Recientemente fueron congeladas todas las cuentas bancarias que constituyen el patrimonio sindical de los trabajadores mineros. Posteriormente fueron detenidos los dirigentes Juan Linares Montúfar y Carlos Pavón Campos, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Con estas acciones, el Gobierno pretende descabezar a esta organización gremial y abortar las huelgas en Taxco, Cananea y Sombrerete. Con lo que se profundiza la política antisindical que ha caracterizado al actual gobierno y que combina los ataques a la libertad de organización sindical con la falta de respeto a los derechos humanos y laborales de los ciudadanos y el uso de recursos como el conflicto de carácter económico para intentar obligar a los trabajadores a renunciar a sus prestaciones y conquistas laborales.
En el caso de los mineros, la detención arbitraria e ilegal de sus dirigentes representa la continuación de una actitud gubernamental agresiva que principió con la promoción de diversos sindicatos blancos en el sector Minero Metalúrgico y que actualmente se concreta con la negativa de la STPS a otorgar la toma de nota de la dirigencia del Sindicato Minero.
Cabe hacer notar que la aprehensión de los dirigentes mineros se llevó a cabo de manera violenta y sin que mediara la orden judicial correspondiente. Tampoco se han esclarecido los motivos de la detención ya que, ante los medios, se han aportado versiones contradictorias.
Lo que sí está perfectamente claro es que el objetivo del gobierno es quebrantar la voluntad de lucha del Sindicato, debilitando las huelgas estalladas en varias minas y entorpeciendo las gestiones que dicha organización está llevando a cabo para esclarecer el homicidio industrial de Pasta de Conchos y rescatar los cuerpos de los trabajadores que murieron en dicho incidente.
Para conseguir lo anterior, priva al sindicato de sus recursos económicos y encarcela a sus dirigentes. Prueba de ello es la política de hostigamiento hacia los mineros y sus familias a lo largo y ancho del país, así como el congelamiento de las cuentas personales de algunos de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coah.
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, denuncia el uso faccioso de los poderes del Estado ya que el recrudecimiento del conflicto minero ocurre justamente en el momento en que toma posesión el nuevo Secretario de Gobernación, cuya vinculación con el Bufete Jurídico que se encarga de gestionar los intereses de la Minera México, es del conocimiento público.
Por todo lo anterior nuestro Movimiento exige:
· Excarcelación inmediata de los dirigentes mineros ilegalmente detenidos.
· Descongelamiento de las cuentas del Sindicato Minero y de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.
· Alto a las agresiones en contra del Sindicato Minero.
· Respeto irrestricto a la autonomía e independencia sindicales.
· Reconocimiento inmediato a la dirigencia del Sindicato Minero.
¡Basta ya de agresiones en contra del movimiento obrero!, no podemos admitir que el gobierno, para satisfacer los intereses de sus aliados empresariales recurra al uso de la represión y atropelle los derechos humanos, políticos y laborales de los ciudadanos. Convocamos a todas las organizaciones ciudadanas, campesinas y sindicales así como a los ciudadanos en general a participar en la marcha que realizaremos hoy 9 de diciembre para protestar en contra de la actitud arbitraria de las autoridades de nuestro país. La movilización se iniciará a las 17:00 horas del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación. Nuestro Movimiento organizará una campaña internacional de denuncia en contra de la actitud facciosa y autoritaria del Gobierno Federal por lo que recurriremos a instancias como la OIT, en donde presentaremos los elementos que demuestran que en nuestro país la justicia laboral y penal se tuerce en función de los intereses creados y conveniencias políticas.
¡¡Este 9 de Diciembre todos al Monumento a la Revolución!!
¡¡En defensa de la autonomía y la libertad sindical!!
¡¡Liberación inmediata de los dirigentes mineros detenidos!!
¡¡Alto a las agresiones en contra de los mineros y los demás sindicatos!!
¡¡Rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos y castigo a los responsables por este homicidio industrial!!
México, D. F., a 9 de diciembre del 2008.
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ACUERDOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DEL
MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2008
1) Elaborar y presentar una propuesta única de modificación del Presupuesto para las Empresas e Instituciones Públicas, (PEMEX, CFE, LyFC, IMSS, ISSSTE, UNAM, IPN, INAH, ININ, etc.), así como para el Campo Mexicano y para el desarrollo social, impidiendo que se nos otorguen recursos raquíticos y se les incrementen a las diferentes corporaciones policíacas y militares.
2) Impulsar una intensa campaña nacional, en defensa de mayor presupuesto para el área social, así como la solución de los principales conflictos agrarios, sindicales y civiles; promoviendo los siguientes actos:
I. Asamblea Nacional del Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para el 22 de octubre
II. Manifestación ante el Palacio Legislativo de San Lázaro y ante los Congresos Estatales, para el 23 de octubre
3) Impulsar la concreción de la firma del Pacto Político en otros estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.. Todos ello, antes de que concluya el presente año.
