TRANSMISION EN VIVO DEL MITIN 1 DE JULIO EN EL ZOCALO

Transmision en vivo DESDE ZOCALO DE LA CIUDAD DE MEXICO por Ustream

DESDE PROVINCIA NOS TRASMITEN:

Mitin en Cuernavaca por Ustream

Desde 2007 los integrantes del Movimiento, hemos levantado la voz para denunciar una política gubernamental que, lejos de resolver, agrava la problemática del pueblo; que demuestra torpeza para hacer frente a la crisis económica, alimentaria e institucional. En ese sentido, afirmamos que crisis no llega de fuera, sino que es producto de las decisiones obtusas de un gobierno que prioriza los intereses del capital en perjuicio de los intereses del pueblo. Un gobierno que antepone la violencia y la persecución por encima del respeto de los derechos humanos de la población. Un gobierno de derecha que sólo ha promovido la polarización, la inequidad y la desigualdad.

Un gobierno que trata a los trabajadores como delincuentes y pretende resolver los conflictos sociales con la represión; un gobierno de derecha que permite que los ciudadanos mexicanos sean flagrantemente asesinados en nuestra frontera, que la organización social sea criminalizada y, finalmenete, que las propuestas de los sectores campesino, sindical y civil se topen únicamente con oídos sordos, porque este gobierno de derecha no sabe dialogar.

Nos manifestamos el día de hoy para dar cuenta de los esfuerzos por constituir un Frente Social, Amplio y Plural y para solidarizarnos con nuestros compañeros y compañeras del SME —con más de 60 días de huelga de hambre—, de la CNTE, del Sindicato Minero y de sus luchas en Taxco, Sombrerete, Cananea y Pasta de Conchos; asi mismo, para exigir un alto a la represión en Chiapas y demandar el cese de la persecución, represión, y el asesinato de dirigentes sociales.

Nuestro programa de trabajo, contempla los siguientes ejes de acción:

1).      Una Jornada Nacional de Lucha, para la transición democrática y el respeto al Estado de Derecho. En defensa de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad y las libertades democráticas.

2).      Una campaña internacional de denuncia de las violaciones a los derechos humanos y laborales por parte del gobierno federal y estatales.

3).      Ampliar y consolidar nuestro Movimiento en todo el territorio nacional. Hasta el momento ya se ha ratificado nuestro Pacto Político en 10 estados de la República.

4).      Privilegiar el diálogo con el Poder Legislativo, cuya agenda contempla la incorporación de mecanismos de participación social en la definición de las principales políticas públicas, con lo que se sustentaría un nuevo modelo económico que reemplazaría al actual, que sólo beneficia a un reducido sector de empresarios nacionales y de capitalistas transnacionales.

Entre nuestras principales demandas están:

1).      Exigimos una solución pacífica y negociada de los conflictos que involucran a mineros, electricistas, maestros y trabajadores de la Banca de Desarrollo. Exigimos que se detenga la actual política de agresiones en contra del sindicalismo independiente, así como el cabal respeto a la autonomía, la libertad sindical, los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos. Rechazamos rotundamente la reforma pro empresarial de la Ley Federal del Trabajo que promueve la STPS.

2).      Impulsamos la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, por lo que demandamos la derogación de la aberrante Ley Antiinmigrante del Estado de Arizona y demandamos al gobierno federal una actitud más firme en defensa de nuestros connacionales. Demandamos el cese de las agresiones racistas en la frontera con los Estados Unidos y exigimos la extradición de quienes han agredido y asesinado a nuestros compatriotas. Mientras esto último no se resuelva, no debe admitirse la extradición de ningún ciudadano mexicano a los Estados Unidos.

3).      Ante la sumisa e indigna actitud del gobierno panista, nuestro Movimiento exige que se establezca una relación que supere las asimetrías con los Estados Unidos y Canadá, en todos los ámbitos, por lo que insistimos en la renegociación del TLCAN.

4).      Nuestro Movimiento ratifica su compromiso a favor de la soberanía alimentaria y energética de la Nación, por lo que exige el establecimiento de políticas públicas para reactivar al sector agropecuario, cuyo punto de partida sea, la formulación y establecimiento en forma conjunta con las organizaciones campesinas a fin de que tengan viabilidad. De la misma manera seguiremos combatiendo la privatización del sector energético, una de cuyas expresiones es la inconstitucional disolución de Luz y Fuerza del Centro.

5).      Nuestro Movimiento insiste en que un elemento crucial para reactivar el mercado interno, además de las políticas de fomento industrial y generación de empleos, es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la que puede lograrse con medidas como: el aumento salarial de emergencia, programas para resarcir el poder de compra de los salarios, el congelamiento de los productos que integran la llamada canasta básica, el congelamiento de las tarifas de los servicios que ofrece el sector público, el combate a la evasión y elusión fiscal, así como una nueva política fiscal de carácter progresivo, entre otras.

6).      Dado el abandono a la cultura, la educación, investigación en nuestro país y la creciente dependencia científica y tecnológica, exigimos el aumento al presupuesto educativo y el impulso a los proyectos de investigación que se realizan en todos los centros de investigación y docencia. Demandamos el cumplimiento irrestricto del artículo tercero constitucional. Nos pronunciamos por la defensa de la educación pública, gratuita, laica, científica y popular.

Sabemos que este gobierno de derecha está dispuesto a defender a través de la fuerza, lo que no logra legitimar en las urnas; es por ello, que nuestro pacto clasista es fundamental para cambiar el rumbo del país. Los trabajadores y las trabajadoras del campo y la ciudad, así como la ciudadanía impactada por estas medidas, tenemos que estar unidos en torno a las demandas y reivindicaciones de nuestro proyecto alternativo de nación.

Lo anterior es doblemente importante si tomamos en cuenta el clima de polarización y degradación política que rodea a los próximos comicios de julio. Al bochornoso espectáculo de las campañas sucias, que incluyen el uso y dispendio de recursos públicos para fines electorales, el espionaje telefónico y el amedrantamiento judicial, ahora se agrega el asesinato de candidatos a cargos de elección popular, como en Tamaulipas. Estos hechos son reveladores de la acción de grupos que, al amparo de la inacción y de la debilidad gubernamental, buscan imponer sus condiciones a la sociedad recurriendo incluso, al chantaje y la violencia. Pero también son la muestra más visible del fracaso de las políticas gubernamentales en materia de desarrollo social y de combate al crimen organizado. No hay duda en que las políticas autoritarias que criminalizan la protesta social, que cancelan derechos sociales, que promueven la marginación y la exclusión de amplios sectores de la población son el caldo de cultivo ideal para que prospere el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico.

