica es un proceso que está ligado a la transformación del régimen político. Ello requiere del acuerdo entre las fuerzas partidarias que conforman la actual legislatura para concertar con la sociedad un programa encaminado a La Reconstrucción Económica y al Desarrollo con Justicia y Bienestar Social, así como del cambio de las relaciones entre gobierno y sociedad. Esto último es el principal déficit de nuestra democracia, por lo tanto el más urgente a cubrir. Ambos procesos deben sustentarse en la defensa de los Derechos Humanos de la población y en el cambio de rumbo de la política económica. El respeto irrestricto a la integralidad de los derechos humanos, constituye, en consecuencia, nuestro marco de referencia.

Lo sustantivo será -tratándose de una agenda de la sociedad para el cambio del régimen económico, político y social- los contenidos y alcances de una serie de iniciativas que deben tener como prioridad a la ciudadanía, su bienestar y desarrollo social, así como la participación de calidad de la sociedad civil. Se trata de un cambio en todos los órdenes de la vida política, de un nuevo contrato social capaz de hacer de los derechos humanos integrales los principios reguladores de la vida social. Para ello se requiere de:

Reforma del Régimen de Gobierno

Renovar el Sistema Político en los ámbitos de la Representación Social y del Estado de Derecho. En lo político, se propone encontrar nuevos equilibrios y contrapesos entre los poderes de la República y órdenes de gobierno, así como nuevas formas de colaboración entre ellos. Pero sobre todo, se propone redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad para dar pasos hacia la democracia participativa.

La Reforma Social y Democrática del Estado, que ha impulsado nuestro Movimiento cobra hoy mayor vigencia, propugna una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad, que implica tanto la profunda democratización del régimen político como la reestructuración del sistema económico, para promover su modernización y eslabonamiento de las cadenas productivas, redefinir la política economía orientada hacia una nueva estrategia industrial, que modifique el papel del Estado, sus mecanismos de intervención y regulación de los mercados, así como el diseño de políticas públicas. Este conjunto de reformas que el país requiere constituyen las bases de nuestro proyecto alternativo de nación.

Reforma Social de la Economía

Impulsar políticas económicas que propicien el desarrollo, la sustentabilidad, la equidad y competitividad de la economía nacional, en el mundo global; al mismo tiempo que preserven su autonomía en aspectos clave como la propiedad de la nación sobre los recursos estratégicos, para así preservar la soberanía. Se requieren políticas para fortalecer la economía nacional, disminuir la desigualdad, desarrollar el mercado interno, redistribuir el ingreso, generar empleos formales y con plenos derechos y recuperar el crecimiento del sector agropecuario.

Reforma de la Política Social

Se requiere no sólo incrementar los recursos sino también modificar la orientación de las políticas para pasar de la compensación al desarrollo y al fortalecimiento del tejido social, hacer frente a los nuevos problemas asociados a la expansión urbana y la migración. Recuperar la centralidad de la seguridad social por encima de la protección social, incluyendo con ello la garantía de vigilancia que asegure el cumplimiento y perfeccionamiento de la legislación laboral. Establecer instrumentos que permitan pasar de la compensación a los grupos “vulnerables” a las estrategias de reconocimiento e inclusión de la diversidad.

Democratización del mundo del trabajo

Establecer una nueva relación entre el Estado, la Sociedad y el Trabajo. En la que se recupere la centralidad del trabajo como eje articulador de la sociedad para, así evitar, que se separen y diferencien los derechos laborales, de los derechos económicos, sociales y culturales, que releva a las empresas y al capital de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En cada una de estas reformas tenemos apartados y propuestas específicas, para discutirlas requerimos definir:

-       El método de discusión.

-       La representación de la Legislatura y de los diversos grupos parlamentarios, así como la representación del Movimiento en cada una de las mesas que se constituyan.

-       El calendario de discusión.

-       Las normas de discusión y la conformación de una Secretaría Técnica que facilite el seguimiento de diálogos y acuerdos.

 Que el Congreso decida asumir su función de representante de la sociedad, es necesario pero no suficiente, se requiere también que el movimiento social mantenga sistemáticamente su capacidad de presión política y propuesta para exigir el respeto a los derechos ciudadanos. La fuerza social es la única garantía del cumplimiento de  los acuerdos. Esta es una tarea que nos involucra a todos. Sólo a partir de nuestra participación podremos edificar una nación que esté a la altura de las grandes gestas que conmemoramos en 2010. Ante la cerrazón de un gobierno que insiste en mantener, a toda costa, las políticas neoliberales, será la sociedad civil organizada la que rescate y haga valer la soberanía e independencia de nuestro país y la que promueva la urgente transformación económica, política y social necesaria para que México ocupe, con dignidad, el lugar que le corresponde en el mundo.

“POR LA UNIDAD DE LA  ALIANZA CLASISTA Y CIUDADANA PARA CAMBIAR EL RUMBO DE MÉXICO”

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Central Campesina Cardenista(CCC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana – Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional Los de Abajo.

 (ver Documento completo, PDF, para impresion) (

1.     Aprobar la propuesta de Agenda Legislativa del Movimiento, así como la estrategia de Trabajo con el Poder Legislativo.

2.     Aprobar el Plan de Acción del Movimiento que incluya las movilizaciones del 1º. de septiembre, 14 de septiembre,  20 de noviembre y 4 de diciembre.