4) Promover el involucramiento del Movimiento y la solidaridad con los distintos movimientos en lucha, así como el establecimiento de diálogo con los distintos órdenes de gobierno
5) Realizar el Encuentro Nacional Reconstruyendo México, en el mes de enero del año próximo, que discutiría y suscribiría los acuerdos en múltiples organizaciones sociales y ciudadanas para impulsar la movilización social del 31 de enero de 2009, a la vez este encuentro sentaría las bases para continuar con la articulación social por medio del impulso a los Parlamentos Sociales.
6) Realización de las más diversas acciones para preparar e impulsar las condiciones ideológicas, políticas y organizativas para la huelga nacional, además del paro nacional como instrumentos para lograr la modificación política económica neoliberal y la transformación democrática del régimen político.
Todo lo anterior, serian actividades preparatorias para obligar al gobierno federal a la firma de un Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía Alimentaria y Energética, con la Participación de la Sociedad.
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Introducción
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (El Movimiento) surgió a partir de propuestas específicas de las organizaciones que lo conforman, paulatinamente ha avanzado hacia una visión de conjunto más compartida e integrada, hoy se enfrenta al desafío de actualizar sus objetivos políticos (se parte del supuesto que la agenda formulada el 31 de enero de 2008 sigue vigente, lo que se actualiza son los lineamientos estratégicos para alcanzar las posiciones asumidas, a eso le llamaremos: objetivos políticos). No se trata de sustituir ni modificar las demandas del 31 de enero, sino de proponernos estrategias más efectivas para realizarlas.
En el proceso que hasta ahora hemos seguido se ha privilegiado el análisis político, pero los cambios a nivel internacional fuerzan a pensar los asuntos estructurales de carácter socieconómico, incluyendo en ello los procesos de trabajo. La crisis actual parece corresponder a la forma de crisis de largo plazo, mismas que habitualmente abren oportunidades de transformación, aunque también riesgos de regresión. El Movimiento deberá seguirlas con atención a fin de diseñar una estrategia que tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades de la crisis, sabiendo que éstas no son garantía de transformación a favor de los sectores mayoritarios.
DIAGNÓSTICO
El contexto internacional
1. Se inicia un período de fuertes turbulencias económicas de consecuencias impredecibles, cuyos efectos pueden experimentarse en el muy corto plazo. Es probable que se haya iniciado ya la crisis final del modelo construido desde hace 25 años, cuyo eje principal fue el predominio del capital financiero, hacia cuya maximización de ganancias se orientaron las directrices de los organismos multilaterales, quienes en la práctica asumieron el papel de un gobierno mundial, sin tener un Estado mundial al cual rendir cuentas (Stiglitz); la crisis actual del sistema financiero globalizado, iniciada en USA, parece indicarlo.
2. La hegemonía del capital financiero en la última fase de la globalización, dio lugar a la centralización de la producción, fortaleciendo a las empresas de los países desarrollados que absorbieron y desplazaron a las de los países subdesarrollados, dando lugar con ello a déficits en la generación de empleos y agudización de las tendencias migratorias, debido a la asimetría entre la libre circulación de mercancías y las restricciones a la circulación de las personas.
3. Las políticas inducidas por los organismos financieros multilaterales dieron lugar también a la liberalización de la agroindustria, el incremento de los precios de los productos agrícolas y de los granos básicos para la alimentación promovida por las corporaciones agroindustriales, que tratan a la comida como una mercancía más y no como un derecho de las personas, generando la actual crisis alimentaria de enormes proporciones.
4. En síntesis, lo que observamos es una convergencia de varias crisis dentro de la crisis de un patrón de acumulación que se agotó hace varios años, que amenaza con ser prolongada y extensa. Esta concurrencia, interconexión y entrelazamiento de varias crisis son un punto de inflexión que afecta a los puntos nodales de las relaciones económicas y del poder actual: el dinero, los energéticos, los alimentos, generando una disminución de la demanda y la imposición de políticas recesivas.
5. Los Estados reestructuraron los mercados a favor de la banca y las instituciones financieras en detrimento de la industria y del trabajo, el capital financiero transformó su poder económico en poder político para liberarse de los impuestos desplazándolos hacia el mundo de trabajo imponiendo un profundo proceso de transferencia masiva de capital del sector productivo hacia la especulación. Se añade la pérdida de por lo menos el 45% de los fondos de pensiones que estaban invertidos en las bolsas de valores en todo el mundo. Esta dinámica económica ha generado una gran polarización social y subordinación de la clase política y el Estado al capital financiero.
6. Queda claro que por ahora podemos hablar de una crisis del modelo de acumulación, no necesariamente del sistema capitalista. De las salidas que tratarán de construir los diferentes actores dependerá el futuro próximo, esto hace imprescindible tener capacidad de intervenir con propuestas propias en las decisiones que se tomen.