Para nuestro Movimiento, la disyuntiva es clara: o continúan las actuales políticas públicas excluyentes, depredadoras de los recursos de la nación y generadoras de pobreza con la consecuente agudización de la espiral violencia y de confrontación social o emprendemos desde la sociedad las dos grandes tareas pendientes de nuestro País: la verdadera democratización del régimen político para desterrar todo vestigio de autoritarismo y construir una democracia participativa, así como el cambio de rumbo de la política económica para recuperar el desarrollo económico, generar empleos, reducir la inequidad, rescatar el campo mexicano y en suma, reactivar el mercado interno recuperando el poder de compra de los salarios.

Este es el compromiso de nuestro Movimiento de cara a la Nación y es la única alternativa real para superar la actual condición de estancamiento económico, exclusión social y degradación política que hoy padece nuestro país.

Celebramos que los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan reconocido la injusticia cometida contra los dirigentes sociales de San Salvador Atenco y declararan la libertad de los 12 detenidos desde mayo de 2006; esperamos que lo mismo acontezca con el resto de los digentes sociales que se encuantran en la misma situación.

¡¡Detengamos la ofensiva derechista, encabezada por el Gobierno Federal!!

¡¡Libertad a los presos políticos!!

¡¡Avancemos hacia la constitución del Frente Social Amplio!!

México, D. F, a 1 de julio de 2010.

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Sindical Mexicano (FSM), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

Rechazo Total a la Reforma Laboral del Gobierno Federal

Por la Democratización del Mundo del Trabajo

 Documento completo para impresión (PDF)

Este primero de mayo de 2010, abre una nueva etapa de la lucha política y social de los trabajadores. Estamos enfrentando al régimen político autoritario, a la crisis sistémica global y a las contradicciones particulares del capitalismo mexicano. Contradicciones que han sido agudizadas por el empecinamiento de la oligarquía y su gobierno, quienes persisten en la aplicación dogmática de las caducas recetas neoliberales que solo han traído miseria, desempleo y desesperanza a millones de mexicanos y bonanza a un pequeño puñado de la clase dominante.

Cuando en el mundo se debaten y cuestionan las políticas neoliberales que sólo han profundizado la brecha social y creado un sinfín de tensiones y conflictos a lo largo y ancho del planeta, en México se insiste en aplicar ese modelo, sin reparar en las gravísimas consecuencias que aparecen a la vista de todos. Todo esto agravado por un supuesto combate a la delincuencia organizada, que ha enlutado a millares de hogares mexicanos, roto las precarias libertades democráticas y pisoteado los más elementales derechos humanos.

El primero de mayo de 2010 refleja la intensa polarización social, derivada de la imposición de una estrategia antilaboral, que se expresa en un aumento progresivo del desempleo y del empleo precario; de la caída del poder adquisitivo de los salarios y del poder de compra de las grandes mayorías de nuestra población; de la disminución continua de nuestra soberanía alimentaria y la expulsión de nuestra mano de obra campesina a las grandes urbes y al extranjero y de la paulatina pérdida de derechos democráticos y políticos a raíz de la militarización creciente de la vida social.

Por ello, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas convoca a todos los trabajadores del campo y la ciudad y a todos los ciudadanos mexicanos, a participar en la Jornada Nacional de Lucha en el Día Internacional del Trabajo, bajo las siguientes consideraciones:

1.    La crisis económica amenaza convertirse en una crisis social de grandes dimensiones, dado que los intentos de recuperación se hacen a costa del empleo y del nivel de vida de los trabajadores. La OIT ha declarado que el nivel récord de desempleo con que inició el presente año es apenas “la punta del iceberg” de un problema más serio que ha generado 212 millones de desempleados en todo el mundo y 100 millones de trabajadores en condiciones de pobreza.

2.    Estas circunstancias se ven agravadas en México por el apego del gobierno federal a una inamovible política económica neoliberal, que sacrifica el desarrollo del mercado interno y el poder de compra de los salarios, en aras de la integración subordinada a los mercados internacionales y a la defensa a toda costa de los intereses de sus socios empresariales.

3.    Esta estrategia laboral de Calderón y Lozano, se basa en una política que legaliza la subcontratación de los trabajadores, así como el contratismo de protección patronal, lo que ha llevado a agresiones contra los sindicatos independientes y democráticos. Lo ocurrido con los mineros de Cananea, petroleros de la UNTTyP, maestros de la CNTE, los electricistas del SME, así como las agresiones empresariales al Sindicato de Agentes de Seguros en el Estado de Jalisco, es ilustrativo de esta política.

4.    Luego de casi tres años de huelga en Sombrerete, Taxco y Cananea, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró concluidas las relaciones de trabajo en la mina de Cananea. El sindicato minero ha obtenido un amparo provisional y varios amparos individuales, así como la entrada ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos,  ante esta arbitraria decisión, pero, con la negativa a conceder  la protección de la justicia a los trabajadores avalada por Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre la puerta al posible desalojo violento de los huelguistas, cuyas consecuencias funestas serán responsabilidad directa de las autoridades laborales, que han actuado con total parcialidad protegiendo los intereses del empresario Jorge Larrea.

5.    Nuestros compañeros del SME han iniciado una huelga de hambre masiva ante la cerrazón del gobierno federal, que ha bloqueado todas las opciones para una solución negociada y con apego a los derechos laborales. Este conflicto se originó en el inconstitucional decreto que disolvió una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, dejando ilegalmente sin empleo a más de 44 mil electricistas.

6.    Nuestro movimiento apoya totalmente a los trabajadores del SME y del sindicato minero; reitera su rechazo a esta política laboral de Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón que criminaliza la protesta social y que cancela, con procedimientos arbitrarios, inconstitucionales e ilegales, las conquistas sociales contenidas en los contratos colectivos; todo ello para favorecer las oportunidades de negocio de sus aliados, propiciando con ello la privatización del sector energético y el predominio en la industria minera de los grupos empresariales  afines al actual régimen. 

7.    Esta política facciosa se ha presentado con diversos matices y modalidades, en sectores productivos y de servicios tan importantes como la educación, la ciencia y tecnología y el aerotransporte, entre otros, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de los intereses de la nación. Las autoridades laborales federales, en su labor de divisionismo y de abierta injerencia en la vida interna de los sindicatos, son parte siempre del problema, antes que de la solución.

8.    La posición antisindical del actual gobierno tiene su expresión más acabada en la iniciativa de ley que el PAN presentó recientemente en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa pretende volver legales muchos de los procedimientos autoritarios que el gobierno ha utilizado en los últimos años para intimidar a las organizaciones obreras y  conculcar sus derechos. De esta manera, las autoridades del Trabajo y el Partido Acción Nacional —los brazos ejecutivos y políticos del “Presidente del Empleo”—, pretenden reformar la Ley Federal del Trabajo, tal y como lo han intentado con una visión neoliberal distintos gobiernos desde hace 30 años. Estos intentos los trabajadores los hemos rechazado enfática y reiteradamente, porque atentan contra nuestros derechos.