3.     Impulsar el fortalecimiento de la estructura de nuestro Movimiento. Completar el proceso de Firma del Pacto en los estados, así como los ajustes en sus mecanismos de funcionamiento.

4.     Nuestro Movimiento desplegará la más amplia acción en el ámbito internacional, a fin de fortalecer nuestras alianzas y de denunciar la falta de respeto a los derechos humanos y laborales por parte del gobierno de México.

5.     El Movimiento impulsará el Diálogo con diversos actores políticos y sociales entre los que se encuentran el Poder Legislativo, la CONAGO y otros referentes políticos y sociales, a fin de avanzar en la consecución de sus objetivos para la democratización y el cambio del régimen económico, político y social de nuestro país.

6.     Aprobar el Posicionamiento Político del Movimiento, que se dará a conocer el 1º. De Septiembre.

7.     El Movimiento condena el golpe de estado en Honduras y exige la restitución del Presidente Legítimo Manuel Zelaya.

8.     El Movimiento ratifica su apoyo al Sindicato Minero en su lucha en defensa de su autonomía sindical. Exigimos la resolución satisfactoria de las huelgas estalladas desde hace más de dos años.

9.     El Movimiento expresa su apoyo total al Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, actualmente en huelga.

10. Condenamos el cobarde asesinato del Diputado Armando Chavarría, en el Estado de Guerrero.

11. Nuestro Movimiento apoyará a las organizaciones que integran nuestro Pacto Político en el Estado de Hidalgo y que próximamente llevarán a cabo un foro temático en el que se abordará la problemática política, económica, laboral, social y campesina en la entidad.

12. Solidaridad con los Trabajadores de la Universidad de Baja California Sur.

El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética,

 los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

A todas las organizaciones pertenecientes a este Movimiento, a participar en la 2ª. Asamblea Nacional que se llevará a cabo el 21 de agosto del 2009, a partir de las 10:00 hrs., con el propósito de fortalecer nuestra estructura interna, actualizar nuestros lineamientos estratégicos e impulsar la siguiente etapa de nuestro Plan de Acción, de conformidad con las siguientes bases:

1.      La Asamblea Nacional se celebrará en la Ciudad de México en las instalaciones del Centro de Convenciones del SNTSS ubicado en Calzada de Tlalpan No. 1721, Colonia del Carmen, Coyoacán (Metro General Anaya).

2.      De los participantes: podrán participar en la 2ª. Asamblea Nacional todas aquellas organizaciones que formen parte de los referentes que conforman nuestro Movimiento. Cada organización registrará previamente a sus delegados.

3.      Todas las organizaciones participantes deberán presentar un listado de sus delegados a la Comisión de Logística y Organización a más tardar el día 17 de agosto del año en curso.

4.      La conducción de las sesiones plenarias de la Asamblea será responsabilidad de la Coordinadora Nacional del Movimiento.

5.      El Orden del Día de la Asamblea, será el siguiente:

4     Registro y acreditación de  delegados,

4     Lectura del Orden del Día,

4     Inauguración,

4     Balance,

4     Programa de Acción:

ð         Fortalecimiento interno del Movimiento.

ð         Interlocución con el Poder Legislativo: propuesta de Agenda Legislativa.

ð         Interlocución con los diferentes sectores de la sociedad.

ð         Estrategia internacional.

}        Posicionamiento Político del Movimiento ante el 1ª de septiembre de 2009, y

}        Clausura.

Fraternalmente

México, D. F., a 5 de agosto de 2009.

 Movimiento Nacional  por la Soberanía Alimentaría y Energética,

 Los Derechos Sociales y las Libertades Democráticas

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM),  Movimiento Nacional los de Abajo.

Unión Nacional de Trabajadores

Jornada Nacional de Lucha por una Salida Democrática a la Crisis

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que afectó a nuestro país, las organizaciones que integramos a la UNT y el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas nos vimos en la necesidad de posponer la movilización conmemorativa del Día Internacional del Trabajo. La UNT reivindica, una vez más, el indiscutible valor de esta manifestación obrera en el contexto de la lucha social de los trabajadores y sus aliados. La movilización internacional del Primero de Mayo se ha convertido en el principal foro para que los trabajadores del campo y la ciudad manifestemos, de cara a la nación, nuestras demandas y propuestas.

Esto último adquiere hoy en día una mayor trascendencia política debido a la severa crisis económica que se desencadenó el año pasado y que se ha recrudecido tras el decreto de contingencia sanitaria reciente. Algunos hechos sirven para ilustrar la gravedad de esta situación: los funcionarios del gabinete económico han reconocido que en el primer semestre del año la economía nacional ha caído alrededor de un 8%, los puestos de trabajo perdidos se contabilizan en cientos de miles, mientras que, en diversas empresas, como las del sector aeronáutico, se anuncian recortes de salarios, prestaciones y personal. A todo lo anterior hay que agregar los paros técnicos que ya se han hecho comunes en sectores como el  automotriz así como el drástico incremento de la deuda externa del gobierno y el desplome del sector turístico.