7. Durante las últimas décadas no sólo se deterioró la situación económica de las clases trabajadoras, sino que también se debilitaron sus formas de organización y de negociación política, influir en las decisiones sobre el futuro próximo pasa también por recomponer las formas de organización, articulación y estrategias de todas las organizaciones sociales.
8. La salida a la crisis implicará una mayor intervención económica de los gobiernos, que si bien cuestiona el credo neoliberal, la intervención gubernamental –sino tiene control social- no necesariamente tiene un carácter progresista, más bien puede tener como resultado la captura de fondos públicos por intereses privados, la experiencia del Fobaproa así lo demuestra. Los “rescates” al sector empresarial pueden incluso asumir posiciones autoritarias, que como en el caso de México, se combinan con una tendencia a desplazar el gasto social por el gasto en aparatos de seguridad, desplazando a la vez la garantía de los derechos humanos integrales.
9. El reacomodo de los grandes capitales financieros lo es también de sus propietarios, no sólo se produce entre los multimillonarios norteamericanos, está proyectado para inducir una recomposición del capital financiero mundial, es decir, de la plusvalía global dedicada a la especulación. Se estiman las pérdidas por esta crisis en 1.2 billones de dólares, lo que llevará a un descenso de medio punto del Producto Interno Bruto Mundial, según cálculo reciente del Fondo Monetario Internacional.
10. Puede afirmarse que las economías emergentes como la nuestra resentirán en mayor medida los estragos del efecto combinado de las crisis financiera y alimentaria internacionales debido a que en los últimos años ha prevalecido una estrategia económica que privilegia al sector exportador al tiempo que mantiene deprimido al mercado interno para controlar las variables macroeconómicas. El resultado es una profunda dependencia de nuestra economía en relación con la de Estados Unidos.
El contexto nacional
1. En este contexto es de esperarse una significativa caída en las exportaciones mexicanas de productos manufacturados. Siendo la nuestra una economía atada a la norteamericana, los cálculos oficiales del impacto de la crisis financiera en nuestro país rondan el 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, una caída de la producción del orden de 184 mil millones de pesos.
2. A lo anterior se suman la disminución de las remesas y la reducción de los precios del petróleo, se estima una pérdida de cerca del 20% en los precios del crudo, todo lo cual reduce las expectativas de inversión y gasto en general.
3. Sería un grave error atribuir todo el peso de la crisis a los factores externos, en todo caso la crisis alimentaria y la debacle financiera norteamericana han agudizado muchos de los problemas que ya venía arrastrando nuestro país, como la falta de crecimiento económico, el desempleo, el descenso del poder de compra de los salarios, el abandono del campo, la inseguridad, el corporativismo, el estancamiento del mercado interno.
4. Los factores anteriores, tanto los internos como los externos han dado lugar a la actual situación de crisis económica y social caracterizada por el estancamiento en la reforma del régimen político, el debilitamiento de la soberanía y la persistencia de políticas económicas y sociales contrarias al interés de las mayorías.
5. La repercusión de la crisis en las clases trabajadoras será inmediata y por múltiples factores. En primer lugar por la pérdida en las inversiones de los fondos de pensiones en las bolsas de valores; pero también por la caída en las remesas, por la prolongación del estancamiento, por el impacto de la inflación que producirá una pérdida inmediata de 3.1% según cálculos oficiales y por la drástica disminución del gasto que destinan los gobiernos federal y estatales para fines sociales.
6. El anuncio de la Secretaria de Hacienda de aumentar el gasto en Seguridad y Justicia en 32.9% y 17.6%, respectivamente, frente a unos raquíticos aumentos del 7.2% en Urbanización y Vivienda y 4.2% en educación, confirma lo anterior. Los precarios incrementos de salario pactados en el marco de las revisiones salariales y contractuales han sido neutralizados por las escaladas de precios que se han presentado a lo largo del año.
7. El gobierno federal no parece dispuesto a asumir la gravedad de la situación. Prevalece en los altos círculos gubernamentales la ficción de que el país se encuentra blindado contra las turbulencias del exterior y que sólo hace falta practicar algunos ajustes menores a la política económica vigente para superar las dificultades del actual momento. “Si mantenemos la disciplina fiscal y la restricción al gasto gubernamental saldremos adelante” afirman atrincherados en el mismo paradigma neoliberal que en el resto del mundo comienza a dejarse de lado por sus ineficiencias.
8. Las políticas que el gobierno insiste en mantener no son sólo ineficientes, sino que están en contra de la legislación vigente, urge rescatar la legalidad para poder reorientar el rumbo del país. El gobierno persiste en las decisiones verticales sin tomar en cuenta a las organizaciones sociales, no tiene mecanismos para la concertación con las diversas expresiones sociales en los distintos ámbitos del país. El régimen político está estancado, se rezaga respecto de los cambios que ya se dan en América latina, en su rezago empieza a desmoronarse, es necesario modificarlo para democratizarlo.