9.    La propuesta gubernamental pretende debilitar al sindicalismo al entorpecer el ejercicio del derecho de huelga, imponer nuevas restricciones a la organización autónoma de los trabajadores, legalizar la subcontratación del personal y facilitar los despidos; flexibiliza, unilateralmente, el uso de la fuerza de trabajo, blinda la contratación colectiva de protección patronal y vuelve precarios los empleos.

10. Se afirma, de manera retrógrada, que para promover la productividad, la competitividad y atraer inversiones se debe eliminar la supuesta rigidez del mercado laboral. Esta actitud reaccionaria encubre que ésta tiene sus raíces en la estructura económica del actual modelo productivo y del régimen corporativo provocada, entre otros hechos, por la exigua inversión en ciencia y tecnología, por la baja productividad de las empresas y el abuso de la mano de obra barata, con escasa formación y calificación. Todo ello, para profundizar el modelo económico neoliberal, que ha sido cuestionado fuertemente en diversos  países por su incapacidad para generar desarrollo económico y social en favor de las mayorías.

11. Se oculta con ello, que la verdadera causa de la crítica situación de la economía nacional, es la ausencia de una política económica y de desarrollo industrial que fomente la inversión productiva en el campo y la ciudad, que aliente la  innovación tecnológica; así como, el incremento  del empleo formal y estable que contribuya a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y el bienestar social; en suma, se requiere de una política para el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno bajo condiciones de justicia y equidad.

12. La propuesta del Ejecutivo de ninguna manera es una solución, sólo servirá para anular los derechos de los trabajadores y abaratar la mano de obra. El Banco Mundial reportó para este año una ganancia adicional de 39% para los dueños del capital, lo que representa una gigantesca concentración de la riqueza, que de seguro se recrudecerá, de prosperar la iniciativa laboral del PAN.

13. La intención del PAN con esta iniciativa, es continuar con sus llamadas “reformas estructurales” de orientación neoliberal, que sólo favorecen las actuales posiciones patronales que son contrarias a los intereses de los trabajadores y de la mayoría de mexicanos al suprimir el descuento de cuotas sindicales, restringir el radio acción de los sindicatos, limitar el pago de salarios caídos así como la reinstalación de los  trabajadores despedidos. Pretende finalmente, legalizar que el gobierno y los patrones se inmiscuyan en la vida interna de las organizaciones sindicales

14. Para enfrentar estas políticas los trabajadores debemos luchar a partir de la acción política, colectiva, unitaria y solidaria, tanto en el centro de trabajo, como en el ámbito político y social, para influir en los acontecimientos y no depender solamente de cómo se diriman las formas de la confrontación entre los poderes, e incidir a partir de nuestra fuerza política en los espacios de poder.

15. Una reforma integral del modelo de relaciones laborales que beneficie a los trabajadores sólo se podrá dar si hay un genuino proceso de construcción de una propuesta desde la base del mundo del trabajo, con todas las fuerzas político-sindicales, y posteriormente entre los factores de la producción. Sólo de esta manera será posible arribar a  conclusiones benéficas para todo el país, y no sólo para aquellos que se han enriquecido a expensas de los auténticos creadores de la riqueza, que son los que menos participan en la distribución del ingreso nacional.

16. La acumulación de conflictos sin resolver, la arbitrariedad y parcialidad de las autoridades federales, el fracaso de la estrategia gubernamental para crear empleos estables, combatir el narcotráfico y la ausencia de una política de desarrollo, configuran un ambiente de extrema polarización que puede convertirse en una crisis política y social de consecuencias impredecibles.

Es por todo lo anterior que para el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, la mejor manera de honrar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco es: defender los derechos laborales hoy en día bajo asedio; exigir la resolución inmediata de los conflictos de electricistas del SME, de los mineros, de los trabajadores de la CNTE, y de otros sectores; reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población; así como, demandar la implantación de una política integral de desarrollo agropecuario e industrial, el reconocimiento a la formación de los sindicatos de obreros agrícolas y jornaleros, reivindicamos la defensa del derecho a la educación, publica, laica y gratuita e insistir en la liberación de los presos políticos y sociales.

Para nuestro movimiento, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia encaminada a modificar de raíz el modelo económico y el régimen político y social de nuestra nación, que implica la  indispensable democratización y modernización del mundo del trabajo. México necesita de un gran acuerdo político para lograr estos objetivos, con la participación de la sociedad en la construcción y ejecución de las políticas públicas. Hasta hoy el gobierno federal se niega a discutir estos temas con las diversas organizaciones sociales.

Por ello, este primero de mayo no es una fecha más, sino el inicio de la intensificación de la protesta y la lucha organizada contra la política económica y sindical del gobierno federal. En tal razón, nos movilizaremos en la ciudad de México y a lo largo y ancho del territorio nacional, ratificando nuestro pacto político y exigiendo a los poderes Ejecutivo y Legislativo que haya un diálogo efectivo, para resolver de una vez por todas, los conflictos sociales urgentes e iniciar el cambio de rumbo, que requiere nuestra nación para impulsar el desarrollo con Justicia, Libertad y Democracia.

Condenamos unánimemente la ley contra los trabajadores migrantes en Arizona

Reivindicamos la carta de derechos para los trabajadores migrantes

Contra la intromisión de la STPS en los asuntos internos de los sindicatos

Por la solución inmediata de los conflictos del sindicato minero y el SME

Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Sindical Mexicano, (FSM) Central Campesina Independiente (CCI), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios,(FENSU) Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

Jornada Nacional Clasista y Ciudadana por el Cambio de

Rumbo Económico, Político y Social

A todos los ciudadanos:

La clase política y el actual gobierno pro-empresarial están llevando al país al colapso social y económico. Treinta años bastaron para que los gobiernos neoliberales desmantelaran las instituciones edificadas con sentido social y redistributivo para dar impulso a un modelo económico favorable al gran capital nacional y extranjero en perjuicio de las mayorías trabajadoras de nuestra nación.

Mientras que en diferentes países de América Latina y Europa se ha reconocido el fracaso del modelo económico neoliberal, lo que ha dado lugar a la búsqueda y aplicación de políticas económicas alternativas exitosas, como en el caso de Brasil y Bolivia, en México se mantiene invariable la política gubernamental basada en el libre juego de la fuerzas del mercado. Las consecuencias están a la vista: los programas promovidos por el actual gobierno para combatir la crisis han fracasado rotundamente como quedó demostrado en 2009 con el decrecimiento de la economía (entre el 7 y el 9%) y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Actualmente, México se sitúa en el último lugar de crecimiento económico en América Latina, los índices del producto per cápita han disminuido, mientras que el desempleo, la violencia y la criminalidad se han convertido en graves problemas crónicos y los presupuestos destinados a los sectores de salud, educación, vivienda, ciencia, tecnología e infraestructura social se han reducido drásticamente.