Superar esta crisis es, sin lugar a dudas, una prioridad nacional. Por ello se requiere construir urgentemente un Nuevo Pacto Social que le permita al país transitar hacia el crecimiento y el desarrollo económico, erradicando al mismo tiempo el corporativismo e impulsando la democratización y modernización del sistema de relaciones laborales. Crisis como ésta representan una clara oportunidad de cambio. Pero, el actual  gobierno fiel a sus intereses político electorales y a los compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales y sus aliados empresariales, ha preferido ignorar o minimizar las graves repercusiones sociales de la crisis y apostar por la continuidad de una política económica que, una y otra vez, se ha mostrado incapaz de generar crecimiento económico y empleos dignos.

Se soslaya, de esta manera, el daño causado a la planta productiva nacional por la crisis, por los años de aplicación a ultranza de las políticas de ajuste económico neoliberal y por el reforzamiento del añejo régimen de control corporativo de Estado. Estamos, no hay que olvidarlo, ante una crisis que se ha reflejado en todo el sistema productivo surgido a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Los empresarios y funcionarios de gobierno responsables por esta situación, durante años señalaron reiteradamente que la intervención del Estado era la causa de todos los males de nuestra economía. Paradójicamente, hoy reclaman al Estado como solución a la bancarrota del sistema y exigen su intervención para rescatar con fondos públicos, a sus negocios y mantener así sus privilegios.

En contraste con lo anterior, poco o nada se ha hecho para restituir la pérdida sufrida por el poder de compra de los salarios o para rescatar los fondos para el retiro de los trabajadores. Los conflictos laborales sin solución se acumulan día con día, mientras que las autoridades laborales se esmeran más por convertirse en parte del problema que en aportar soluciones viables y equitativas, allí está el caso de los mineros como botón de muestra de dicha actitud.

En síntesis, los trabajadores mexicanos, una vez más, somos los principales damnificados de la crisis. La reforma laboral regresiva promovida por el titular de la STPS y la pretensión de cobrar IVA en medicinas y alimentos son dos proyectos que profundizan esta situación.

Para la UNT es inadmisible que se pidan nuevos sacrificios a los trabajadores del campo y la ciudad, ya que somos nosotros quienes resentimos cotidianamente las secuelas de la crisis y quienes hemos pagado con la pérdida de empleos y el brutal descenso de nuestro nivel de vida, el costo de la emergencia económica. Rechazamos que, ante la crisis, se propongan medidas como “dividir o reducir el salario y las prestaciones para no despedir más trabajadores” o los paros técnicos, ya que con ellas se agudiza el deterioro, tanto de nuestro nivel de vida como de nuestras condiciones laborales. De la misma manera nos oponemos a que se recorte aun más el gasto social destinado a educación, salud y vivienda y a que se cobren nuevos impuestos a los artículos de primera necesidad.

La propuesta de los trabajadores.

Nuestro país requiere viabilidad; porque el estancamiento de la economía, el desempleo creciente, el aumento del empleo precario, la quiebra de la pequeña y mediana empresa, la incapacidad para atender las emergencias sanitarias, la pérdida de la soberanía alimentaria y la galopante masificación de la miseria y la pobreza nos sitúan ante las puertas de una grave crisis social.

Ante la nula eficacia de las políticas anticrisis del Poder Ejecutivo, proponemos al Congreso de la Unión que asuma la responsabilidad de concertar con la sociedad un “Programa Nacional para la  Reconstrucción Económica y el Desarrollo con Justicia y Bienestar Social” que nos permita, a partir de la implementación de políticas de austeridad en todos los niveles de la administración pública obtener ahorros y generar los recursos económicos necesarios para fortalecer al gasto social y promover la reconstrucción y modernización de las cadenas productivas.

El ejercicio transparente del presupuesto del sector público es el otro ingrediente fundamental  del programa. Solo a partir de la aplicación oportuna y eficaz del gasto gubernamental y de la optimización y control social del ejercicio del presupuesto público, aunado a la implementación de un déficit prudente será posible cumplir con objetivos como: desarrollar y ampliar la infraestructura económica y social, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y garantizar  el pago oportuno a los proveedores gubernamentales.

Estas medidas junto con el Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo de los Salarios, podrán generar un mayor dinamismo del mercado interno, con lo que se ampliarán las fuentes de trabajo, se preservarán los actuales puestos de trabajo y se generarán nuevos empleos. Lo anterior deberá complementarse con diversas iniciativas tendientes a impulsar la impostergable democratización del mundo del trabajo, eliminado el cáncer que representa el contratismo de protección y abriendo paso a una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, ajena al corporativismo sindical y empresarial.

En este contexto, la reconstrucción de nuestro maltrecho sistema de salud y seguridad social así como todos aquellos programas y políticas que permitan promover la educación, el conocimiento, la investigación, la innovación científico-tecnológica y la formación y capacitación profesional de la mano de obra se convertirán en los detonadores de la actividad productiva y la competitividad. Bajo estas condiciones será factible establecer verdaderos acuerdos bilaterales entre las empresas y los sindicatos representativos acerca de temas como la capacitación, la profesionalización de los trabajadores o la calidad y la productividad, en donde los trabajadores sean actores fundamentales en la toma de decisiones, a diferencia del Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral que pactó recientemente el gobierno con los líderes del sindicalismo corporativo. Simulacro de acuerdo en el que lo más destacable es el nulo involucramiento de los trabajadores. La UNT se opone a este tipo de acuerdos cupulares y excluyentes que continúan cargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y solo favorecen el interés de los empresarios, con el aval entreguista de algunos líderes corporativos del Congreso del Trabajo.