9. Por ello las organizaciones que integramos el Movimiento hemos señalado, desde hace más de un año que la verdadera salida a la contingencia económica y a la crisis política que acompañó desde su inicio al actual gobierno implica asumir soluciones de fondo. Hace falta un cambio de rumbo en el manejo de la economía, que se tomen medidas para revitalizar el mercado interno, que el gasto social y la inversión gubernamental productiva se conviertan en palancas para impulsar el desarrollo en los estados, las regiones y las comunidades.
10. La nueva política económica requiere de la transformación del régimen político, pasar de una condición en que las elites deciden en función de los intereses político- electorales o de las necesidades de las oligarquías a una situación en la que prevalezca el control social en la elaboración y ejecución de las principales políticas públicas. Es necesario fomentar el desarrollo regional, para lo cual es imprescindible la gobernanza desde lo local.
En esta condición de urgencia en la que la insatisfacción social se generaliza por la pretensión gubernamental de cancelar derechos sociales por medio de la reforma regresiva del orden laboral mexicano o del uso de recursos como el conflicto de carácter económico y los contratos de protección laboral, en la que se vulnera, además, la autonomía sindical (como en el caso de los mineros) para satisfacer los intereses de los aliados empresariales del gobierno en turno, nuestro Movimiento ha decido actuar para construir, desde la sociedad, una alternativa a la crisis económica, política y social que sacude a nuestra nación. En el contenido del Pacto Político firmado por nuestras organizaciones el 20 de febrero del presente año, anotábamos que “El objetivo de este pacto político es construir y consolidar, nuestro “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas”, el cual será ético, eficaz, amplio, permanente, plural y solidario, capaz de articular propuestas e impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica neoliberal y que restituya la legalidad constitucional que genere las condiciones para democratizar el régimen político.” Para alcanzar nuestros propósitos necesitamos ajustar nuestra estrategia en función del siguiente:
REPLANTEAMIENTO
La actualización de los objetivos políticos del Movimiento, teniendo en cuenta los elementos anteriores, puede ser:
1. Enfatizar el fortalecimiento de la capacidad de presión de los movimientos sociales. Ello requiere poner énfasis en lo que el Movimiento es pionero: en la articulación de diversas formas de organización social. Como afirma Boaventura De Souza, quien propone la reinvención del mundo del trabajo, señala que el movimiento sindical “…Debe diseñar un nuevo abanico, más amplio y audaz, de solidaridad que responda a las nuevas condiciones de exclusión social y a las nuevas formas de opresión dentro de la producción…un sindicalismo más político, menos sectorial y más solidario …su acción reivindicativa debe considerar todo aquello que afecte a la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general…La concertación social debe ser, en este sentido, un escenario de discusión y de lucha por la calidad y la dignidad de la vida” (Boaventura De Sousa Santos. Reinventar la Democracia. Reinventar el Estado. CLACSO, Buenos Aires, 2005. p. 47.). La Asamblea del Movimiento, los parlamentos sociales (puesto en plural porque se pueden articular en diversos temas y regiones, pero sin renunciar a la posibilidad de crear una instancia nacional unificada) son instrumentos fundamentales, lo cual necesariamente tiene que acompañarse de la construcción de un lenguaje común y de mayor penetración a los medios de comunicación social.
2. Ampliar la capacidad de influir sobre las decisiones públicas. Mantener la perspectiva de presionar por decisiones surgidas de la negociación, no por el establecimiento de negociaciones, parece adecuado. El Movimiento construye su estrategia en dos vías, por un lado fortalece la capacidad de articulación y movilización social y, por otro, fortalece su capacidad propositiva y de negociación frente a los poderes públicos. La construcción de estancias de deliberación como el Consejo Económico y Social (CES) fortalecen esta perspectiva y no se contraponen al Parlamento Social (PS), CES y PS pueden incluso ser convergentes, si bien surgen de procesos paralelos, pueden llegar a fortalecerse mutuamente. Este tema urge discutirlo a fondo.
3. Fortalecer la capacidad de elaboración de alternativas concretas de salida a las crisis, mismas que deben de comprender, entre otros los siguientes niveles: I) Construcción de mecanismos a favor de los trabajadores que integre tanto redistribución del ingreso como participación en las decisiones del proceso productivo; II) Recuperación de la capacidad productiva del campo; III) Que integre la protección del consumo como interés de toda la sociedad; IV) Que incremente la capacidad social de intervención en la política económica y social. Para lograr esta capacidad se requiere de la realización programada de discusiones con actores fundamentales de lo económico y lo social.
4. Impulsar el cambio de régimen político, no sólo para un mayor equilibrio entre los actores políticos (Gobernabilidad), sino también para que los actores sociales tengan mayor posibilidad de participar en las decisiones que les afectan (Gobernanza). Un elemento fundamental será mantener la atención sobre las violaciones a los derechos humanos, como freno fundamental al autoritarismo, incrementando los mecanismos de su promoción, defensa y garantía.