Al comenzar el año, los incrementos al ISR y al IVA, así como el alza de las tarifas de diversos servicios básicos y combustibles erosionaron al ya de por sí alicaído poder de compra de los salarios, profundizando los estragos de la crisis económica sobre la planta productiva, el empleo y la economía popular. Mientras los costos de la crisis se transfieren de nueva cuenta a los trabajadores y a las clases medias, los privilegios fiscales de los grandes empresarios resultan intocables para un régimen ciego y sordo ante los reclamos de las mayorías, pero servil y dócil ante los intereses de los capitales transnacionales y sus socios nacionales.

A pesar de los saldos adversos de sus políticas el gobierno federal se muestra decidido a mantenerlas y profundizarlas. Este es el mensaje tras la propuesta gubernamental de Reforma de Estado que busca fortalecer al presidencialismo autoritario, y reducir las atribuciones del Poder Legislativo, promueve la reelección consecutiva de diputados y soslaya los mecanismos de participación social como la iniciativa ciudadana, el referéndum o la revocación de mandato. Es lo que está implícito en la pretensión de impulsar una nueva reforma energética para profundizar la privatización del sector, en la reforma educativa que degrada la calidad de la educación y en los renovados intentos para imponer una contrarreforma laboral a fin de legalizar la subcontratación de personal, flexibilizar y abaratar la contratación y el despido además de conculcar el ejercicio de derechos fundamentales como el de organización autónoma o el de huelga.

Durante el año anterior, el gobierno federal se negó, tercamente, a reconocer la severidad de la crisis económica, hoy se apresura a proclamar el final de la emergencia, señalando además, que el 2010 será el año de la recuperación, y que vamos por la ruta debida. Lamentablemente, todos los análisis económicos serios indican lo contrario. El rebrote de la inflación que afecta principalmente a los productos de la canasta básica, la incierta recuperación de la economía norteamericana de la que depende mucho el mercado nacional y el aumento de la pobreza alimentaria son sólo tres de los indicadores que desmienten al triunfalismo gubernamental.

Pero la autocomplacencia no es el único problema del actual gobierno, a lo largo de tres años la única constante ha sido el apego dogmático a las recetas neoliberales de apertura comercial indiscriminada, desregulación, privatización y libre mercado. En todos los demás órdenes de la vida social, incluido el del combate al narcotráfico, su conducta parece guiarse por las conveniencias políticas de corto plazo y por las presiones de los poderes de facto como el gobierno norteamericano o las televisoras, sin que exista algún proyecto estratégico que le brinde coherencia o consistencia a los actos del gobierno. Esta condición se ha recrudecido después de la derrota electoral del partido gobernante en 2009 y es la explicación de la cerrazón gubernamental ante las voces críticas.

Las descalificaciones en contra de aquellos que han cuestionado los incrementos a los combustibles y los golpes en contra de los mineros, los electricistas, los campesinos, los trabajadores de la educación, además de la persecución y asesinato de diversos luchadores sociales, revelan un curso de acción autoritario, en el que el único interés que cuenta es el de los aliados empresariales y políticos del régimen.

Con base en lo anterior el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, ha decidido fortalecer la lucha en demanda de la rectificación inmediata de las políticas económicas que alientan la desigualdad, el desequilibrio y el estancamiento.

Exigimos la transformación de la política económica nacional de nuestro país, un primer paso en esta dirección, debe ser la concertación de un incremento salarial de emergencia que se oriente a resarcir la pérdida sufrida por los salarios como consecuencia de la crisis económica y la reciente escalada de precios. Esta medida debe ser parte de un programa nacional anti crisis que incluya acciones para reactivar el mercado interno por medio del fomento al desarrollo agropecuario e industrial además de programas permanentes para la producción de alimentos básicos, el desarrollo científico y tecnológico, la recuperación del poder adquisitivo del salario y la generación de empleos, tanto en el campo como en la ciudad. El impulso de un nuevo modelo de desarrollo rural sustentado en los valores y derechos de los mexicanos que habitan en el campo y en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, así como el control de precios para los artículos de la canasta básica y la renegociación del TLCAN, son temas fundamentales de este programa.

Este proyecto requiere de recursos económicos adicionales que podrían obtenerse por medio de una reforma económica, hacendaria y fiscal, que tenga carácter progresivo, es decir que garantice que paguen más impuestos quienes tengan más ingresos, que elimine los privilegios fiscales indebidos y que contribuya a la redistribución de la riqueza nacional, en la medida que fortalezca el salario y permita incrementar el presupuesto destinado al gasto social, a la protección del medio ambiente y a la inversión productiva.

Desde luego la modificación del sistema político mexicano excluyente, corporativo y antidemocrático es condición indispensable para darle sustento a estas acciones. Entre los mecanismos que la sociedad demanda desde hace años para avanzar en este terreno figuran principios como la democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana), la democracia participativa con instrumentos para garantizar la participación social en el diseño e instrumentación de políticas públicas y fórmulas para concretar la rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos exijan y hagan justiciables estos derechos. Esto es, una democracia no sólo representativa sino también participativa, que permita el compromiso de los ciudadanos con su propio gobierno y la definición de grandes ejes que orienten las políticas públicas. La defensa del estado laico ante los embates de la derecha y del clero es otro de los principios torales nuestro Movimiento.

A fin de lograr estos propósitos es necesario revertir la tendencia autoritaria con que el gobierno ha respondido ante los conflictos sociales. Para nuestro Movimiento resulta inadmisible que se pretenda criminalizar la protesta social. Nada justifica, por otra parte, la eliminación arbitraria e ilegal de fuentes de trabajo, ni la injerencia del gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales, campesinas o ciudadanas. Por ello demandamos al Poder Legislativo la aprobación de una nueva ley de amnistía y exigimos al Poder Ejecutivo la solución, inmediata y en el marco del respeto pleno de los  derechos laborales, de los conflictos que involucran al Sindicato Minero y al SME. ¡¡Basta ya de agresiones en contra de las organizaciones y los luchadores sociales!!

Demandamos, finalmente, un diálogo abierto y serio entre las distintas fuerzas económicas, políticas y sociales del país para definir un proyecto de nación incluyente y con posibilidades de desarrollo. El Movimiento Nacional convoca a todas las fuerzas progresistas del país (sindicatos, organizaciones civiles, campesinas, intelectuales, académicos, estudiantes, ecologistas, consumidores, amas de casa) a profundizar nuestro Pacto Clasista y Ciudadano para llevar a cabo un programa de lucha que ofrezca una alternativa de la sociedad frente a la crisis económica y ante el riesgo de que se produzca un estallido social de consecuencias impredecibles si se mantiene la actual política económica y social. El Plan de Acción se iniciará con la MAGNA MARCHA NACIONAL del 29 de enero de 2010 y contempla, entre otras acciones, la huelga de pagos del servicio eléctrico y la preparación de la huelga política nacional. En el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia y del centenario de la Revolución Mexicana debemos reivindicar los valores y principios de igualdad, libertad, independencia económica y justicia social.