Lo que requiere nuestro país frente a la crisis es un Nuevo Acuerdo Nacional plural e incluyente de todas las fuerzas políticas y sociales, en el cual el Estado, asuma  cabalmente su responsabilidad social en el marco del desarrollo económico con justicia y equidad y del respeto irrestricto a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Ante la cerrazón del actual gobierno que, solo presta atención a sus aliados empresariales y que ante los innegables estragos de la crisis prefiere cerrar los ojos o simplemente mirar hacia otro lado, las organizaciones de los trabajadores recurrimos a la movilización y a la lucha social.

Por ello la UNT convoca a todas las organizaciones sociales y ciudadanas a participar en la Jornada Nacional de Lucha que se llevará a cabo el próximo 3 de Junio y que incluirá por la mañana diversas acciones de protesta que servirán para preparar la movilización nacional conmemorativa del Día Internacional del Trabajo que se realizará ese mismo día a las 16:30 horas. En la Ciudad de México, esta marcha partirá del Monumento a la Revolución y concluirá con un  mitin en el Zócalo capitalino. En el resto del país organizaremos marchas y mítines simultáneos.

Todas estas acciones así como la Jornada de Protesta impulsada por el SME el primero de junio forman parte del programa de lucha del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para cambiar el régimen político y económico de nuestra nación.

México, D. F., a 1º. de Junio de 2009.

 “POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

EVENTO: FIRMA DEL PACTO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL  POR LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.

A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN EL DÍA (PROPUESTA 7 U 8 DE MAYO  O 21 O 22 DE MAYO DE 29)

LUGAR FACTIBLE: CENTRO DE CONVENCIONES SIGLO XXi

CONVOCAN ORGANIZACIONES DE LA UNT

INVITADOS ESPECIALES:

IVONNE ORTEGA PACHECO: GOBERNADORA DEL ESTADO

LIC. ÁNGEL PRIETO MÉNDEZ: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

DR. GILBERTO BALAM PEREIRA: DESTACADO LUCHADOR SOCIAL GALARDONADO CON EL PREMIO DE CIENCIAS E INDIGENISMO EN 1991 CON LA “MEDALLA YUCATÁN 1992” AL MÉRITO INVESTIGATIVO Y CON EL PREMIO INTERNACIONAL “MEDALLA MARTÍN DE LA CRUZ” EN 1993. TAMBIÉN OBTUVO EL MÁXIMO GALARDÓN QUE SE OTORGA A LOS YUCATECOS DISTINGUIDOS EN LOS CAMPOS DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LAS ARTES “LA MEDALLA ELIGIO ANCONA EN EL 2008”

DRA. SILVIA ZENTENO RUANO: MEDICO DEL HOSPITAL OHORAN, INTEGRANTE DE KAIROS ASESORES EN SALUD, A.C. COMUNICADORA SOCIAL TRABAJA EN LA RADIO “SISTEMA RASA” CONDUCIENDO EL PROGRAMA BARRA  CIUDADANA EN EL QUE BRINDA UN ESPACIO PARA LAS EXPRESIONES DEMOCRÁTICAS EN EL ESTADO.

DR. JESÚS PEREZA MENÉNDEZ: LUCHADOR SOCIAL, ANTROPÓLOGO INVESTIGADOR Y COLUMNISTA DE VARIAS REVISTAS Y DEL PERIÓDICO POR ESTO.

SINDICATOS INVITADOS ESPECIALES: SIND. DE TRABAJADORES DEL INAH, SIND. DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE YUCATÁN. SIND. DE TRABAJADORES DEL CINVESTAV, SIND. ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE YUCATÁN.

ESTA ES HASTA EL MOMENTO LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA LA FIRMA DEL PACTO POLÍTICO EN YUCATÁN, ESPERANDO SU OPINIÓN AL RESPECTO.

FRATERNALMENTE

“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”

El gobierno federal debe dar cabal respuesta a las demandas presentadas
previamente por nuestro Movimiento

Desde hace al menos dos años, hemos señalado el peligro de crisis que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica. Hoy, cuando está por cumplirse el segundo aniversario de nuestra Declaración del Zócalo, después de realizar varias movilizaciones, ejercer acciones de presión política y acudir a innumerables reuniones con la representación del gobierno federal; denunciamos que el Poder Ejecutivo continúa evadiendo su responsabilidad, por lo que no ha dado respuestas concretas a nuestros planteamientos y que, las decisiones que ha tomado en materia de política económica, lejos de resolver los problemas de fondo, asociados con la crisis, profundizan la difícil situación que afrontan desde hace varios años los trabajadores del campo y ciudad, quienes, como consecuencia de lo anterior se han visto afectados por la crisis en su empleo, ingresos y bienestar social.

Reiteramos que para enfrentar los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, hace falta una transformación urgente de la política económica, en la que, la revitalización del mercado interno, mediante la promoción del empleo digno con salario remunerador, se convierta en el nuevo eje de las políticas públicas, de manera que se garantice un desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía.

Como consecuencia de la aplicación en las políticas monetaristas y de libre mercado, el país se encontraba en una situación particularmente vulnerable ante la inminencia de la crisis que se venía gestando desde hace varios años. En ello incidían la evidente incapacidad política, la subordinación ante los lineamientos impuestas desde los organismos financieros internacionales, así como la falta de previsión del gobierno federal, que se apoyaba en la idea de que la contingencia económica era simplemente una turbulencia momentánea, que provenía del exterior y que podría conjurarse por medio de algunos ajustes pequeños, siempre que se mantuvieran y profundizaran la disciplina fiscal y las reformas estructurales neoliberales.

El llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo y excluyente, que se olvida de los más pobres de la ciudad y el campo y no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el de la política fiscal, financiera, monetaria y bancaria, catalizadoras del desarrollo, por lo que podemos afirmar que, con este programa no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros, para atenuar los efectos de la misma. Son medidas que se enfocan, en su mayoría, a respaldar a los empresarios y que provienen de otros programas de gobierno que ya estaban en ejecución.

Este programa gubernamental soslaya algunos de los temas sociales más importantes asociados con la crisis, como: la urgente renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN y la necesidad de modificar e incrementar el llamado Objetivo Mínimo para la producción de maíz. Cuyo monto actual (2,100 pesos por tonelada del maíz), no alcanza para cubrir los costos de producción por lo que deja fuera del mercado a la mayor parte de los productores nacionales. Es necesario, por otra parte, aplicar un factor de ajuste con base en el maíz, para el resto de los productos agrícolas elegibles, de manera que no se desaliente la producción nacional de granos básicos, ni se afecte, en consecuencia, la soberanía alimentaria.

Otros problemas relevantes que no considera el proyecto del gobierno federal son: el impacto del alza en los precios de los combustibles en el sector primario de la economía, así como las pérdidas sufridas por los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las AFORES, la venta de cartera vencida por el INFONAVIT, el problema de las tasas de interés bancaria, particularmente de las tarjetas de crédito, el desempleo y el descenso del poder de compra de los salarios.

Con base en lo anterior, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar en la Jornada Nacional de Lucha del 26 al 30 de enero, en la que haremos una magna movilización de la Columna de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y simultáneamente en las plazas públicas de los Estados.

Para impulsar el cambio de rumbo económico y político del país, se requiere construir con la participación plural de la sociedad una política económica alternativa con un Estado de legalidad y de derecho, laico, capaz de garantizar la seguridad económica, laboral, patrimonial, certeza jurídica, así como la justicia social, la equidad, el bienestar y seguridad social, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Este proyecto de Nación que presentaremos ante los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo además de la CONAGO, contendrá diversas políticas de Estado de fomento a la industria, al desarrollo agropecuario, a la generación de empleo con plenos derechos tanto en la ciudad como en el campo; la educación y el desarrollo tecnológico, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y funcionará como palanca para reactivar la actividad económica.

Para construir esta alternativa, se requiere de un gran acuerdo nacional, NO CORPORATIVO, plural y democrático de todos los sectores sociales; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa y que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

POR UN PROYECTO DE NACIÓN ALTERNATIVO

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM), Movimiento Nacional Los de Abajo.