5. De manera coyuntural: influir en la conformación de la agenda electoral, más allá de las alianzas electorales, lo importante será evitar que la agenda de discusión entre los partidos tenga como horizonte sólo el tema de la seguridad y que quede totalmente desplazada la agenda de reformas en las políticas económica y social.
A partir de estos objetivos derivamos las tareas del corto y mediano plazo y en el terreno económico y político, éstas son:
PLAN DE ACCIÓN
1) Elaborar y presentar una propuesta única de modificación del Presupuesto para las Empresas e Instituciones Públicas, (PEMEX, CFE, LyFC, IMSS, ISSSTE, UNAM, IPN, INAH, ININ, etc.), así como para el Campo Mexicano y para el desarrollo social, impidiendo que se nos otorguen recursos raquíticos y se les incrementen a las diferentes corporaciones policíacas y militares.
2) Impulsar una intensa campaña nacional, en defensa de mayor presupuesto para el área social, así como la solución de los principales conflictos agrarios, sindicales y civiles; promoviendo los siguientes actos:
I. Asamblea Nacional del Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para el 22 de octubre
II. Manifestación ante el Palacio Legislativo de San Lázaro y ante los Congresos Estatales, para el 23 de octubre
3) Impulsar la concreción de la firma del Pacto Político en otros estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.. Todos ello, antes de que concluya el presente año.
4) Promover el involucramiento del Movimiento y la solidaridad con los distintos movimientos en lucha, así como el establecimiento de diálogo con los distintos órdenes de gobierno
5) Realizar el Encuentro Nacional Reconstruyendo México, en el mes de enero del año próximo, que discutiría y suscribiría los acuerdos en múltiples organizaciones sociales y ciudadanas para impulsar la movilización social del 31 de enero de 2009, a la vez este encuentro sentaría las bases para continuar con la articulación social por medio del impulso a los Parlamentos Sociales.
6) Realización de las más diversas acciones para preparar e impulsar las condiciones ideológicas, políticas y organizativas para la huelga nacional, además del paro nacional como instrumentos para lograr la modificación política económica neoliberal y la transformación democrática del régimen político.
Todo lo anterior, serian actividades preparatorias para obligar al gobierno federal a la firma de un Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía Alimentaria y Energética, con la Participación de la Sociedad.
México, DF, 9 de octubre de 2008
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Entre la crisis política, económica y alimentaria, el autoritarismo, la violencia y la inseguridad, el país está experimentado la más severa crisis social después de la Revolución Mexicana. No obstante, el gobierno se obstina en mantener las políticas que la han generado, sin escuchar ni atender las demandas de la sociedad.
Las organizaciones que integramos el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas surgido en enero del 2008, seguimos sin respuestas a nuestras demandas y propuestas de solución planteadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Somos resultado del descontento acumulado de amplios sectores de la sociedad y también de las propuestas, surgidas de las luchas campesinas, sindicales y ciudadanas, que se han formulado para superar el modelo excluyente y antidemocrático.
La falta de respuestas sustantivas a las demandas del Movimiento y el agravamiento de la situación nacional, tanto por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis alimentaría, la contracción del mercado interno, como por la continuidad de las estrategias neoliberales, que pretenden imponer una reforma energética privatizadora a pesar de su enorme costo social y político.
A lo anterior se añade la justa indignación ciudadana por los alarmantes niveles de delincuencia, impunidad, corrupción e incapacidad del Estado que no ha logrado darle garantías a la sociedad. Demandamos garantía de Seguridad Humana que comprende protección, desarrollo y bienestar a las personas, es decir, seguridad económica, alimentaria, salud, ambiental, personal, de la comunidad y política, todas ellas responsabilidades y obligaciones del Estado.
Por lo que, convocamos a todas las expresiones campesinas, sindicales, civiles, ciudadanas, al pueblo en general y a toda la sociedad mexicana agraviada por la actual política gubernamental a participar, este primero de septiembre en la:
Jornada Nacional de Lucha
Esta movilización es parte de la estrategia y acciones desarrolladas por el Movimiento en el contexto de las luchas por el empleo y el salario, agrarias, por la seguridad social y la defensa del petróleo.
El mensaje de esta Jornada es la protesta por la falta de respuesta a las demandas de la sociedad, de rechazo al modelo económico excluyente y al régimen político antidemocrático que mantiene el actual gobierno.
Los contenidos políticos de la Jornada destacarán las posturas comunes de la sociedad y también las demandas particulares de cada participante, sin menoscabo de la unidad. Se contará con una instancia que coordine la información y se dé a conocer a la opinión pública. Para ello ponemos a disposición de toda la sociedad, las instancias de coordinación de que ya dispone el Movimiento.
Esta Jornada expresará la articulación de todas las formas de lucha y protesta que emprendamos, en el marco de las posibilidades de cada organización. Convocamos a todas las organizaciones campesinas, sindicales, civiles, urbanas, y a toda forma de organización de la ciudadanía, a expresar su descontento y a fortalecer al Movimiento.