¡¡CONTRA LA CARESTIA Y A FAVOR DEL EMPLEO!!

¡¡RESPETO A LOS DERECHOS DE ELECTRICISTAS Y MINEROS!!

Enero del 2010.

Por la Coordinación Nacional del Movimiento

“POR LA UNIDAD DE LA ALIANZA CLASISTA Y CIUDADANA PARA

CAMBIAR EL RUMBO DE MÉXICO”

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Sindical Mexicano, Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

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El pasado 1 de septiembre las organizaciones campesinas, civiles y sindicales que conformamos este Movimiento llevamos a cabo una Jornada de Lucha que incluyó diversas acciones, entre ellas nos manifestamos ante la sede del Congreso de la Unión para dirigirnos al Pueblo de México y a los miembros de la LVI Legislatura.

1)    Al pueblo de México lo convocamos a construir un proceso para articular y coordinar los  esfuerzos de las diversas organizaciones sociales  para modificar el rumbo económico y el régimen político del País. La situación actual reclama de parte de todos el esfuerzo que nos corresponde para cambiar el rumbo de México y así evitar que se mantengan estancados los procesos de desarrollo socioeconómico y democratización, como ha ocurrido en los últimos años.

2)    A los legisladores los emplazamos a asumir plenamente sus funciones de representante de la soberanía popular y que atiendan al conjunto de nuestros planteamientos, consideramos que es posible que la nueva Legislatura asuma el liderazgo institucional en el cambio de modelo socioeconómico, por ello asumimos la responsabilidad del riesgo de, otra vez más, sentarnos a dialogar. Pretendemos agotar todas las posibilidades para un cambio pacífico del País.

Con el fin de tener un diálogo con la LVI legislatura propusimos una agenda cuyo contenido principal parte del reconocimiento de que la superación de la crisis económica es un proceso que está ligado a la transformación del régimen político. Ello requiere del acuerdo entre las fuerzas partidarias que conforman la actual legislatura para concertar con la sociedad un programa encaminado a La Reconstrucción Económica y al Desarrollo con Justicia y Bienestar Social, así como del cambio de las relaciones entre gobierno y sociedad. Esto último es el principal déficit de nuestra democracia, por lo tanto el más urgente a cubrir. Ambos procesos deben sustentarse en la defensa de los Derechos Humanos de la población y en el cambio de rumbo de la política económica. El respeto irrestricto a la integralidad de los derechos humanos, constituye, en consecuencia, nuestro marco de referencia.

Lo sustantivo será -tratándose de una agenda de la sociedad para el cambio del régimen económico, político y social- los contenidos y alcances de una serie de iniciativas que deben tener como prioridad a la ciudadanía, su bienestar y desarrollo social, así como la participación de calidad de la sociedad civil. Se trata de un cambio en todos los órdenes de la vida política, de un nuevo contrato social capaz de hacer de los derechos humanos integrales los principios reguladores de la vida social. Para ello se requiere de:

Reforma del Régimen de Gobierno

Renovar el Sistema Político en los ámbitos de la Representación Social y del Estado de Derecho. En lo político, se propone encontrar nuevos equilibrios y contrapesos entre los poderes de la República y órdenes de gobierno, así como nuevas formas de colaboración entre ellos. Pero sobre todo, se propone redefinir la relación entre el gobierno y la sociedad para dar pasos hacia la democracia participativa.

La Reforma Social y Democrática del Estado, que ha impulsado nuestro Movimiento cobra hoy mayor vigencia, propugna una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad, que implica tanto la profunda democratización del régimen político como la reestructuración del sistema económico, para promover su modernización y eslabonamiento de las cadenas productivas, redefinir la política economía orientada hacia una nueva estrategia industrial, que modifique el papel del Estado, sus mecanismos de intervención y regulación de los mercados, así como el diseño de políticas públicas. Este conjunto de reformas que el país requiere constituyen las bases de nuestro proyecto alternativo de nación.

Reforma Social de la Economía

Impulsar políticas económicas que propicien el desarrollo, la sustentabilidad, la equidad y competitividad de la economía nacional, en el mundo global; al mismo tiempo que preserven su autonomía en aspectos clave como la propiedad de la nación sobre los recursos estratégicos, para así preservar la soberanía. Se requieren políticas para fortalecer la economía nacional, disminuir la desigualdad, desarrollar el mercado interno, redistribuir el ingreso, generar empleos formales y con plenos derechos y recuperar el crecimiento del sector agropecuario.

Reforma de la Política Social

Se requiere no sólo incrementar los recursos sino también modificar la orientación de las políticas para pasar de la compensación al desarrollo y al fortalecimiento del tejido social, hacer frente a los nuevos problemas asociados a la expansión urbana y la migración. Recuperar la centralidad de la seguridad social por encima de la protección social, incluyendo con ello la garantía de vigilancia que asegure el cumplimiento y perfeccionamiento de la legislación laboral. Establecer instrumentos que permitan pasar de la compensación a los grupos “vulnerables” a las estrategias de reconocimiento e inclusión de la diversidad.

Democratización del mundo del trabajo

Establecer una nueva relación entre el Estado, la Sociedad y el Trabajo. En la que se recupere la centralidad del trabajo como eje articulador de la sociedad para, así evitar, que se separen y diferencien los derechos laborales, de los derechos económicos, sociales y culturales, que releva a las empresas y al capital de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En cada una de estas reformas tenemos apartados y propuestas específicas, para discutirlas requerimos definir:

-       El método de discusión.

-       La representación de la Legislatura y de los diversos grupos parlamentarios, así como la representación del Movimiento en cada una de las mesas que se constituyan.

-       El calendario de discusión.

-       Las normas de discusión y la conformación de una Secretaría Técnica que facilite el seguimiento de diálogos y acuerdos.

 Que el Congreso decida asumir su función de representante de la sociedad, es necesario pero no suficiente, se requiere también que el movimiento social mantenga sistemáticamente su capacidad de presión política y propuesta para exigir el respeto a los derechos ciudadanos. La fuerza social es la única garantía del cumplimiento de  los acuerdos. Esta es una tarea que nos involucra a todos. Sólo a partir de nuestra participación podremos edificar una nación que esté a la altura de las grandes gestas que conmemoramos en 2010. Ante la cerrazón de un gobierno que insiste en mantener, a toda costa, las políticas neoliberales, será la sociedad civil organizada la que rescate y haga valer la soberanía e independencia de nuestro país y la que promueva la urgente transformación económica, política y social necesaria para que México ocupe, con dignidad, el lugar que le corresponde en el mundo.