El Gobierno Federal presentó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. Con este programa el Ejecutivo pretende salir al paso de las crecientes críticas que, desde distintos frentes, se habían realizado debido a la actitud pasiva y autocomplaciente de las autoridades gubernamentales ante la crisis económica mundial. En la presentación de las 25 acciones que integran este proyecto, el Titular del Ejecutivo reconoció por fin que la grave recesión de los Estados Unidos afectará el desempeño de la economía mexicana pero minimizó este hecho con una clara pretensión electorera, reiterando que con una rígida disciplina fiscal y sus reformas estructurales, nuestro país estará en mejores condiciones para sortear los efectos de la crisis. Esta es la idea que determina los alcances y el tono mismo del proyecto gubernamental que pretende aminorar las secuelas negativas de la crisis para evitar, de esta manera, el voto de castigo en los próximos comicios electorales. Un breve análisis de las medidas planteadas por el Ejecutivo servirá para dar cuenta de lo anterior. En materia de empleo el presunto Acuerdo considera cuatro medidas: la aplicación de apoyos hacia las empresas afectadas por la crisis a fin de prevenir los recortes de personal; la ampliación del programa de empleo temporal, es decir, precario y sin derechos; incrementar en cuatro meses el tiempo en que el Seguro Social puede atender a los trabajadores que pierdan su empleo, cuando en realidad ya lo habían reducido de seis a tres meses y mayores facilidades para que los trabajadores despedidos se autofinancien gastando su propio fondo de ahorro para el retiro. Esta última medida, en el fondo, perjudica a los trabajadores porque, en el caso de que más adelante vuelvan a acceder a un empleo formal, los obligará a trabajar durante más tiempo para tener derecho a jubilarse, pone en riesgo, en consecuencia, su futuro patrimonio. Para apoyar la economía popular se incluyen, entre otras acciones, el congelamiento en los precios de las gasolinas y la reducción en un 10% de las tarifas del gas LP, medidas positivas, ciertamente, pero que se asumen tardíamente, ya que los incrementos de diversos productos y servicios, como consecuencia del encarecimiento experimentado por estos combustibles en los últimos meses, ha erosionado severamente la economía de las familias mexicanas, sin que el gobierno, hasta la fecha, haya establecido algún tipo de medida para resarcir el daño infligido al poder de compra de la población. Es de llamar la atención que, para efecto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se impulse la reducción de las tarifas eléctricas para consumo industrial, pero que no ocurra lo mismo con el consumo doméstico. El proyecto del gobierno, parte de la falsa tesis de que basta con aportar algunos apoyos al sector empresarial para que en automático los beneficios correspondientes se derramen al resto de la sociedad. Paradójicamente, la cuantía de los recursos comprometidos para incrementar el programa de construcción, de infraestructura, ampliar el crédito agropecuario y fortalecer la acción de la banca de desarrollo, parece quedarse muy por debajo de los requerimientos de un país, en el que, la generalización del desempleo y el subempleo se ha convertido en un problema crónico y que próximamente deberá enfrentar a la expulsión de la mano de obra migrante en los Estados Unidos. Finalmente, las medidas propuestas para dotar de una mayor transparencia al ejercicio del gasto del sector público, representan un reconocimiento implícito de la manera discrecional con que los últimos gobiernos, incluido el actual, manejan estos recursos. Dicha propuesta no es un verdadero avance, ya que la obligación mínima constitucional del gobierno es, justamente, la de ejercer su presupuesto con equidad y transparencia. Las omisiones en esta materia, han generado fuertes reclamos de las organizaciones civiles y campesinas por políticas arbitrarias, como la modificación unilateral de las reglas de operación o el subejercicio del presupuesto social. Blindar los programas sociales del gobierno federal a fin de garantizar su aplicación oportuna y equitativa, evitando el uso corporativo, clientelar y electorero, es una necesidad impostergable que deberá asumir el poder legislativo ante la fuerte desconfianza que la conducta del actual gobierno suscita en amplios sectores sociales. En síntesis, el llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo que no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el del crónico déficit fiscal, indispensables para obtener los recursos que el gobierno necesita para impulsar las inversiones productivas, las exportaciones y el consumo, tampoco toca la política financiera, monetaria y bancaria, por lo que podemos afirmar que, con este programa, no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir algunas medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros. El Ejecutivo Federal no sólo pretende ocultar la verdadera dimensión de la crisis global, sino que también soslaya las dificultades que nuestro país enfrenta desde hace varios años para lograr un crecimiento económico aceptable y generar empleos. Problemas que se han reflejado en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis del campo y el estancamiento del mercado interno. Ello explica las grandes ausencias y omisiones de este programa gubernamental, en el que no se contemplan programas para el fomento del desarrollo industrial que permitan restablecer las cadenas productivas, severamente dañadas por las políticas de apertura comercial a ultranza aplicadas en los últimos años, ni la concertación de acciones para alentar la producción de alimentos básicos. Mucho menos se considera la aplicación de programas para controlar los precios de los artículos que integran la canasta básica, ni para recuperar gradualmente y mediante diversas medidas directas e indirectas, el poder adquisitivo de los salarios. El ejercicio real de la libertad, la democracia y la autonomía de las organizaciones sociales, como garantía para el establecimiento de compromisos reales para superar la crisis, es otra de las grandes ausencias del proyecto del Ejecutivo; lo mismo ocurre con otros temas que son esenciales para el bienestar de los trabajadores, como la posible autorización de incrementos salariales superiores a la inflación; el fortalecimiento del crédito al salario; la ampliación de los servicios de servicios de salud; educación, transporte y alimentación gratuitos y de calidad; el establecimiento del seguro de desempleo y de un régimen solidario de pensiones y jubilaciones; la reducción sustancial de las tasas de interés crediticio, como las tasas de referencia del Banxico para disminuir el costo del financiamiento, las tasas de interés de la banca comercial y de las tarjetas de crédito y, finalmente, la generación de empleos dignos, estables y con plenos derechos. Un elemento esencial para sustentar estos y otros planteamientos, es la contratación colectiva auténtica; por ello, resulta indispensable erradicar los mecanismos de simulación laboral que en los últimos años han servido para privar a sectores importantes de trabajadores de sus derechos laborales más elementales. Tal es el caso de los contratos de protección patronal, los esquemas de subcontratación y tercerización o los contratos por honorarios, entre otros. La activación real de negociaciones de estímulos a la productividad, salarios y condiciones laborales en las empresas por medio de los Contratos Colectivos de Trabajo es un factor de primera necesidad en la ruta para superar los efectos sociales de la crisis. El programa dado a conocer por el Ejecutivo contiene medidas que no pueden desecharse. Sin embargo, deja de lado asuntos torales para el desarrollo del país, como los arriba mencionados y ratifica, con algunos matices de corto alcance, las líneas generales de una política económica que ha resultado incapaz de resolver los graves problemas de la planta productiva nacional y que ha profundizado la concentración del ingreso nacional y el estancamiento del mercado interno. Por si todo esto fuera poco, el supuesto Acuerdo fue firmado de manera corporativa por las organizaciones oficiales del sindicalismo empresarial, laboral y campesino que no representan a las familias mexicanas y mucho menos, defienden la economía popular, ni garantizan el bienestar y la participación de los principales actores de nuestra economía: las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario hacer notar que el gobierno, en ningún momento, convocó a las organizaciones sociales para discutir las posibles alternativas ante la crisis. Lo que hoy se pretende presentar como un acuerdo nacional es en realidad una colección de acciones que provienen, en su mayoría, de programas gubernamentales que ya están en ejecución. Medidas que el gobierno federal modificó levemente para diseñar su programa anticrisis. Se trata de un programa en el que los principales destinatarios de las tímidas acciones de apoyo gubernamental son los mismos empresarios que se han beneficiado por las políticas de desregulación y libre mercado aplicadas desde hace mas de 20 años y que, ahora que la crisis se profundiza, insisten en que los trabajadores deben compartir los costos de la misma, moderando sus demandas y aceptando los paros técnicos y la reducción de sus prestaciones. En la propuesta del gobierno federal, por otra parte, no se menciona ni media palabra acerca de las pérdidas sufridas por los ahorros de los trabajadores afiliados al régimen de las AFORES, ni del problema de la venta de la cartera vencida del INFONAVIT. Lo que demuestra el carácter inequitativo de un proyecto concebido, en realidad, para respaldar a los empresarios y transferir los costos de la crisis a los trabajadores. Por todas estas razones la UNT no puede avalar una propuesta como ésta, que en el mejor de los casos, resulta insuficiente para enfrentar la crisis. Desde hace al menos 2 años, hemos denunciado el peligro que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica de nuestro país. Hoy, justamente cuando está por cumplirse el segundo aniversario de que se diera a conocer la Declaración del Zócalo, reiteramos que la alternativa para resolver los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, requiere de una transformación radical de la política económica, en la que la revitalización del mercado interno se convierta en el eje de las políticas públicas, de manera que se garantice el desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía. En este marco, las acciones de fomento a la industria y al desarrollo agropecuario, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación salarial funcionará como palanca para reactivar la actividad económica. Para ello, se necesita una reforma fiscal progresiva y multianual que aporte los recursos necesarios al gobierno federal. Si los empresarios en verdad desean compartir los costos de la crisis, un buen comienzo puede ser que se decidan a cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales. Ineludible, resulta también, una reforma a fondo del sector financiero que, entre otros objetivos, evite el cobro de comisiones y tasas de interés usureras, aliente la inversión productiva en el campo y la industria, que fortalezca además la banca de desarrollo y evite el manejo especulativo de los recursos que manejan las compañías financieras. Para construir esta alternativa, desde luego se requiere de un gran acuerdo NO CORPORATIVO de todos los sectores sociales con el gobierno; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, un acuerdo que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, mediante instrumentos como el Consejo Económico y Social de Estado. En los próximos días acudiremos a diversos foros como el que convoca el senado a explicar nuestro proyecto y junto a otras fuerzas del sindicalismo democrático, de las organizaciones ciudadanas y del movimiento campesino, nos movilizaremos el próximo 30 de enero para exigir del gobierno federal y el Congreso de la Unión una respuesta satisfactoria a nuestros planteamientos. Apoyaremos los proceso de revisión salarial y contractual de las organizaciones afiliadas a la UNT, ya que a través de ellos será posible avanzar en la construcción de las alternativas de la sociedad ante la crisis, en esta vía promoveremos las alianzas con otros referentes sociales para avanzar en la transformación democrática de nuestra nación e impulsar un nuevo modelo de economía al servicio de las mayorías de nuestro país