Las acciones que cada organización o coalición acuerden realizar el primero de septiembre, por la mañana, podrán ser: paros parciales y sectoriales (de minutos, horas o días), faltas colectivas, bloqueos, caravanas, marchas, volanteos, mítines informativos, foros en espacios públicos, reuniones ciudadanas, conferencias de prensa, plantones ante dependencias públicas, cierre de avenidas o carreteras y muchas otras acciones simbólicas.
El compromiso que se pide a todas las organizaciones participantes es informar inmediatamente del desarrollo de la acción a fin de hacer un reporte que será presentado en los mítines que se realicen por la tarde en las principales capitales del país. En el caso de la Ciudad de México, llevaremos a cabo una manifestación a partir de las 17:00 horas, del Ángel de la Independencia para concluir con un mitin en el Zócalo capitalino, donde daremos un informe de las acciones realizadas a nivel nacional y haremos un pronunciamiento político del Movimiento.
Esta Jornada es parte del proceso por transformar el actual modelo excluyente y antidemocrático, por otro que se sustente en la Soberanía Energética y Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. Recurriremos a todos los instrumentos de lucha para lograrlo, incluyendo la Huelga General.
México, D. F., a 21 de Agosto de 2008.
Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano (FSM), Movimiento Nacional los de Abajo.
Responsables de la publicación: Fernando Amezcua, Frente Sindical Mexicano y Eduardo Torres, Unión Nacional de Trabajadores
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22 de mayo de 2008
ANEXO DE RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON RESPECTO A LA AGENDA DE TEMAS PLANTEADOS POR PARTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el marco de la mesa de diálogo del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (el Movimiento Nacional), realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas laborales, con los resultados siguientes:
I. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
El Gobierno Federal valora la propuesta realizada por el Movimiento Nacional para la creación de un Consejo Económico Social de Estado. Las experiencias internacionales demuestran que estos espacios de diálogo, deliberación y generación de propuestas e interlocución con el poder público, permiten alcanzar consensos a partir de la conciliación de las distintas formas de pensamiento, contribuyendo a la gobernalidad democrática y al desarrollo económico y social de los países.
Al respecto, el Gobierno de la República tiene la total disposición de analizar, con toda seriedad y sentido de responsabilidad, la posible creación del Consejo Económico y Social en México, emanado de un ejercicio participativo e incluyente de las diferentes propuestas de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto.. En este ejercicio resulta pertinente incorporar los puntos de vista de los representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial de la Federación y de los gobiernos de los estados, así como de las organizaciones obreras, campesinas, empresariales y sociales, a fin de que se consolide como un instrumento de participación de todos los ámbitos de la vida pública del país.
Este ejercicio de participación plural, debe apuntalarse con la revisión rigurosa de las iniciativas legislativas presentadas en el pasado reciente ante el Congreso de la Unión, el funcionamiento de modelos similares en otros países; los factores de éxito y fracaso, el grado óptimo de autonomía; su estructura orgánica y presupuestal y los los instrumentos jurídicos idóneos para su operación.
Se considera que algunos de los principios rectores que pueden guiar este proceso son: la certeza y transparencia en sus procesos, deliberaciones y resolutivos; el respeto a la división y equilibrio de los tres poderes de la unión; la autonomía e independencia del organismo; su carácter consultivo, no vinculante; su integración plural, representativa y equilibrada y su facultad para formular propuestas de políticas públicas y piezas legislativas ante el Ejecutivo y el Legislativo.
Algunos de los objetivos que perseguiría este Consejo Económico y Social de Estado podrían ser: promover el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes económicos con el fin de impulsar el desarrollo nacional; analizar los asuntos de índole económica relacionados a la productividad, la competitividad, la protección del empleo y el salario en el país; la emisión de informes, opiniones, recomendaciones, dictámenes y estudios en apoyo a las políticas públicas y la planeación nacional, en temas y materias de alto impacto y contenido social o económico.
Para iniciar este proceso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, propone integrar un grupo temático específico, con representantes de ese Movimiento Nacional y con la participación de diversos integrantes del gobierno federal. Por la naturaleza y vocación de lo que eventualmente será el Consejo Económico y Social, será imperativo incorporar, en su oportunidad, a otros actores de los sectores productivos y de los otros poderes de la unión, así como de las demás instancias de gobierno.
II. REFORMA LABORAL
Desde el inicio de la presente administración, la política laboral del Gobierno de la República ha buscado promover la inversión y el empleo; la competitividad y la productividad; la conciliación de intereses para preservar la paz laboral; así como la aplicación estricta de la ley para alcanzar el trabajo decente y la previsión social, todo ello en el marco del diálogo permanente con los factores de la producción.
Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó dentro de sus prioridades la necesidad de contar con un diagnóstico y una estrategia para la actualización del marco normativo laboral, que impulse la generación de empleo basada en la productividad y la competitividad, sin menoscabo de los derechos y conquistas de la clase trabajadora.