“POR LA UNIDAD DE LA  ALIANZA CLASISTA Y CIUDADANA PARA CAMBIAR EL RUMBO DE MÉXICO”

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Central Campesina Cardenista(CCC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana – Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional Los de Abajo.

 (ver Documento completo, PDF, para impresion) (

1.     Aprobar la propuesta de Agenda Legislativa del Movimiento, así como la estrategia de Trabajo con el Poder Legislativo.

2.     Aprobar el Plan de Acción del Movimiento que incluya las movilizaciones del 1º. de septiembre, 14 de septiembre,  20 de noviembre y 4 de diciembre.

3.     Impulsar el fortalecimiento de la estructura de nuestro Movimiento. Completar el proceso de Firma del Pacto en los estados, así como los ajustes en sus mecanismos de funcionamiento.

4.     Nuestro Movimiento desplegará la más amplia acción en el ámbito internacional, a fin de fortalecer nuestras alianzas y de denunciar la falta de respeto a los derechos humanos y laborales por parte del gobierno de México.

5.     El Movimiento impulsará el Diálogo con diversos actores políticos y sociales entre los que se encuentran el Poder Legislativo, la CONAGO y otros referentes políticos y sociales, a fin de avanzar en la consecución de sus objetivos para la democratización y el cambio del régimen económico, político y social de nuestro país.

6.     Aprobar el Posicionamiento Político del Movimiento, que se dará a conocer el 1º. De Septiembre.

7.     El Movimiento condena el golpe de estado en Honduras y exige la restitución del Presidente Legítimo Manuel Zelaya.

8.     El Movimiento ratifica su apoyo al Sindicato Minero en su lucha en defensa de su autonomía sindical. Exigimos la resolución satisfactoria de las huelgas estalladas desde hace más de dos años.

9.     El Movimiento expresa su apoyo total al Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, actualmente en huelga.

10. Condenamos el cobarde asesinato del Diputado Armando Chavarría, en el Estado de Guerrero.

11. Nuestro Movimiento apoyará a las organizaciones que integran nuestro Pacto Político en el Estado de Hidalgo y que próximamente llevarán a cabo un foro temático en el que se abordará la problemática política, económica, laboral, social y campesina en la entidad.

12. Solidaridad con los Trabajadores de la Universidad de Baja California Sur.

El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética,

 los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

A todas las organizaciones pertenecientes a este Movimiento, a participar en la 2ª. Asamblea Nacional que se llevará a cabo el 21 de agosto del 2009, a partir de las 10:00 hrs., con el propósito de fortalecer nuestra estructura interna, actualizar nuestros lineamientos estratégicos e impulsar la siguiente etapa de nuestro Plan de Acción, de conformidad con las siguientes bases:

1.      La Asamblea Nacional se celebrará en la Ciudad de México en las instalaciones del Centro de Convenciones del SNTSS ubicado en Calzada de Tlalpan No. 1721, Colonia del Carmen, Coyoacán (Metro General Anaya).

2.      De los participantes: podrán participar en la 2ª. Asamblea Nacional todas aquellas organizaciones que formen parte de los referentes que conforman nuestro Movimiento. Cada organización registrará previamente a sus delegados.

3.      Todas las organizaciones participantes deberán presentar un listado de sus delegados a la Comisión de Logística y Organización a más tardar el día 17 de agosto del año en curso.

4.      La conducción de las sesiones plenarias de la Asamblea será responsabilidad de la Coordinadora Nacional del Movimiento.

5.      El Orden del Día de la Asamblea, será el siguiente:

4     Registro y acreditación de  delegados,

4     Lectura del Orden del Día,

4     Inauguración,

4     Balance,

4     Programa de Acción:

ð         Fortalecimiento interno del Movimiento.

ð         Interlocución con el Poder Legislativo: propuesta de Agenda Legislativa.

ð         Interlocución con los diferentes sectores de la sociedad.

ð         Estrategia internacional.

}        Posicionamiento Político del Movimiento ante el 1ª de septiembre de 2009, y

}        Clausura.

Fraternalmente

México, D. F., a 5 de agosto de 2009.

 Movimiento Nacional  por la Soberanía Alimentaría y Energética,

 Los Derechos Sociales y las Libertades Democráticas

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM),  Movimiento Nacional los de Abajo.

Unión Nacional de Trabajadores

Jornada Nacional de Lucha por una Salida Democrática a la Crisis

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que afectó a nuestro país, las organizaciones que integramos a la UNT y el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas nos vimos en la necesidad de posponer la movilización conmemorativa del Día Internacional del Trabajo. La UNT reivindica, una vez más, el indiscutible valor de esta manifestación obrera en el contexto de la lucha social de los trabajadores y sus aliados. La movilización internacional del Primero de Mayo se ha convertido en el principal foro para que los trabajadores del campo y la ciudad manifestemos, de cara a la nación, nuestras demandas y propuestas.

Esto último adquiere hoy en día una mayor trascendencia política debido a la severa crisis económica que se desencadenó el año pasado y que se ha recrudecido tras el decreto de contingencia sanitaria reciente. Algunos hechos sirven para ilustrar la gravedad de esta situación: los funcionarios del gabinete económico han reconocido que en el primer semestre del año la economía nacional ha caído alrededor de un 8%, los puestos de trabajo perdidos se contabilizan en cientos de miles, mientras que, en diversas empresas, como las del sector aeronáutico, se anuncian recortes de salarios, prestaciones y personal. A todo lo anterior hay que agregar los paros técnicos que ya se han hecho comunes en sectores como el  automotriz así como el drástico incremento de la deuda externa del gobierno y el desplome del sector turístico.

Superar esta crisis es, sin lugar a dudas, una prioridad nacional. Por ello se requiere construir urgentemente un Nuevo Pacto Social que le permita al país transitar hacia el crecimiento y el desarrollo económico, erradicando al mismo tiempo el corporativismo e impulsando la democratización y modernización del sistema de relaciones laborales. Crisis como ésta representan una clara oportunidad de cambio. Pero, el actual  gobierno fiel a sus intereses político electorales y a los compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales y sus aliados empresariales, ha preferido ignorar o minimizar las graves repercusiones sociales de la crisis y apostar por la continuidad de una política económica que, una y otra vez, se ha mostrado incapaz de generar crecimiento económico y empleos dignos.