.
COMUNICADO DE MEDIOS
MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMETARIA Y ENERGETICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS.

4 DICIEMBRE DE 2008

El movimiento de la Alianza Clasista integrado por obreros y campesinos reprobaron esta mañana la política económica y social del gobierno federal y calificación con cero su productividad en empleo, salud, educación y seguridad social. No hay resultados, y por tanto, urge aplicar cambios en el modelo económico de desarrollo y tomar como eje para salir de la situación actual al mercado interno.

En conferencia de prensa, los organismos que integran este movimiento aseguraron que el año de 2009 será extremadamente difícil. En ese sentido, aseguraron que el impacto en el empleo, los salarios y las condiciones de vida en general será muy fuerte, por lo que anunciaron una movilización de protesta y de propuesta este próximo 30 de enero de 2009, que marca el inicio de otras actividades en todo ese año.

En ese contexto, determinaron que si la situación no cambia, los trabajadores, campesinos y sociedad civil se abstendrán de emitir su voto a favor de los candidatos del PAN en las próximas elecciones intermedias. Será un voto de castigo, coincidieron, por el fracaso del modelo económico.

El movimiento, aseguraron, no apuesta a la radicalización de las acciones, porque con ello se daría pie para la destrucción de la propia alianza clasista. No obstante, la movilización será más contundente puesto que la política económica y social del gobierno pende de alfileres y es necesario modificarla con un sentido social.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT y uno de los que encabezaron la citada conferencia, estimó: el gobierno en dos años ha sido incapaz de darle soluciones al movimiento, cierto es que si ha habido acercamiento, pero éste no ha mostrado voluntad política ni para resolver nuestras demandas más inmediatas, ni para discutir a fondo nuestros proyectos. Esto nos lleva a pensar que hemos llegado a acuerdos en el acercamiento y el gobierno ha sido omiso en su cumplimiento, sostuvo el dirigente obrero.

En la conferencia, efectuada en céntrico hotel capitalino, todos y cada uno de los representantes del sector obrero, campesino y social, externaron sus puntos de vista sobre las políticas a seguir por el movimiento durante 2009, las cuales, insistieron deben estar fundamentadas en planteamientos más enérgicos. Sólo de esta manera, consideraron, se podrá presionar para recuperar los empleos perdidos y aumentar el poder adquisitivo del salario.