Las premisas bajo las cuales se orienta este proceso de análisis, reflexión, debate y propuesta son:
1. El pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional, sin realizar modificaciones a este precepto.
2. La incorporación de propuestas viables, incluidas en las diversas iniciativas presentadas con anterioridad en ámbas cámaras legislativas, así como en otras que se consideren pertinentes.
3. La coordinación con el Congreso, con pleno respeto a la agenda y a los tiempos del Poder Legislativo.
A la fecha, se han analizado 224 iniciativas que proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo presentadas en los últimos diez años en el Congreso de la Unión. Este ejercicio ha permitido identificar puntos de coincidencia para la construcción de un documento de diagnóstico que recoja los principales temas y aportaciones a considerar. Es pertinente destacar que el ejercicio de análisis y compilación recogió lo que, a jucio de esta dependencia, constituyen propuestas viables y susceptibles de lograr la aceptación mayoritaria, con independencia del partido político u organización promovente de las mismas.
Entre los aspectos generales de dicho ejercicio, destacan los siguientes:
a) La promoción del trabajo decente, la equidad y la no discriminación en las relaciones laborales. Esto incluye la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral.
b) La incorporación de disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación, para evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores.
c) La revisión de las disposiciones que regulan la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero.
d) El establecimiento de medidas para incrementar la productividad, la competitividad y la generación de empleo.
e) La actualización del marco jurídico de la capacitación y adiestramiento.
f) La revisión del marco normativo correspondiente a los trabajadores eventuales del campo.
g) El fortalecimiento de la democracia y la libertad sindical.
h) La inclusión de disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, aún cuando en la práctica la STPS ya está haciendo pública tal información.
i) La simplificación de los procedimientos de clausura (parcial o total) de los centros de trabajo, cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores.
j) El uso obligatorio de unidades de verificación, de manera que los patrones con actividades de alto riesgo tengan la obligación de obtener dictámenes de unidades de verificación, laboratorios de pruebas u organismos de certificación para acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
k) La actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de las Incapacidades Permanentes.
l) El uso de herramientas informáticas en la impartición de justicia laboral,
m) La agilización, transparencia y certidumbre en la procuración e impartición de justicia laboral, y
n) El sensible incremento del monto de las multas por violaciones a la legislación.
Para garantizar que ninguna voz quede excluida del debate, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pondrá, en su momento, a disposición de los actores relevantes, el documento base, para facilitar el estudio y discusión del tema con miras a una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dadas las prioridades de agenda y los tiempos que marcan los procesos legislativos del Congreso de la Unión, esta Dependencia del Ejecutivo Federal esperará el momento oportuno, según lo marque el Poder Legislativo, para iniciar la discusión formal del tema.
Se propone a ese Movimiento Nacional la integración de un grupo de trabajo que recoja las consideraciones y propuestas que, al efecto, tengan las organizaciones que lo integran, a fin de integrarlas, en lo conducente, al ejercicio comparativo y documento base que ha elaborado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
III. PROTECCIÓN AL SALARIO, INGRESO Y CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTIVA.
El Gobierno de la República refrenda su compromiso de mantener los esfuerzos tendientes a la promoción de inversiones en una economía competitiva generadora de empleos; a que las relaciones laborales descansen en la productividad; a la preservación de las fuentes de trabajo existentes y del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias; así como a la conservación y ampliación de la planta productiva con base en las definiciones del trabajo decente y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en plena identidad con los principios rectores de Promoción, Conciliación y Legalidad, ha decidido adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
· Promover criterios de conciliación para que todas las revisiones contractuales y salariales se realicen con base en las condiciones particulares de cada centro de trabajo, considerando las características propias de cada mercado y en estricto apego a los derechos laborales de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 constitucional.
· Fortalecer la inspección federal del trabajo y los mecanismos de coordinación local, focalizando esfuerzos para sancionar el incumplimiento de las normas que protegen el ingreso de los trabajadores.
· Combatir los esquemas de terciarización que pretenden evitar el pago del reparto de utilidades a los trabajadores y los contratos de protección.
· Manterner y reforzar la política de transparencia de los Contratos Colectivos de Trabajo, haciendo uso de todos los medios que dispone la Secretaría.
· La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo profundizará las labores de asesoría jurídica y representación legal, buscando en todo momento salvaguardar los derechos de los trabajadores y recuperar a su favor lo que por ley les corresponda.
· El Instituto FONACOT mantendrá la política de incremento en la cobertura y cantidad de créditos colocados para beneficiar a los trabajadores, con la tasa de crédito al consumo más baja del mercado.
· El Servicio Nacional de Empleo elevará la cobertura territorial y las metas de atención de todos sus programas privilegiando la atención, vinculación y colocación de personas pertenecientes a grupos sociales de difícil y muy difícil incorporación al mercado laboral, para que puedan acceder a un empleo digno.