Se soslaya, de esta manera, el daño causado a la planta productiva nacional por la crisis, por los años de aplicación a ultranza de las políticas de ajuste económico neoliberal y por el reforzamiento del añejo régimen de control corporativo de Estado. Estamos, no hay que olvidarlo, ante una crisis que se ha reflejado en todo el sistema productivo surgido a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Los empresarios y funcionarios de gobierno responsables por esta situación, durante años señalaron reiteradamente que la intervención del Estado era la causa de todos los males de nuestra economía. Paradójicamente, hoy reclaman al Estado como solución a la bancarrota del sistema y exigen su intervención para rescatar con fondos públicos, a sus negocios y mantener así sus privilegios.

En contraste con lo anterior, poco o nada se ha hecho para restituir la pérdida sufrida por el poder de compra de los salarios o para rescatar los fondos para el retiro de los trabajadores. Los conflictos laborales sin solución se acumulan día con día, mientras que las autoridades laborales se esmeran más por convertirse en parte del problema que en aportar soluciones viables y equitativas, allí está el caso de los mineros como botón de muestra de dicha actitud.

En síntesis, los trabajadores mexicanos, una vez más, somos los principales damnificados de la crisis. La reforma laboral regresiva promovida por el titular de la STPS y la pretensión de cobrar IVA en medicinas y alimentos son dos proyectos que profundizan esta situación.

Para la UNT es inadmisible que se pidan nuevos sacrificios a los trabajadores del campo y la ciudad, ya que somos nosotros quienes resentimos cotidianamente las secuelas de la crisis y quienes hemos pagado con la pérdida de empleos y el brutal descenso de nuestro nivel de vida, el costo de la emergencia económica. Rechazamos que, ante la crisis, se propongan medidas como “dividir o reducir el salario y las prestaciones para no despedir más trabajadores” o los paros técnicos, ya que con ellas se agudiza el deterioro, tanto de nuestro nivel de vida como de nuestras condiciones laborales. De la misma manera nos oponemos a que se recorte aun más el gasto social destinado a educación, salud y vivienda y a que se cobren nuevos impuestos a los artículos de primera necesidad.

La propuesta de los trabajadores.

Nuestro país requiere viabilidad; porque el estancamiento de la economía, el desempleo creciente, el aumento del empleo precario, la quiebra de la pequeña y mediana empresa, la incapacidad para atender las emergencias sanitarias, la pérdida de la soberanía alimentaria y la galopante masificación de la miseria y la pobreza nos sitúan ante las puertas de una grave crisis social.

Ante la nula eficacia de las políticas anticrisis del Poder Ejecutivo, proponemos al Congreso de la Unión que asuma la responsabilidad de concertar con la sociedad un “Programa Nacional para la  Reconstrucción Económica y el Desarrollo con Justicia y Bienestar Social” que nos permita, a partir de la implementación de políticas de austeridad en todos los niveles de la administración pública obtener ahorros y generar los recursos económicos necesarios para fortalecer al gasto social y promover la reconstrucción y modernización de las cadenas productivas.

El ejercicio transparente del presupuesto del sector público es el otro ingrediente fundamental  del programa. Solo a partir de la aplicación oportuna y eficaz del gasto gubernamental y de la optimización y control social del ejercicio del presupuesto público, aunado a la implementación de un déficit prudente será posible cumplir con objetivos como: desarrollar y ampliar la infraestructura económica y social, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y garantizar  el pago oportuno a los proveedores gubernamentales.

Estas medidas junto con el Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo de los Salarios, podrán generar un mayor dinamismo del mercado interno, con lo que se ampliarán las fuentes de trabajo, se preservarán los actuales puestos de trabajo y se generarán nuevos empleos. Lo anterior deberá complementarse con diversas iniciativas tendientes a impulsar la impostergable democratización del mundo del trabajo, eliminado el cáncer que representa el contratismo de protección y abriendo paso a una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, ajena al corporativismo sindical y empresarial.

En este contexto, la reconstrucción de nuestro maltrecho sistema de salud y seguridad social así como todos aquellos programas y políticas que permitan promover la educación, el conocimiento, la investigación, la innovación científico-tecnológica y la formación y capacitación profesional de la mano de obra se convertirán en los detonadores de la actividad productiva y la competitividad. Bajo estas condiciones será factible establecer verdaderos acuerdos bilaterales entre las empresas y los sindicatos representativos acerca de temas como la capacitación, la profesionalización de los trabajadores o la calidad y la productividad, en donde los trabajadores sean actores fundamentales en la toma de decisiones, a diferencia del Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral que pactó recientemente el gobierno con los líderes del sindicalismo corporativo. Simulacro de acuerdo en el que lo más destacable es el nulo involucramiento de los trabajadores. La UNT se opone a este tipo de acuerdos cupulares y excluyentes que continúan cargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y solo favorecen el interés de los empresarios, con el aval entreguista de algunos líderes corporativos del Congreso del Trabajo.

Lo que requiere nuestro país frente a la crisis es un Nuevo Acuerdo Nacional plural e incluyente de todas las fuerzas políticas y sociales, en el cual el Estado, asuma  cabalmente su responsabilidad social en el marco del desarrollo económico con justicia y equidad y del respeto irrestricto a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Ante la cerrazón del actual gobierno que, solo presta atención a sus aliados empresariales y que ante los innegables estragos de la crisis prefiere cerrar los ojos o simplemente mirar hacia otro lado, las organizaciones de los trabajadores recurrimos a la movilización y a la lucha social.

Por ello la UNT convoca a todas las organizaciones sociales y ciudadanas a participar en la Jornada Nacional de Lucha que se llevará a cabo el próximo 3 de Junio y que incluirá por la mañana diversas acciones de protesta que servirán para preparar la movilización nacional conmemorativa del Día Internacional del Trabajo que se realizará ese mismo día a las 16:30 horas. En la Ciudad de México, esta marcha partirá del Monumento a la Revolución y concluirá con un  mitin en el Zócalo capitalino. En el resto del país organizaremos marchas y mítines simultáneos.

Todas estas acciones así como la Jornada de Protesta impulsada por el SME el primero de junio forman parte del programa de lucha del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para cambiar el régimen político y económico de nuestra nación.

México, D. F., a 1º. de Junio de 2009.

 “POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

EVENTO: FIRMA DEL PACTO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL  POR LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.