Plantearon la renegociación del TLC en su capítulo agropecuario y una revisión a fondo del programa nacional del campo. Es contradictorio, aseguraron, que el gobierno defienda al TLC y al su vez no reconozca las necesidades del campo, el cual enfrenta una situación de abandono. Por ello, dijeron, se construirá una propuesta alternativa a la política para el desarrollo rural, misma que se presentará en abril próximo.

Los asistentes acordaron dar todo su apoyo, económico, político y solidario a los trabajadores del Sindicato Minero, el cual el cual es objeto de presiones empresariales y gubernamentales, violentado la propia constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Al presentar el plan de acción para lo que resta del 2008 y la primera mitad del 2009, los representantes de obreros y campesinos acordaron defender el ahorro de los trabajadores, virtualmente expropiado por las políticas irresponsables de las administradoras de fondos para el retiro y los bancos.

Así mismo, adelantaron que al inicio de la próxima legislatura se promoverá una iniciativa de ley para la derogación de la actual Ley del ISSSTE e iniciarán una campaña de información para rechazar la imposición al Décimo transitorio de la misma ley.

Entre otras cosas, criticaron las negociaciones sobre el salario mínimo que regirá durante 2009 y demandaron una negociación incluyente, abierta y democrática, porque no se puede aceptar un nuevo incremento que sólo alcance para cubrir el valor de un boleto del metro. El salario mínimo no es fórmula para resolver la problemática de los trabajadores, por lo que exigieron al gobierno la presentación de un programa permanente de protección del empleo y recuperación salarial; así mismo rechazaron la política de topes salariales.

Recientemente fueron congeladas todas las cuentas bancarias que constituyen el patrimonio sindical de los trabajadores mineros. Posteriormente fueron detenidos los dirigentes Juan Linares Montúfar y Carlos Pavón Campos, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Con estas acciones, el Gobierno pretende descabezar a esta organización gremial y abortar las huelgas en Taxco, Cananea y Sombrerete. Con lo que se profundiza la política antisindical que ha caracterizado al actual gobierno y que combina los ataques a la libertad de organización sindical con la falta de respeto a los derechos humanos y laborales de los ciudadanos y el uso de recursos como el conflicto de carácter económico para intentar obligar a los trabajadores a renunciar a sus prestaciones y conquistas laborales.

En el caso de los mineros, la detención arbitraria e ilegal de sus dirigentes representa la continuación de una actitud gubernamental agresiva que principió con la promoción de diversos sindicatos blancos en el sector Minero Metalúrgico y que actualmente se concreta con la negativa de la STPS a otorgar la toma de nota de la dirigencia del Sindicato Minero.

Cabe hacer notar que la aprehensión de los dirigentes mineros se llevó a cabo de manera violenta y sin que mediara la orden judicial correspondiente. Tampoco se han esclarecido los motivos de la detención ya que, ante los medios, se han aportado versiones contradictorias.

Lo que sí está perfectamente claro es que el objetivo del gobierno es quebrantar la voluntad de lucha del Sindicato, debilitando las huelgas estalladas en varias minas y entorpeciendo las gestiones que dicha organización está llevando a cabo para esclarecer el homicidio industrial de Pasta de Conchos y rescatar los cuerpos de los trabajadores que murieron en dicho incidente.

Para conseguir lo anterior, priva al sindicato de sus recursos económicos y encarcela a sus dirigentes. Prueba de ello es la política de hostigamiento hacia los mineros y sus familias a lo largo y ancho del país, así como el congelamiento de las cuentas personales de algunos de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coah.

El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, denuncia el uso faccioso de los poderes del Estado ya que el recrudecimiento del conflicto minero ocurre justamente en el momento en que toma posesión el nuevo Secretario de Gobernación, cuya vinculación con el Bufete Jurídico que se encarga de gestionar los intereses de la Minera México, es del conocimiento público.

Por todo lo anterior nuestro Movimiento exige:

·  Excarcelación inmediata de los dirigentes mineros ilegalmente detenidos.

·  Descongelamiento de las cuentas del Sindicato Minero y de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

·  Alto a las agresiones en contra del Sindicato Minero.

·  Respeto irrestricto a la autonomía e independencia sindicales.

·  Reconocimiento inmediato a la dirigencia del Sindicato Minero.

¡Basta ya de agresiones en contra del movimiento obrero!, no podemos admitir que el gobierno, para satisfacer los intereses de sus aliados empresariales recurra al uso de la represión y atropelle los derechos humanos, políticos y laborales de los ciudadanos. Convocamos a todas las organizaciones ciudadanas, campesinas y sindicales así como a los ciudadanos en general a participar en la marcha que realizaremos hoy 9 de diciembre para protestar en contra de la actitud arbitraria de las autoridades de nuestro país. La movilización se iniciará a las 17:00 horas del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación. Nuestro Movimiento organizará una campaña internacional de denuncia en contra de la actitud facciosa y autoritaria del Gobierno Federal por lo que recurriremos a instancias como la OIT, en donde presentaremos los elementos que demuestran que en nuestro país la justicia laboral y penal se tuerce en función de los intereses creados y conveniencias políticas.

¡¡Este 9 de Diciembre todos al Monumento a la Revolución!!

¡¡En defensa de la autonomía y la libertad sindical!!

¡¡Liberación inmediata de los dirigentes mineros detenidos!!

¡¡Alto a las agresiones en contra de los mineros y los demás sindicatos!!

¡¡Rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos y castigo a los responsables por este homicidio industrial!!

México, D. F., a 9 de diciembre del 2008.