Estas medidas forman parte de un primer paquete de acciones tendientes a la firma de un Acuerdo Nacional por la Productividad, en donde los sectores productivos y el Gobierno Federal, a través de una visión compartida, detallen principios generales de acción, asuman compromisos fundamentales e identifiquen fórmulas de productividad orientadas a la instrumentación de esquemas de retribución económica para los trabajadores, considerando su aportación a la generación de valor agregado como un elemento para la redistribución de la riqueza.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas que, desde diversas instancias del Gobierno Federal, incluida la propia Presidencia de la República, habrán de emprender para preservar el poder adquisitivo, asegurar el abasto, evitar el acaparamiento o especulación indebidas, y fortalecer el mercado interno ante las adversas condiciones provenientes del exterior.
Para la instrumentación de políticas públicas y la adopción de fórmulas de contratación, de productividad y demás medidas pertinentes que estén orientadas a los objetivos planteados, se propone la instalación de un grupo de trabajo temático que analice estas y otras propuestas provenientes del Movimiento Nacional, siempre en el marco de la ley y las instituciones vigentes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el marco de la mesa del diálogo del Gobierno Federal con el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, realizó el análisis correspondiente a los planteamientos relacionados con los temas del campo, con los resultados siguientes:
IV. REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
A.- En relación al ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (ACUERDO)
A.1. Planteamiento. Modificar el artículo 10 relativo a la integración del Comité Técnico Nacional.
Respuesta: No se acepta. En relación a este tema se considera que: la conformación del Comité Técnico Nacional por funcionarios, está circunscrita a las atribuciones y responsabilidades que les confiere el marco jurídico, sin perjuicio de que el Acuerdo en su actual redacción, posibilita la participación de los representantes que se proponen, considerando inviable legalmente, su modificación.
A.2. Ahora bien, en atención al interés de opinar por parte de las organizaciones, respecto de aquellos proyectos estratégicos puestos a consideración del Órgano Colegiado antes señalado, se propone que se consulte al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable en el proceso de aprobación de los proyectos estratégicos nacionales que se le presenten al Comité Técnico Nacional.
En virtud de lo anterior se llevará a cabo la modificación al ACUERDO para quedar en los términos siguientes:
Las facultades del Comité Técnico Nacional serán, entre otras, analizar y, en su caso:
I. Aprobar, consultando al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, los proyectos estratégicos integrales que atiendan los problemas de Sistemas Producto, una región o un factor crítico que comprometa el desarrollo del sector.
Adicionalmente, en los lineamientos de operación del mencionado Comité Técnico Nacional se preverá que tratándose de nuevos proyectos que por su relevancia y cobertura de atención nacional se deban presentar al Comité Técnico Nacional para su autorización, éste requerirá al área promovente, previo a su pronunciamiento, que el proyecto se hubiere sometido a consulta al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable mediante envío electrónico a sus miembros, otorgando un plazo de ocho días para recibir comentarios, sugerencias y aportaciones, incorporando en la aprobación, las recomendaciones que resulten pertinentes para la correcta aplicación y desarrollo del mismo.
Asimismo, los planteamientos de las organizaciones de productores, se dieron respecto de los programas:
· Activos Productivos,
· Inducción al Financiamiento,
· Soporte,
· Apoyos Compensatorios, y
· Apoyo a Organizaciones.
A.3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
A.3.1 Planteamiento. Incluir/ explicitar en la población objetivo del programa a ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias.
Respuesta - Se acepta incluir como adición al ACUERDO especificando el término “preferentemente ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias.” Adicionalmente se emitirá una circular interna instruyendo esta orientación general.
A.3.2 Planteamiento. Autorizar la compra de equipo / maquinaria usada y de semovientes con características fenotípicas adecuadas, autorizadas por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural para zonas de alta y muy alta marginación.
Respuesta – En relación a la compra de maquinaria usada no es viable dado que el riesgo es muy elevado pues no se garantizarían servicios ni refacciones.
Para el caso de semovientes, tampoco es aceptable. La Coordinación de Ganadería tiene ya publicados los lineamientos específicos en la página institucional de la SAGARPA.
A.3.3 Planteamiento. Incluir en las Reglas de Operación al PROMAF.
Respuesta – No se acepta pues es un Proyecto Estratégico Integral que ya fue autorizado por el Comité Técnico Nacional, que tiene su Mecánica Operativa y ya inició su operación.
A.4 INDUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO
A.4.1. Planteamiento.- Incluir la disposición de que si un productor pequeño no disponía de la liquidez para completar su aportación para la adquisición de algún activo productivo, que las Garantías Líquidas de SAGARPA, transferidas a la Banca de Desarrollo, le permitiesen recibir un crédito automático.
Respuesta.- Sin que implique una modificación al ACUERDO es viable atender el planteamiento, ya que en el marco de lo que dispone el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) para este propósito, la SAGARPA emitirá una Circular precisando a la Banca de Desarrollo, las prioridades de apoyar con las garantías del FONAGA a los pequeños productores con acceso al apoyo de activos productivos para sus créditos refaccionarios.