A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN EL DÍA (PROPUESTA 7 U 8 DE MAYO  O 21 O 22 DE MAYO DE 29)

LUGAR FACTIBLE: CENTRO DE CONVENCIONES SIGLO XXi

CONVOCAN ORGANIZACIONES DE LA UNT

INVITADOS ESPECIALES:

IVONNE ORTEGA PACHECO: GOBERNADORA DEL ESTADO

LIC. ÁNGEL PRIETO MÉNDEZ: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

DR. GILBERTO BALAM PEREIRA: DESTACADO LUCHADOR SOCIAL GALARDONADO CON EL PREMIO DE CIENCIAS E INDIGENISMO EN 1991 CON LA “MEDALLA YUCATÁN 1992” AL MÉRITO INVESTIGATIVO Y CON EL PREMIO INTERNACIONAL “MEDALLA MARTÍN DE LA CRUZ” EN 1993. TAMBIÉN OBTUVO EL MÁXIMO GALARDÓN QUE SE OTORGA A LOS YUCATECOS DISTINGUIDOS EN LOS CAMPOS DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LAS ARTES “LA MEDALLA ELIGIO ANCONA EN EL 2008”

DRA. SILVIA ZENTENO RUANO: MEDICO DEL HOSPITAL OHORAN, INTEGRANTE DE KAIROS ASESORES EN SALUD, A.C. COMUNICADORA SOCIAL TRABAJA EN LA RADIO “SISTEMA RASA” CONDUCIENDO EL PROGRAMA BARRA  CIUDADANA EN EL QUE BRINDA UN ESPACIO PARA LAS EXPRESIONES DEMOCRÁTICAS EN EL ESTADO.

DR. JESÚS PEREZA MENÉNDEZ: LUCHADOR SOCIAL, ANTROPÓLOGO INVESTIGADOR Y COLUMNISTA DE VARIAS REVISTAS Y DEL PERIÓDICO POR ESTO.

SINDICATOS INVITADOS ESPECIALES: SIND. DE TRABAJADORES DEL INAH, SIND. DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE YUCATÁN. SIND. DE TRABAJADORES DEL CINVESTAV, SIND. ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE YUCATÁN.

ESTA ES HASTA EL MOMENTO LA PROPUESTA QUE PRESENTAMOS PARA LA FIRMA DEL PACTO POLÍTICO EN YUCATÁN, ESPERANDO SU OPINIÓN AL RESPECTO.

FRATERNALMENTE

“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”

El gobierno federal debe dar cabal respuesta a las demandas presentadas
previamente por nuestro Movimiento

Desde hace al menos dos años, hemos señalado el peligro de crisis que enfrentaba el país y presentamos propuestas para transformar el régimen político y cambiar el rumbo de la política económica. Hoy, cuando está por cumplirse el segundo aniversario de nuestra Declaración del Zócalo, después de realizar varias movilizaciones, ejercer acciones de presión política y acudir a innumerables reuniones con la representación del gobierno federal; denunciamos que el Poder Ejecutivo continúa evadiendo su responsabilidad, por lo que no ha dado respuestas concretas a nuestros planteamientos y que, las decisiones que ha tomado en materia de política económica, lejos de resolver los problemas de fondo, asociados con la crisis, profundizan la difícil situación que afrontan desde hace varios años los trabajadores del campo y ciudad, quienes, como consecuencia de lo anterior se han visto afectados por la crisis en su empleo, ingresos y bienestar social.

Reiteramos que para enfrentar los retos derivados de la crisis global, así como los fuertes rezagos de nuestra economía, hace falta una transformación urgente de la política económica, en la que, la revitalización del mercado interno, mediante la promoción del empleo digno con salario remunerador, se convierta en el nuevo eje de las políticas públicas, de manera que se garantice un desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, justicia y soberanía.

Como consecuencia de la aplicación en las políticas monetaristas y de libre mercado, el país se encontraba en una situación particularmente vulnerable ante la inminencia de la crisis que se venía gestando desde hace varios años. En ello incidían la evidente incapacidad política, la subordinación ante los lineamientos impuestas desde los organismos financieros internacionales, así como la falta de previsión del gobierno federal, que se apoyaba en la idea de que la contingencia económica era simplemente una turbulencia momentánea, que provenía del exterior y que podría conjurarse por medio de algunos ajustes pequeños, siempre que se mantuvieran y profundizaran la disciplina fiscal y las reformas estructurales neoliberales.

El llamado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, no es un verdadero Pacto o Acuerdo Nacional, sino un programa gubernamental ortodoxo y excluyente, que se olvida de los más pobres de la ciudad y el campo y no se aparta de los principios neoliberales, no aborda aspectos como el de la política fiscal, financiera, monetaria y bancaria, catalizadoras del desarrollo, por lo que podemos afirmar que, con este programa no se resuelve el verdadero trasfondo de la crisis, ya que el gobierno federal se limita a introducir medidas que son insuficientes en unos casos y tardías en otros, para atenuar los efectos de la misma. Son medidas que se enfocan, en su mayoría, a respaldar a los empresarios y que provienen de otros programas de gobierno que ya estaban en ejecución.

Este programa gubernamental soslaya algunos de los temas sociales más importantes asociados con la crisis, como: la urgente renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN y la necesidad de modificar e incrementar el llamado Objetivo Mínimo para la producción de maíz. Cuyo monto actual (2,100 pesos por tonelada del maíz), no alcanza para cubrir los costos de producción por lo que deja fuera del mercado a la mayor parte de los productores nacionales. Es necesario, por otra parte, aplicar un factor de ajuste con base en el maíz, para el resto de los productos agrícolas elegibles, de manera que no se desaliente la producción nacional de granos básicos, ni se afecte, en consecuencia, la soberanía alimentaria.

Otros problemas relevantes que no considera el proyecto del gobierno federal son: el impacto del alza en los precios de los combustibles en el sector primario de la economía, así como las pérdidas sufridas por los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las AFORES, la venta de cartera vencida por el INFONAVIT, el problema de las tasas de interés bancaria, particularmente de las tarjetas de crédito, el desempleo y el descenso del poder de compra de los salarios.

Con base en lo anterior, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar en la Jornada Nacional de Lucha del 26 al 30 de enero, en la que haremos una magna movilización de la Columna de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y simultáneamente en las plazas públicas de los Estados.

Para impulsar el cambio de rumbo económico y político del país, se requiere construir con la participación plural de la sociedad una política económica alternativa con un Estado de legalidad y de derecho, laico, capaz de garantizar la seguridad económica, laboral, patrimonial, certeza jurídica, así como la justicia social, la equidad, el bienestar y seguridad social, el pleno ejercicio de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Este proyecto de Nación que presentaremos ante los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo además de la CONAGO, contendrá diversas políticas de Estado de fomento a la industria, al desarrollo agropecuario, a la generación de empleo con plenos derechos tanto en la ciudad como en el campo; la educación y el desarrollo tecnológico, formarán parte de una estrategia global para retomar el crecimiento económico y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y funcionará como palanca para reactivar la actividad económica.

Para construir esta alternativa, se requiere de un gran acuerdo nacional, NO CORPORATIVO, plural y democrático de todos los sectores sociales; un acuerdo sustentado en la autonomía de las organizaciones sociales, que siente las bases de un nuevo régimen político de democracia participativa y que garantice la integración de la sociedad en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

POR UN PROYECTO DE NACIÓN ALTERNATIVO

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM), Movimiento Nacional Los de Abajo.